Existe una fuerte tensión en el mundo actual entre el libre flujo y acceso a la información que ha posibilitado la web y la presión económica que generó sobre los medios tradicionales, ya que las grandes plataformas digitales se han adueñado de gran parte de los ingresos. Esta semana, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) celebró su Asamblea General en la Provincia de Salta, donde firmaron una nueva declaración titulada Sobre Principios de Libertad de Expresión en la Era Digital.
Lamento, como representante de Editorial Perfil—que es miembro de la SIP—, que la Declaración de Salta sea tan servicial a las grandes plataformas tecnológicas que hoy dominan el mundo digital, principalmente Google y Facebook. Vale la pena destacar que Google fue uno de los principales sponsors de la Asamblea, a la par de Presidencia de la Nación (el evento contó con la presencia de Mauricio Macri) y el New York Times.
En líneas generales, la declaración cuenta con 13 puntos que reflejan algunos de los conceptos básicos necesarios para garantizar la libertad de expresión y prensa en un mundo digital. Un ecosistema digital abierto y transparente, donde gobiernos y privados se abstengan de censurar o abusar de las herramientas digitales para acallar voces críticas o, al contrario, generar campañas de desinformación y/o fake news.
El problema son los puntos 10 y 11 que, justamente, son prácticamente copias literales de los argumentos que frecuentemente usan los lobistas de estas corporaciones gigantes para operar fuera de cualquier marco regulatorio, efectivamente creando su propia ley. En primer lugar, la SIP pide que sean las mismas plataformas quienes se “autoregulen” para “prevenir la diseminación deliberada de desinformación”. Vale la pena recordar que son justamente las plataformas digitales como YouTube (que es de Google), Twitter y Facebook las que permitieron la propagación de mensajes falsos y así manipular al electorado en EE.UU. en las últimas elecciones presidenciales donde fue electo Donald Trump, para beneficio económico de las mismas plataformas. ¿Cómo? Muy simple, cobraron cientos de millones de dólares para que esos mensajes nocivos se propaguen por sus ecosistemas. Cuando los medios descubrieron lo que había sucedido gracias al escándalo de Cambridge Analytica, pidieron perdón. Nunca devolvieron un peso, sino que giraron ganancias a Irlanda y otros paraísos fiscales donde acumulan fortunas mayores al PBI de muchos de los países miembros de la SIP.
Luego, la SIP declara que los gobiernos no deben imponer responsabilidades legales a las plataformas por los contenidos que fluyen por sus ecosistemas. De esta manera, Google, Facebook y el resto de las plataformas nos dicen que a) se van a auto regular y b) si algo llegara a salir mal, no es culpa suya. No solo eximiría a las plataformas de la responsabilidad legal de permitir que vuelva a suceder algo como lo de Cambridge Analytica, sino que ademas posibilita el robo de los contenidos periodísticos que generan medios profesionales como Perfil, músicos, artistas, individuos o grupos que busquen cobrar por su trabajo. Mantener un staff de periodistas, diseñadores, fotógrafos, camarógrafos, desarrolladores web, equipos comerciales, equipos administrativos, y todo lo que contempla una empresa de medios profesional es costoso. Si no lo hiciéramos, no existirían investigaciones como la que desembocó en la causa de los cuadernos, por ejemplo, o la que destapó el escándalo de Cambridge Analytica. Pero Google y Facebook se escudan en que no son responsables por los contenidos que figuran en sus plataformas para no pagar por nuestros contenidos, convirtiéndose en dos de las empresas de mayor valuación en la historia del capitalismo mientras los medios profesionales están en la lona.
Por suerte, la Declaración de Salta cuenta con el punto 12, que aboga por una distribución más justa de las riquezas generadas por el ecosistema digital al tomar en consideración los derechos de autor y la propiedad intelectual. Pero resulta muy poco, porque es imposible tener un ecosistema equitativo y balanceado cuando un grupo de jugadores ejercen poder monopólico y ademas logran que las mismas organizaciones que deben cuidar a la prensa les den vía libre. Está bien documentada la influencia en círculos académicos e intelectuales de Google, logrando adhesiones a cambio de lo que para ellos son monedas, pero en el mundo del policy son sumas importantes.
No se trata de demonizar a Google, Facebook y el resto de los players (no se olviden que la unidad de publicidad digital de Amazon viene creciendo a pasos agigantados, y Apple también está metiendo el pie en la puerta), sino de generar las condiciones para que las empresas periodísticas puedan sobrevivir y ademas invertir en más y mejor periodismo. Los gigantes de Silicon Valley son empresas privadas y esta bien que busquen maximizar sus beneficios propios, pero cuando lo que están traficando es la información que genera la consciencia de los pueblos, es otra la ecuación que debemos aplicar.
