El abogado y ex juez penal Daniel Llermanos, que representa a Alesia Abaigar, consideró que la funcionaria bonaerense, acusada de arrojar excremento en la casa de José Luis Espert, es una presa política y advirtió que hay parcialidad manifiesta por parte de la justicia. “Arroyo Salgado tomó esto casi como un acto terrorista”, dijo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).
Daniel Llermanos es abogado, exjuez penal e integrante del colectivo Abogados Solidarios. Ha representado a sindicalistas —en el caso más famoso, a Hugo y Pablo Moyano—, a la actriz y cantante Esmeralda Mitre, y está defendiendo a la funcionaria bonaerense Alesia Abaigar, directora de Sensibilización y Promoción del Derecho del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, quien está detenida desde el miércoles bajo la acusación de tirar estiércol y poner un pasacalle en la casa del diputado José Luis Espert.
Estábamos hablando hace unos instantes con Martín Caparrós y él tiene en España, en el diario El País, una especie de podcast titulado Cacocracia. Que tiene que ver con los distintos gobiernos de extrema derecha.
Pero una idea de una especie de democracia basada en instintos más primarios, en pulsiones más primitivas, la etapa anal, podríamos decir, escatológica, propia del desarrollo emocional más primitivo del ser humano. La etapa infantil.
Y nosotros ahí le poníamos el ejemplo del síndrome de Tourette respecto de personas que quedan marcadas desde la infancia usando continuamente palabras escatológicas, y si esto no calificaba para el presidente.
Y le confieso que el hecho de que Alesia Abaigar haya llevado estiércol de caballo o lo que sea... El personaje de Espert a mí no me cae en lo más mínimo simpático, pero me genera parte de esta misma cacocracia. O sea, no sé si estamos todos envueltos en una especie de cacocracia.
De cualquier forma, me parece —más allá de que no me gusta ir a llevarle estiércol a la casa de nadie, le confieso— me parece que también puede ser un poco exagerada la respuesta judicial que recibe. Pero el tema es jurídico y no es mi reflexión respecto a la estética de cómo uno expresa sus diferencias.
Voy a intentar dar alguna explicación jurídica de algo que está bastante lejos de ser jurídico, por infinidad de razones. Primero, porque esto que usted ha relatado, más allá de si participó o no Alesia, por lejos no constituye un delito. Es el llamado escrache popular, que se hace en Argentina y en muchos países del mundo. Lo ha sufrido Kicillof, lo han sufrido periodistas de derecha, de izquierda, en todas partes del planeta.
Acá no ha habido un ataque personal, sino que ha habido un insulto, un agravio, que se produce dos días después de un insulto muy grave que hace a la hija de Cristina Fernández de Kirchner en el seno de la Universidad Católica Argentina el diputado Espert.
Yo creo que, antes de hablar unos minutos de Alesia, es importante destacar que Espert es un agente provocador. ¿Qué quiero decir con esto? Que ha diseñado una campaña política en base a la agresión. Y cuando uno agrede, es lógico que haya reacciones. Yo creo, en el fondo, que a Espert esto le ha dado un rédito político. En su cabeza debe creer que es así, porque ha logrado que le respondieran de un modo feroz, brutal. Y esto creo que favorece su campaña. Y, sin querer, los que hicieron esto alimentaron la campaña de Espert. Es un error estratégico del sector político.
Yo entiendo la ofensa. Cuando uno tiene un líder que lo ama, lo sale a defender. Ha pasado con todos los líderes del mundo. Ha habido protestas, gente que ha ido presa por protestar, que se ha sometido a la violencia policial. Es decir, quien está en una militancia política lo toma como una pasión.
Lógico.
Llermanos: Y debo confesar —por el poco tiempo que conozco a Alesia, a través más que nada de sus amigos— ella es una apasionada de la política. Y si ella fue, ella ha sentido como propia la agresión de Espert hacia Cristina, hacia su líder, que aspira ella —según sus creencias— a mejorar la calidad de vida de los argentinos.
