La escandalosa sesión en la Legislatura del Chaco por el Fondo Estímulo Productivo (FEP) no solo terminó sin quórum tras más de una hora y media de tensión, gritos y cruces políticos, sino que derivó en una guerra de comunicados entre el oficialismo y la oposición, con acusaciones cruzadas sobre lo ocurrido en el recinto.
El trasfondo es el mismo: la polémica por la readecuación del FEP impulsada por el Gobierno provincial y su impacto en los salarios de los trabajadores del Ministerio de Producción.
El oficialismo: “Un papelón institucional”
Desde el Gobierno provincial difundieron un duro comunicado en el que calificaron lo ocurrido como un “papelón del peronismo”, al sostener que fueron los propios impulsores de la interpelación quienes abandonaron el recinto.
Según remarcaron, el ministro Oscar Dudik “se presentó en tiempo y forma” y brindó explicaciones técnicas durante toda la jornada, pero la oposición decidió no sostener el debate.
“Pidieron la interpelación y no van a trabajar”, señalaron desde el bloque oficialista, al tiempo que cuestionaron lo que definieron como un “doble discurso”.
Además, apuntaron directamente contra el diputado Santiago Pérez Pons, a quien responsabilizaron por el fracaso de la sesión: "Ni sus propios diputados se quedaron a sostener la interpelación que impulsaron. Es una muestra clara de improvisación y falta de seriedad”, afirmaron.
En esa línea, advirtieron que este tipo de episodios “debilitan el funcionamiento democrático” y representan una falta de respeto hacia la ciudadanía.
La respuesta de Pérez Pons: “Rompieron la sesión”
La respuesta no tardó en llegar. Desde la oposición, el propio Pérez Pons difundió su versión de los hechos y apuntó directamente contra el Gobierno provincial.
“Rompieron la sesión porque no podían explicar el ajuste a los trabajadores. Vergüenza”, lanzó el legislador, en referencia al conflicto por el recorte del FEP.
El diputado cuestionó la exposición del ministro y aseguró que no hubo respuestas concretas: “Leyó un discurso pre armado y no contestó ninguna de las preguntas”, afirmó.
También defendió su intervención durante la sesión, incluido el momento en que exhibió el cartel reclamando la restitución del fondo, y criticó la reacción oficialista, que derivó en el episodio en el que el cartel fue arrojado al piso.
El eje del conflicto: salarios y legalidad del FEP
En su comunicado, Pérez Pons volvió a poner el foco en el impacto económico de la medida: “Los profesionales pasaron de cobrar $1.500.000 a $600.000”, sostuvo, y cuestionó si las autoridades podrían sostener ese nivel de ingresos.
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Además, rechazó la interpretación oficial sobre el financiamiento del fondo: “El FEP se constituye con el 80% de lo recaudado por el Ministerio, pero se paga con rentas generales y es parte del salario”, explicó.
La disputa por el FEP ya había quedado expuesta durante la sesión, que terminó en escándalo tras el cruce cara a cara entre legisladores, la caída del quórum y el cierre abrupto del debate. Mientras el oficialismo insiste en que busca “ordenar” el sistema y corregir irregularidades, la oposición denuncia un ajuste encubierto sobre los trabajadores.
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