La diputada nacional Mayra Mendoza, del FPV, y referente de "La Cámpora" viajó a Rusia para representar a Cristina de Kirchner en el Foro Euroasiatico de Mujeres. Allí, encontró la posibilidad para acercarse al presidente ruso, Vladimir Putin, y reclamarle ayuda porque en Argentina se "está viviendo una falta de Estado de derecho" y una "guerra judicial mediática de servicios con dirigentes opositores".
Vladimir Putin es considerado un amigo por la expresidenta, ahora procesada, Cristina de Kirchner, y considerado un gran aliado del kirchnerismo cuando el mundo le daba la espalda a la Argentina. Sin embargo, la Federación Rusa está muy lejos de ser un bastión de la defensa de los derechos humanos. Por el contrario, el "Democracy Index" elaborado por el periódico estadounidense "The Economist" el año pasado, cataloga a Rusia como un país autoritario en el que los opositores no tienen lugar.
En febrero de este año el gobierno de Putin promulgó una ley para despenalizar cualquier acto de violencia intrafamiliar, cometido por un "familiar cercano", siempre y cuando no causen heridas o pérdida de capacidad para trabajar.
Los indicadores de este ranking se miden sobre 10 puntos y son cinco: proceso electoral y pluralismo, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política y derechos civiles. Rusia tiene un puntaje de 2,17, 1,79, 5,00, 2,50 y 4,41 respectivamente, resultando con una puntuación promedio de 3,17, uno de los niveles más bajos.
En los últimos años, la situación de las libertades fundamentales en Rusia se deterioró al punto que la directora de Human Rights Watch (HRW) en Moscú, Tanya Lókshina, aseguró agencia que el país vive la "peor crisis de derechos humanos desde la disgregación de la URSS". "La intensidad de esta crisis no tiene comparación posible en la historia contemporánea" de Rusia, dijo la activista citada por la agencia Associated Press.
Las manifestaciones callejeras y protestas en Rusia requieren de la autorización previa del Servicio Federal de Seguridad (la antigua KGB), una medida vivamente criticada por las asociaciones dedefensa de los derechos humanos. "Es un nuevo e hipócrita ataque contra el derecho de asamblea", reclamó Aleksándr Artemíyev, portavoz de Amnistía Internacional en Rusia. La medida constituye "una violación" de las obligaciones de Rusia "bajo la ley internacional", continúa Artemíyev.
En Rusia, todos los medios de comunicación son fuertemente controlados por el Estado y son utilizados por funcionarios públicos para la difamación de detractores.
Las sucesivas marchas convocadas por el bloguero opositor Alekséi Navalny para denunciar la corrupción terminan siempre con centenares de detenidos. En la mayoría de las ocasiones, las familias y los abogados de los detenidos no tienen información sobre su condición y su paradero en varios meses. Organismos defensores de los derechos humanos denuncian con frecuencia que las administraciones penitenciarias niegan arbitrariamente el acceso de observadores independiente a las colonias penitenciarias.
La preocupante situación carcelaria
La periodista Soja Svetova, formó parte entre los años 2008 y 2016 de la comisión de control para el cumplimiento de los derechos humanos de la ciudad de Moscú, aseguró el año pasado que la situación en Rusia no hizo más que empeorar. Por ley, Svetova no podía seguir perteneciendo al mismo grupo de trabajo, por lo que se postuló para el de la república de Mordovia: "Sin embargo, por motivos de forma, se me impidió presentarme. Después supe por conocidos que los servicios de seguridad rusa estaban en contra de mi candidatura".
Durante años, esta activista visitó la cárcel moscovita de Lefortovo. Según contó Svetova a Deutsche Welle, ahí se encierra a hombres acusados de crímenes contra el Estado, corrupción, terrorismo y alta traición, pero hay muchas irregularidades en su situación. "A menudo carecen de abogados o, si los tienen, no se permite que se comuniquen con ellos. Para algunos, yo era la única persona que les facilitaba información del exterior. Eso no gustaba a las autoridades", dice.
Según los activistas, las violaciones de los derechos humanos de presos políticos empiezan en los juicios, en los que los acusados muchas veces son expuestos como trofeos en jaulas de cristal.
Las críticas al sistema penitenciario ruso son enormes. "El sistema es cerrado en sí mismo. Por eso son posibles las violaciones masivas de los derechos humanos y la corrupción a gran escala", dijo Olga Romanova de la Organización Rusia entre Rejas (Rus Sidyachaya). Los defensores de los derechos humanos denuncian la existencia de torturas, extorsiones, arbitrariedad y corrupción en las cárceles rusas. Las autoridades no suelen investigar las informaciones sobre malos tratos.
Según los activistas, las violaciones de los derechos humanos empiezan ya en los juicios, en los que los acusados muchas veces son expuestos como trofeos en jaulas de cristal. Casi ningún juicio termina en absolución. También el Consejo de Europa, del que Rusia es parte, destaca una y otra vez graves violaciones.
"Los presos trabajan realmente muy duro, sin días libres ni pausas. Eso no es lo que está previsto en el papel", dice Romanova. "Es trabajo esclavo no pago. Y no trabajan por el bien de la patria, sino por los bolsillos del jefe". La mayoría de los prisioneros trabajan en talleres de costura. Según el Ministerio de Justicia, los presos que trabajan recibieron en 2017 en promedio 229 rublos por día (3,69 dólares), un ligero aumento con respecto al año anterior.
La situación LGBT
La homofobia es parte de la separación de Europa que el presidente Vladimir Putin alienta actualmente en su país. "Los nacionalistas rusos muchas veces utilizan el concepto de 'Gayropa'", escribe el especialista en Rusia suizo Ulrich Schmid en el portal Dekoder.de. "De esta manera, quieren dar a entender que Europa abandonó sus valores tradicionales y se deja determinar por las minorías".
Una ley de 2013 considera que la "propaganda" sobre homosexualidad ante menores de edad puede ser penada. Eso hace imposible informar a los más jóvenes sobre las diferentes orientaciones sexuales.
En la república de Chechenia, que tiene un Gobierno autoritario, a principios de 2017 fueron secuestrados y maltratados decenas de gays o supuestos gays. Al menos tres fueron asesinados, según investigaciones del diario opositor "Novaya Gaseta". Tras protestas internacionales, las autoridades en Moscú se vieron obligadas a investigar los hechos. Pero el resultado un año después fue: Supuestamente nada de eso es cierto.
Según un nuevo informe de 2016/17, la red contabilizó numerosos casos de violencia que van desde discriminación en el trabajo o en la vida pública hasta violación y asesinato. Una ley de 2013 considera que la "propaganda" sobre homosexualidad ante menores de edad puede ser penada. Eso hace imposible informar a los más jóvenes sobre las diferentes orientaciones sexuales. El informe considera que el clima está envenenado a propósito por razones políticas: "Lamentablemente los derechos humanos o el respeto a la personalidad son estigmatizados públicamente como falsa tolerancia, algo ajeno a los rusos". Se trata de diferenciarse de Europa.
