Las primeras medidas de Jair Bolsonaro como presidente de Brasil ya generan polémica. En sus primeros días de gestión apuntó contra la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y trans (LGBT); la comunidad indígena; los trabajadores estatales, los ministerios y el salario mínimo.
En cuanto a la estructura ministerial, el nuevo presidente de Brasil empezó a cumplir con lo prometido en la campaña. El país vecino ahora cuenta con 22 ministerios (dos de los cuales están encabezados por mujeres), un recorte sobre los 29 que tenía antes. Las carteras que se verán reducidas a secretarías son las de Trabajo, Cultura, Deportes, Ciudades, Seguridad Pública, Industria, Comercio Exterior y Servicios, y Transportes, Puertos y Aviación Civil.
Quienes también viven un momento complicado son los miembros de la comunidad LGBT. En la reestructuración que hizo del gobierno mediante la Medida Provisoria 870, el exparacaidista del Ejército excluyó a esta comunidad de programas destinados a los derechos humanos.
“Voy a debatir con el Partido de los Trabajadores la proposición de una medida en el Supremo Tribunal Federal (STF), argumentando la inconstitucionalidad de la Medida Provisorio (MP) por el trato discriminatorio en relación a la población LGBT”, expuso en su twitter Paulo Teixeira, vicepresidente del Partido de las Trabajadores.
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Por su lado, la comunidad indígena se verá afectada ya que la cartera de Agricultura ahora está comandada por Tereza Cristina Correa, una hacendera y referente del sector de la bancada de propietarios rurales en el congreso. Correa tendrá en su poder la delimitación de las tierras indígenas, descendientes de esclavos negros y campesinos sin tierras.
“Más del 15% del territorio nacional es demarcado como "tierra de indígenas y descendientes de esclavos". Menos de un millón de personas viven en estos lugares aislados de Brasil de verdad, explotados y manipulados por ONGs. Vamos juntos a integrar estos ciudadanos y valorar a todos los brasileños”, expresó el mandatario en sus redes sociales.
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El gobierno saliente que comandaba Michel Temer había previsto que el salario mínimo aumentase a 1006 reales, pero Bolsonaro entendió que la tasa de inflación fue menor que la prevista, por eso rebajó la cifra a 998 reales.
También se decidió el despido de 320 empleados públicos, aunque se analizará cada caso, evitando recontratar a los que habían sido sumados por las administraciones del Partido de los Trabajadores. Un comienzo a todo tren, con la dureza que se suele recomendar para los primeros 100 días de gobierno, aunque este tipo de medidas duras y poco simpáticas fueron su caballito de batalla en la campaña electoral.
D.R./C:P.