Un juzgado de El Salvador impuso una condena de 50 años de prisión a una joven que tuvo un parto en su casa y que inicialmente fue procesada por aborto y condenada por homicidio agravado. Es la primera vez que se aplica la pena máxima desde que se penalizó de manera absoluta el aborto en el país.
La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto rechazó la decisión judicial y anunció que apelará el fallo dictado el 29 de junio por un juzgado de San Miguel, 135 kilómetros al este de la capital. La condena de Lesly Lisbeth Ramírez se basó en las pruebas presentadas en el juicio por los fiscales del caso y el dictamen forense que determinó como causa del fallecimiento de la bebé “degüello por herida tipo contuso-cortante producido con arma blanca”.
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Ramírez residía en una zona rural del oriente del país, “ocultó su embarazo a los familiares y tuvo un parto extrahospitalario en el que dio a luz a una niña que nació con vida y que, a través del reconocimiento forense, se estimó que tenía entre las 37 y 40 semanas de gestación”. El colectivo feminista sostiene que en ese momento tenía 19 años, un nivel de educación escolar bajo sin educación sexual integral y “desconocía lo que estaba sucediendo en su cuerpo y el 17 de junio de 2020, a las 9.30 de la noche, tuvo una emergencia obstétrica en su casa, sintió deseo de defecar y sin saberlo comenzaba el trabajo de parto”.
Fue al baño y tuvo un parto precipitado. Los familiares llamaron a la policía para que la trasladaran a un hospital, donde fue detenida y acusada inicialmente de aborto. Ramírez es la tercera de siete hermanos de una familia que vive en situación de pobreza extrema, no tiene en acceso a agua potable ni electricidad y subsiste con el trabajo agrícola. Sólo cursó hasta el séptimo grado y asumió las tareas del hogar y el cuidado de sus cuatro hermanos menores de edad.
El Salvador es uno de los cuatro países de América Latina que prohíben el aborto sin excepciones junto a Nicaragua, Honduras y la República Dominicana.
CB PAR