Entonces, detenerla, proscribirla implica una agresión. Porque yo quería tener una opción de votarla. Yo soy de la tercera sección electoral, y me han impedido votarla. Entonces yo entiendo: esto genera una frustración. Algunos la asimilan de una forma, otros de otra.
Yendo al fondo de la causa, insisto: esto no pasa de una infracción municipal, claramente tipificada en la comuna de San Isidro, en el Código de Faltas: el pasacalle en lugar sin autorización previa y arrojar sustancias contaminantes o peligrosas en la vía pública. No pasa de esto.
Sin embargo, la jueza Arroyo Salgado tomó esto casi como un acto terrorista. La incomunicó, metió presa a la mamá —simplemente por tener la cédula azul para manejar su Clio 2011—, metió preso al mecánico, que también tenía cédula azul para manejar el Clio 2011, y también estuvo incomunicado, sin ninguna señal de que hubiesen participado en nada.
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Alesia, claro, no está identificada según dice algún comentario del fiscal, porque la causa está con secreto de sumario. Quien le habla es un abogado que, como letrado, es no evidente, porque yo no vi el expediente. Sí sé lo que Arroyo Salgado le informó en la indagatoria a Alesia. Lo que informó fue eso que acabo de describir.
Y este hecho —yo le dije a la jueza— no constituye delito. Para la jueza, incurrió en infinidad de delitos. Pero como ninguno de ellos supera los tres años de prisión, debería tener la posibilidad de seguir el proceso en libertad hasta que una sentencia eventualmente la condene con carácter firme.
Sin embargo, la jueza consideró que debía estar presa porque, como es funcionaria pública, cree que puede obstruir la acción de la justicia. Pero, el Ministerio de Mujeres no tiene armas, no es la AFI, no es una institución —ese ministerio provincial— que tenga facultades para interferir en la justicia federal. Creo que quien interfiere en la justicia federal es el diputado Espert y el Ministerio de Seguridad, no es precisamente la detenida.
Pero, como si todo esto fuera poco, para demostrar un ensañamiento que es difícil de entender, se le explicó y se le documentó ante la jueza que Alesia padece una gravísima enfermedad —no la exagero, gravísima—, una enfermedad autoinmune que necesita estar en lugares muy sanos. Que no es la cárcel. Lugares no húmedos: no es la cárcel. Tiene una capacidad pulmonar restringida al mínimo. Y lo que se está haciendo con ella es un crimen. Lo digo así, directamente.
El hecho de estar investido con el carácter judicial no quita responsabilidad a los funcionarios. Esto que se está haciendo es ilegal. Así lo estoy plasmando en los escritos, así se lo digo a la Cámara de Apelaciones. Considero que es una presa política. Así lo tipifico.
Y no encuentro razón —que no sea una “razón de Estado”, entre comillas— para mantenerla en este estado de prisión, que creo que más que nada busca, igual que golpear a las jubiladas, igual que balear a fotógrafos, creo que son mecanismos de tratar de desalentar la lucha popular contra un régimen que la gente considera —por lo menos un gran sector— de injusticia social.
Me parece clarísima su explicación. No tengo duda de que Espert, Patricia Bullrich y Milei, son parte de La Libertad Avanza, dos de ellos como parte del Poder Ejecutivo. Y Espert preside la Comisión de Presupuesto en Diputados y seguramente sea el candidato a primer diputado en la provincia de Buenos Aires.
Pero en el caso de la jueza Arroyo Salgado, es parte de un poder independiente, o debería serlo. Entonces le pregunto: ¿por qué cree usted que la jueza Arroyo Salgado toma este caso de esta manera, como usted lo describe?
