Al menos 140 personas fueron asesinadas en julio en comunidades agrícolas del este de la República Democrática del Congo por rebeldes respaldados por Ruanda. El hecho fue denunciado por Human Rights Watch en un informe publicado este miércoles. La organización describió los crímenes como “ejecuciones sumarias” y advirtió que podrían constituir crímenes de guerra. El grueso de los hechos, ocurrió entre marzo y mayo de este año.
Entre las víctimas hay mujeres, hombres y niños de la comunidad hutu que fueron ejecutados a sangre fría o están desaparecidos tras los ataques perpetrados por el grupo armado M23 en las inmediaciones del Parque Nacional Virunga, en la provincia de Kivu del Norte.
El informe detalla que las ofensivas del M23 (una de las milicias más poderosas de las más de 100 que operan en el este del país) forman parte de una campaña militar sostenida contra las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), de mayoría hutu. La organización de derechos humanos asegura que soldados del M23, acompañados por militares ruandeses identificados por su acento, atacaron más de una docena de aldeas, dejando un reguero de cuerpos que en muchos casos fueron obligados a enterrar de inmediato o a permanecer a la intemperie, sin que sus familias pudieran despedirlos.
El testimonio de una mujer recabado por Human Rights Watch da cuenta del espanto: fue llevada junto a otras 70 personas a la orilla de un río cerca de la ciudad de Kafuru, donde los soldados alinearon al grupo y comenzaron a dispararles. Al menos 47 personas, incluidos varios niños, fueron asesinadas en esa sola masacre. Otras fuentes describieron cómo los soldados obligaban a los sobrevivientes a sepultar los cuerpos en los campos o a dejarlos sin enterrar, como forma de humillación y terror colectivo.
La violencia no se limita a los asesinatos. En un informe paralelo, Amnistía Internacional denunció que tanto el M23 como milicias aliadas al gobierno congoleño cometieron de forma sistemática atrocidades contra la población civil, incluidas violaciones tumultuarias. “La violencia sexual se está utilizando como un arma de guerra”, advirtió Tigere Chagutah, director regional de Amnistía para África Oriental y Meridional. Las organizaciones pidieron que se ponga fin a la impunidad y que tanto Ruanda como el Congo rindan cuentas por los crímenes cometidos por sus fuerzas o por los grupos que patrocinan.
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Situación internacional
El conflicto en el este del Congo, que lleva décadas activo y provocó millones de desplazados, fue calificado por Naciones Unidas como “una de las crisis humanitarias más largas, complejas y graves del mundo”. A pesar de los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos y otros países por alcanzar un alto el fuego, los enfrentamientos se intensificaron desde enero, cuando el M23 tomó el control de ciudades estratégicas.
Washington sostiene haber intervenido para contener la violencia, pero los observadores en el terreno señalan que los combates y los ataques a civiles no se detuvieron. Hasta el momento, el gobierno de Ruanda no hizo comentarios sobre su presunta participación en las masacres. Sin embargo, el informe de Human Rights Watch cita a fuentes de la ONU y a testigos que confirman la presencia de militares ruandeses en las operaciones del M23. Mientras tanto, el vocero del grupo armado, Willy Ngoma, desestimó las denuncias calificándolas de “propaganda militar”. La comunidad internacional sigue sin encontrar una respuesta eficaz para frenar las matanzas, las violaciones y el desplazamiento forzado de miles de familias que huyen de un horror que se repite desde hace décadas.
TC / EM
