Más de 500 civiles, entre ellos numerosos estudiantes y adolescentes, perdieron la vida a manos de las fuerzas de seguridad desde el golpe de Estado del 1 de febrero en Myanmar, según la ONG Asociación de Asistencia a los Presos Políticos (AAPP).
"Hemos confirmado 510 muertes", informó AAPP, que a la vez precisa que el balance es "probablemente mucho más alto" ya que centenares de personas, detenidas en los dos últimos meses, están desaparecidas.
El pasado sábado, jornada en la que grandes grupos de ciudadanos procedieron a manifestarse durante el "Día de las Fuerzas Armadas" birmanas, registró más de 110 muertos, entre ellos siete menores.
Pese a la sangrienta represión que tuvo lugar durante aquel fin de semana, los manifestantes volvieron a salir a las calles el lunes. 14 civiles murieron, principalmente en el este de Rangún, capital económica del país.
En los últimos días, con motivo de los funerales de los muertos, un gentío acompañó a los féretros y muchos hacían el saludo de los tres dedos, una señal de resistencia.
Ante este baño de sangre, Washington anunció la suspensión inmediata del acuerdo marco sobre el comercio y las inversiones concluido en 2013 con Birmania, hasta que se restablezca un gobierno "democráticamente electo".
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Por su parte, Francia denunció la "violencia ciega y mortífera" del régimen y exigió la liberación de "todos los presos políticos", entre ellos la gobernante depuesta Aung San Suu Kyi, que sigue detenida en algún lugar secreto.
Asimismo, las autoridades británicas convocaron una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU, que tendrá lugar el miércoles a puertas cerradas. Pero los militares birmanos han hecho oídos sordos de las protestas y las sanciones occidentales.
En contraposición, China e India se han negado a condenar formalmente mientras que Rusia mantiene sus lazos estrechos con la junta. el Kremlin está preocupado por el número "creciente" de muertos, pero ha declarado que Birmania sigue siendo un "aliado confiable y un socio estratégico".
JFG
