El intento del Concejo Municipal de Resistencia por avanzar en una regulación de las aplicaciones de transporte fracasó y el proyecto legislativo regresó a punto cero. Así lo confirmó Alejandro Aradas, presidente del cuerpo, quien explicó que la iniciativa no logró reunir los ocho votos requeridos para su aprobación definitiva, pese a haber cumplido con todas las instancias formales.
Aradas sostuvo que el proyecto atravesó audiencia pública, análisis en comisión y debate en el recinto, pero que en la instancia final no hubo acuerdo político suficiente. Según indicó, un sector de la oposición modificó su postura en el tramo decisivo, lo que impidió avanzar con la ordenanza.
Un debate impulsado por el transporte tradicional
La discusión se había iniciado a partir de reclamos de remiseros y radiotaxistas, quienes solicitaron reglas claras frente a la expansión de las plataformas digitales en la ciudad. Con el correr de los meses, el tratamiento se fue dilatando y estuvo atravesado por momentos de fuerte tensión política y sectorial.
Aradas explicó que la aparición de denuncias vinculadas al funcionamiento de Uber volvió a colocar el tema en agenda y aceleró el tratamiento legislativo, aunque eso no alcanzó para consolidar un consenso estable.
Tarifas e impuestos, el punto sin acuerdo
El eje del desacuerdo estuvo centrado en la intención de algunos bloques opositores de avanzar sobre la regulación de tarifas y la eventual aplicación de tributos municipales a las aplicaciones. Desde el oficialismo consideraron que esa alternativa excede las competencias del Municipio.
“El precio del viaje surge de un acuerdo privado entre la aplicación y el chofer. El Estado municipal no tiene facultades para intervenir en ese contrato”, remarcó Aradas. En esa línea, recordó que ni siquiera el boleto del transporte público urbano es fijado hoy por el Municipio, tras el traspaso de esa atribución a la órbita provincial con la implementación del SITAM.
Apps, demanda y cambios en el mercado
El presidente del Concejo también se refirió al funcionamiento de las plataformas, al señalar que operan bajo un esquema dinámico de oferta y demanda, con tarifas que varían según horarios y niveles de uso. “No es el chofer el que define esos valores”, aclaró en declaraciones a Radio Libertad.
Además, reconoció que muchos trabajadores del sistema tradicional recurrieron a estas aplicaciones como una forma de sostener sus ingresos ante la caída de la demanda: una realidad que, según dijo, quedó expuesta durante la audiencia pública.
Un escenario difícil de revertir
Para Aradas, prohibir las apps no es una solución viable. Aseguró que en distritos donde se intentó ese camino surgieron rápidamente alternativas tecnológicas similares. También destacó que los usuarios eligen estas plataformas por una combinación de precio y percepción de seguridad, con diferencias de costos que resultan determinantes en trayectos clave, como los viajes desde y hacia el aeropuerto.
Qué sigue tras el fracaso del proyecto
Al no alcanzar los votos necesarios, la iniciativa fue archivada y cualquier nuevo intento de regulación deberá iniciar nuevamente el recorrido legislativo completo: presentación formal, giro a comisión y convocatoria a una nueva audiencia pública.
“Hoy el escenario no cambió: Uber y DiDi continúan funcionando como hasta ahora”, concluyó Aradas, al admitir que el debate sobre el rol de las aplicaciones de transporte en Resistencia sigue abierto, pero sin un horizonte inmediato de definición.
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