La sentencia que condenó a Carlos Iván Barraza a diez años de prisión por fraude a la administración pública y peculado abrió un capítulo judicial aún más amplio que el propio juicio. Además de la pena y del decomiso definitivo de bienes, la Cámara Primera en lo Criminal de Resistencia dispuso que el Ministerio Público Fiscal investigue a exfuncionarios, directivos de organismos provinciales y referentes sociales por presuntas maniobras vinculadas al uso irregular de fondos, terrenos, viviendas y recursos estatales durante los años 2022 y 2023.
El fallo, firmado por las juezas Glenda Vidarte de Sánchez Dansey, Natalia María Luz Kuray y Julieta Noemí Dansey, identifica al menos nueve líneas de investigación derivadas directamente de las pruebas y testimonios del debate oral. Todas apuntan a reconstruir responsabilidades políticas, administrativas y penales en un circuito de recursos públicos que, según la sentencia contra Barraza, habría funcionado sin controles adecuados.
Mauro Andión y la administración de fondos del IAFEP
La primera de las líneas de investigación señaladas en el veredicto se centra en Carlos Mauricio “Mauro” Andión, quien durante el período analizado ocupó la titularidad del IAFEP. La Cámara ordenó indagar su presunta participación en la entrega de fondos a personas u organizaciones que, según la sentencia, “no reunían condiciones mínimas” para recibirlos.
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El fallo también menciona a Laura Moreno, e instruye que la pesquisa incluya a “otros posibles responsables” que puedan surgir del análisis documental y testimonial. La orden surge expresamente del debate oral, donde los magistrados consignaron:
“Correr vista al equipo fiscal a fin de investigar la presunta responsabilidad en la disposición de fondos estatales durante los años 2022 y 2023, mencionándose a Carlos Mauricio Andión y Laura Moreno.”
Terrenos, viviendas y adjudicaciones en Villa Barberán bajo revisión
Otra parte del fallo apunta a presuntas irregularidades en adjudicaciones realizadas en Villa Barberán, particularmente en los terrenos de calle Ushuaia y Pasaje Villa Carlos Paz, donde durante el juicio se acreditó la existencia de construcciones vinculadas a la Asociación Civil Humildad, relacionada al entorno de Barraza.
La Cámara ordenó investigar a quienes estuvieron a cargo de:
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Secretaría o Subsecretaría de Ordenamiento Territorial (2022–2023), por la eventual entrega irregular de RUBH y la falta de controles.
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IPDUV, por la construcción de viviendas “parcialmente y sin control aparente”.
Estas actuaciones se desprenden de documentos incorporados en el juicio que mostraron obras avanzadas sin autorización completa ni supervisión técnica.
SAMEEP: responsabilidades por omitir control
El fallo también coloca bajo análisis a quienes encabezaron SAMEEP durante 2022 y 2023. Según los testimonios del debate oral, la ausencia de controles habría permitido conductas que la Cámara describe como posibles delitos funcionales: uso irregular de personal, afectación del patrimonio estatal y prácticas coactivas dentro de la empresa.
La orden judicial insta a determinar si existió “omisión de controlar el accionar de Barraza y su entorno” y si ese vacío de supervisión derivó en perjuicios para la administración pública y para trabajadores de la empresa.
Movimientos sociales, fondos públicos y responsabilidades individuales
Entre las derivaciones ordenadas por la Cámara, también aparecen Romina Palacios y Walter Ramírez, quienes deberán ser investigados respecto de la recepción y el uso de fondos estatales a través de las organizaciones que representaban.
Asimismo, el fallo instruye indagar a Nicolás Sisi, Jonathan Barraza, Andrea Barraza, Cristian Barraza, Mónica Romero y José René Galasi por supuestas maniobras vinculadas a horas extras, marcación indebida de asistencia, uso de vehículos oficiales, y otros beneficios laborales obtenidos mediante prácticas irregulares.
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