Es inexplicable, porque la jueza Arroyo Salgado no es una mujer sin experiencia. No es común que una causa, sin siquiera dictar el auto de prisión preventiva, tenga detenida a una persona por un hecho tan menor. Es más, en el lenguaje nuestro, cuando un hecho no encuadra una figura legal con claridad —porque nunca se puede interpretar la ley, en caso de duda, en contra del imputado, todas estas normas son a favor del imputado— está todo el Código volcado en su contra. Está actuando con parcialidad manifiesta y con injusticia manifiesta.
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La razón la desconozco. Quizás se trate de un error judicial. Yo fui juez, y seguramente cometí errores, pero estos son demasiados, acumulados, y contra una joven, además con una salud muy debilitada, que perfectamente podría estar privada de libertad transitoriamente en su domicilio, con pulsera, o el mecanismo de seguridad que sea.
Pero quiero hacer una reflexión, Jorge: se ha cumplido la profecía de Espert. Espert decía: “cárcel o bala”. La segunda se ha cumplido con el fotoreportero Pablo Grillo, y la primera se cumple con Alesia. Realmente, el hombre o estimula esto, o es un profeta político. Pero ya tenemos una víctima encarcelada sin ninguna razón. Y esto no quiere decir que uno aplauda este hecho, si es que Alesia participó del hecho. Las cosas tienen que estar en su justa medida.
Usted también habló del caso de Cristina Kirchner y aseguró que alguien puede ser candidato aunque esté detenido. Me gustaría, que nos explicara su tesis de por qué alguien que no pueda asumir igual puede ser candidato.
Bueno, el tema es el siguiente: que nadie está privado de hacer lo que la ley o un fallo judicial ha privado o lo ha prohibido. El fallo prohíbe ejercer cargos públicos, pero la candidatura no es un cargo público. Hay infinidad de cosas que permiten definirlo: no tiene sueldo, no está sometido —en el caso de delitos— a ningún tipo de agravaciones, con lo cual no es una función pública ser candidato. Eso es responsabilidad ciudadana, que nace de la soberanía política del pueblo.
Y ha habido confesos candidatos testimoniales. Recuerdo algunos: uno fue Scioli, otro fue Massa, otro fue…
El propio Néstor Kirchner.
El propio Néstor Kirchner fue candidato testimonial. Es decir, que ya la gente sabía que votaba solamente para adherir o demostrar adhesión al programa de gobierno, pero que no iba a ser el candidato que iba a asumir, que iba a asumir el segundo porque iba a renunciar.
Entonces, ¿qué valor tendría la candidatura de Cristina? Que permitiría mostrar el poder real de la oposición, del justicialismo, y que luego no asume, pero queda legitimada en las urnas como la referente del partido. Y ese derecho, más allá de que puede tener Cristina, también es un derecho que tenemos los electores. Yo me veo privado de votarla, si quiero votarla. Y lo podría decir de cualquier otro candidato proscripto.
Y creo que, en el caso de Cristina, que su liderazgo es tan marcado, el fallo tendría menos daño si ella pudiera, por lo menos, ser candidata. Porque podría mantener la jefatura.
Daniel, ¿Eso lo decide el Tribunal Electoral bonaerense o finalmente termina en la Corte Suprema de Justicia?
Esto está hoy en la Cámara Nacional Electoral. El recurso se interpuso en el Juzgado Electoral de La Plata, y este tema —todo el tema electoral— es resorte nacional.
Pero mi pregunta es, ¿luego siempre queda la apelación a la Corte Suprema de Justicia?
Siempre, siempre, siempre.
Es decir que a los fines prácticos, no va a prosperar, para decirlo de alguna manera, en el tiempo y forma para ser candidata, que es ahora nomás.
Seguramente no. Quizás, si hubiera sido al revés, para que no sea candidata, el tiempo alcanzaría. Pero bueno, está inclinada la balanza.
Hay temas que también son testimoniales, ¿no? Simplemente son de... y además, también podría valer para 2027.
Jorge: Exactamente, podría valer para el futuro. Es verdad.
MC