La defensa de Fernando Ayala pidió este viernes su absolución en el juicio federal por las “facturas truchas” y concentró buena parte de su alegato en discutir una de las hipótesis centrales de la acusación: que el imputado haya obtenido un beneficio económico a partir de la presunta organización investigada.
El abogado Pablo Vianello sostuvo ante el Tribunal que Ayala no sólo no habría ganado dinero mediante la maniobra atribuida por la Fiscalía, la UIF y ARCA, sino que terminó acumulando deudas fiscales. “¿Cuál sería el beneficio de participar de una asociación ilícita para perder plata?”, planteó como síntesis de su postura.
La estrategia defensiva apuntó así a desmontar la idea de que Ayala fue una de las figuras principales de una estructura dedicada a utilizar facturación apócrifa y posteriormente incorporar fondos al circuito formal. Sin embargo, ese argumento deberá ser evaluado junto con la prueba presentada durante el juicio por los acusadores, que describieron una evolución patrimonial que consideraron incompatible con los ingresos declarados.
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El patrimonio de Ayala, uno de los puntos de disputa
Durante los alegatos acusatorios, el fiscal Federico Carniel y las querellas pusieron especial atención sobre los bienes y el nivel de vida de Ayala. Entre los elementos mencionados apareció el contraste entre una etapa en la que residía en una vivienda social de Fontana y su posterior mudanza a un departamento de altas prestaciones sobre avenida Sarmiento, en Resistencia.
Según fue expuesto durante el debate, el inmueble ocupa un piso completo y cuenta con ascensor privado, tres dormitorios, vestidor, balcón y parrilla. Para los acusadores, ese cambio formó parte de los indicios utilizados para sostener la existencia de un crecimiento patrimonial que debía ser explicado.
También fueron incorporados registros de cámaras de seguridad del departamento. En algunas secuencias, Ayala y María José Reinau aparecen manipulando fajos de dinero y, de acuerdo con la interpretación presentada por la Fiscalía, en uno de esos videos ambos estaban contando dólares.
La acusación agregó además vehículos, viajes y otros bienes. Vianello rechazó que su sola existencia permita probar una maniobra de lavado de activos y sostuvo que algunos automóviles señalados durante el debate —entre ellos un Chevrolet Onix, una Chevrolet S10 y una Toyota Hilux— habían sido adquiridos mediante planes de ahorro.
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“El lavado de activo no es comprar bienes”, sostuvo el defensor, quien remarcó que para arribar a esa conclusión primero debería demostrarse que los fondos provenían de un delito y posteriormente que existió una operación destinada a darles apariencia lícita.
La defensa buscó trasladar el manejo contable a Pasko
Otro eje del alegato estuvo centrado en la relación entre Ayala y Walter Pasko, a quien la acusación ubica como la otra figura principal de la presunta organización.
Vianello aseguró que el vínculo comenzó cuando Ayala necesitó contratar a un contador y recibió una recomendación para trabajar con Pasko. Según la versión de la defensa, era el contador quien administraba claves fiscales y realizaba las operaciones técnicas vinculadas a la contabilidad, mientras Ayala desconocía las eventuales irregularidades.
El abogado utilizó incluso las deudas registradas ante ARCA para reforzar esa explicación. “La idea sería ganar. Pero sin embargo terminaron con más deudas”, argumentó.
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La Fiscalía sostiene una lectura diferente. Su hipótesis coloca a Pasko y Ayala en roles complementarios: al primero, vinculado con el funcionamiento técnico de la facturación; al segundo, relacionado con las entidades que accedían a programas estatales y con la llegada de proyectos y fondos públicos.
La defensa también rechazó que Ayala haya actuado como supuesto “captador” de personas o entidades. Como ejemplo, Vianello mencionó un caso en el que su cliente recomendó los servicios profesionales de Pasko y sostuvo que una referencia comercial no resulta suficiente para demostrar el reclutamiento de integrantes de una organización delictiva.
El IAFEP y la discusión sobre las obras financiadas
Una parte importante del alegato estuvo dedicada a los proyectos vinculados al Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), uno de los organismos cuyos fondos fueron analizados a lo largo del proceso.
Vianello buscó diferenciar entre proyectos que fueron presentados o solicitados y aquellos que llegaron efectivamente a recibir financiamiento estatal. Según argumentó, la inexistencia de una obra no puede ser considerada automáticamente una defraudación cuando el dinero nunca llegó a ser desembolsado.
Respecto de los proyectos que sí recibieron recursos, aseguró que existían expedientes, fotografías, rendiciones y certificaciones que debían ser evaluadas individualmente antes de sostener que las prestaciones nunca se realizaron.
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También rechazó que la falta de empleados permanentes, infraestructura o maquinaria propia permita concluir que determinadas cooperativas y fundaciones carecían de capacidad para ejecutar los trabajos. La defensa sostuvo que los programas estaban dirigidos precisamente a organizaciones que podían recurrir a cooperativistas o contratar trabajadores según las necesidades de cada proyecto.
“Aquí claramente mis cuatro defendidos son inocentes”
En el cierre de su exposición, Vianello cuestionó la forma en que la Fiscalía y las querellas interpretaron los distintos indicios reunidos durante el juicio y reclamó que se individualice cuál habría sido el aporte concreto de cada acusado a los delitos atribuidos.
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“Aquí no hay lavado de activo, aquí no hay utilización de facturas apócrifas, aquí claramente mis cuatro defendidos son inocentes”, afirmó antes de solicitar una “absolución total y definitiva”.
El juicio continuará el jueves 27 de agosto, cuando podrán producirse las réplicas del Ministerio Público Fiscal y las querellas. En caso de que aparezcan argumentos nuevos, las defensas tendrán derecho a responder antes del cierre definitivo de los alegatos.
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