Deberían eliminar el 18 de octubre del calendario chileno. Este viernes, cuando se cumplieron cinco años del estallido social, una de las crisis más importantes de los últimos cuarenta años en Chile, que llevó al país al borde de un quiebre institucional y que le tocó gestionar a la segunda administración de Sebastián Piñera, se vino la noche para el gobierno de Gabriel Boric.
Este jueves a la tarde, en la víspera de la revuelta, se generó un terremoto político tras la sorpresiva renuncia del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, a propósito de una denuncia por violación en su contra. En las últimas horas esta crisis se ha ido amplificando debido a una serie de antecedentes que se han ido conociendo del caso, como el reconocimiento de la ministra del Interior, Carolina Toha, y del propio presidente Boric de que se enteraron dos días antes del hecho y que el exsubsecretario le pidió a la policía que revisara las cámaras, lo que podría implicar obstrucción a la Ley de Inteligencia.
A pesar de la magnitud del caso y la sensibilidad del tema, la respuesta del Gobierno feminista ha sido francamente decepcionante y llena de errores. En lugar de poner al centro de su estrategia comunicacional a la víctima, una mujer, funcionaria de la subsecretaria del Interior, y blindar al presidente de esta megacrisis, se terminó llevando el problema a La Moneda, al permitir al subsecretario anunciar su renuncia en un punto de prensa en los patios del Palacio, y, posteriormente, al dejar en manos del Presidente la explicación del tema.
En una inédita intervención de 50 minutos, con el pelo mojado, interrumpiendo a su jefa de prensa en dos ocasiones ante las sugerencias de que no siguiera hablando y hasta leyendo los mensajes íntegros que intercambió con Monsalve a través de la mensajería Signal, el presidente Boric trató de explicar cómo se produjo la salida del subsecretario más poderoso del gabinete y sin empatizar en ningún momento con la víctima; al contrario, dijo que si “alguien bebe más de la cuenta, es una responsabilidad propia”, desatando críticas transversalmente.
El viernes la Fiscalía Centro Norte de Santiago, que desde el lunes lleva la causa, interrogó a la jefa de Inteligencia de la PDI, prefecta Consuelo Peña, por la revisión de las grabaciones de la noche del 22 de septiembre y del día siguiente de las cámaras del hotel en donde se habría producido el hecho, diligencia que sería ilegal, dado que no fue autorizada por ningún tribunal, sino por orden de Monsalve. Esta situación podría significar la salida del actual director de la institución, Eduardo Cerna, nombrado por el gobierno en reemplazo de Sergio Muñoz, quien fue destituido por entregar información confidencial al abogado Luis Hermosilla sobre procesos en curso.
Sin duda esta crisis remecerá el escenario político de cara a las elecciones de alcaldes y autoridades regionales del 26 y 27 de octubre próximo, impactando al oficialismo y beneficiando a una oposición golpeada por el Caso Audio y, especialmente, a la extrema derecha.
Este caso también eclipsa la reciente aprobación en el Senado de las acusaciones constitucionales en contra de los ministros de la Corte Suprema, Sergio Muñoz y Ángela Vivanco, que ya no podrán seguir en sus cargos; y las medidas cautelares de firma quincenal y arraigo nacional que se decretó para los exgenerales directores de Carabineros, Mario Rozas y Ricardo Yáñez.
Pero lo más complejo es que este tema alimenta más la crisis de confianza que enfrentan nuestras instituciones y autoridades. Rebrota el sentimiento de indignación y malestar que en 2019 casi destruyó Chile y aflora amenazas populistas y caudillistas que surgen cuando encuentran instituciones y democracias débiles. Necesitamos recuperar Chile, antes que sea demasiado tarde.
* Director Comsulting.
