La disputa entre el gobierno británico y WhatsApp en torno a un proyecto de ley para proteger a los ciudadanos del terrorismo y el abuso sexual infantil vuelve cada vez más cercana la posibilidad de que la empresa de Mark Zuckerberg deje de operar en las islas. El centro del conflicto es la Propuesta de Seguridad Online, un texto de 250 páginas que demandó cuatro años de elaboración y el trabajo de los últimos cinco primeros ministros, que avanza a paso firme en el Parlamento.
La ley daría al regulador de comunicaciones Ofcom el poder de obligar a las plataformas a usar su tecnología para enfrentar aquellos delitos, con multas de hasta el 10% de su facturación global si no lo hicieran. Las empresas alegan que sería imposible de cumplir sin romper el contrato de privacidad basado en el encriptado de punta a punta, es decir, el sistema mediante el cual solo los usuarios que se comunican pueden leer un mensaje.
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Si la ley se sancionara, plataformas como WhatsApp y Signal (también de uso masivo, aunque con más énfasis sobre la seguridad) ya adelantaron que protegerán a los usuarios no británicos, es decir, el 98% de su mercado. Convencido del proyecto, un vocero del Ministerio del Interior insistió ante The Guardian en que “las compañías tecnológicas tienen el deber moral de asegurar que no se están cegando a sí mismas ni a los organismos de seguridad frente a los niveles inéditos de abuso infantil en sus plataformas”.
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El gobierno plantea que para combatir esos crímenes no es necesario prohibir el encriptado, sino que las empresas dirijan sus “mejores esfuerzos” a desarrollar tecnologías que identifiquen con precisión el contenido ilícito, “para que estos predadores despreciables sean enjuiciados”. Ese objetivo solo se cumplirá si las plataformas entregan datos como los contactos del sospechoso, su locación y los grupos a los que pertenece. Lejos de resolverse, el conflicto podría sentar un precedente que el resto de los países observan con atención.
AO JL
