La Cámara Primera en lo Criminal de Resistencia impuso este viernes una condena contra el dirigente piquetero Carlos Iván Barraza, a quien responsabilizó por maniobras ilícitas con fondos públicos ejecutadas entre 2022 y 2023. El tribunal lo sentenció a 10 años de prisión efectiva, lo declaró inhabilitado de manera absoluta y perpetua para ocupar cargos públicos y dispuso el decomiso definitivo de todos los bienes, dinero y materiales incautados a lo largo de la investigación.
El veredicto fue anunciado pasadas las 11.40 por la jueza de trámite Glenda Vidarte de Sánchez Dansey, acompañada por Natalia María Luz Kuray y Julieta Noemí Dansey, quienes conformaron la mayoría. El fiscal de Cámara, Sergio Cáceres Olivera, representó al Ministerio Público, mientras que la querella actuó en nombre del presidente de SAMEEP, Nicolás Diez.
La causa contra el dirigente piquetero y precandidato a intendente de Resistencia en una lista de Jorge Capitanich en 2023, describió un esquema de desvío y aprovechamiento privado de bienes estatales, que derivó en una batería de medidas complementarias dictadas en la sentencia.
Los fundamentos de la condena
En su resolución, la Cámara sostuvo que Barraza cometió fraude a la administración pública y peculado de bienes y servicios, delitos que, para las juezas, quedaron acreditados a partir de un cúmulo de pruebas materiales, testimoniales y periciales.
El tribunal ordenó: 10 años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua. accesorias legales previstas por el artículo 12 del Código Penal y pago de las costas del proceso
Además, dispuso el decomiso definitivo a favor del Estado Provincial de: “todos los bienes, documentación, efectos, vehículos, herramientas, materiales de construcción, dispositivos electrónicos, armas, soportes digitales y dinero” secuestrados durante la investigación.
Una parte significativa de estos bienes había sido secuestrada en allanamientos simultáneos realizados en cinco domicilios vinculados a Barraza, donde se hallaron factureros del IAFEP, materiales de construcción, vehículos, una lancha y documentación administrativa de origen estatal.
El dinero recuperado será transferido directamente al Tesoro Provincial como “recurso recuperado del delito”.
Barraza aplaudió el veredicto
Al finalizar la lectura, Barraza, quien escuchó la sentencia desde el banquillo, comenzó a aplaudir. Una actitud desafiante posterior a un intercambio con fotógrafos a los que antes de la lectura empezó a hacerles “fuck you”.
Un fallo que abre nuevas líneas de investigación
Lejos de cerrar el caso, la sentencia deja planteado un mapa de posibles responsabilidades penales que exceden a Barraza y alcanzan a funcionarios, referentes sociales y áreas del Estado.
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El tribunal ordenó nueve investigaciones conexas, entre ellas:
● Presunto falso testimonio
Se investigará a Gustavo Ariel Brites por sus declaraciones en el juicio, consideradas materialmente contradictorias.
● Irregularidades en la distribución de fondos públicos
La Cámara ordenó indagar la eventual participación del titular del IAFEP, Carlos Mauricio Andión, de Laura Moreno y de “otros posibles responsables” en la entrega de recursos estatales a beneficiarios que no cumplían requisitos mínimos.
● Adjudicación sospechosa de terrenos y viviendas
La Justicia pidió reexaminar adjudicaciones de RUBH y omisiones de control en construcciones realizadas en Villa Barberán y en terrenos ubicados en calles Ushuaia y Pasaje Villa Carlos Paz, relacionadas con la Asociación Civil Humildad.
También se deberán analizar responsabilidades administrativas y penales de exfuncionarios del IPDUV.
● Supuestas irregularidades laborales en organismos públicos
Se ordenaron investigaciones sobre Nicolás Sisi, Jonathan Barraza, Andrea Barraza, Cristian Barraza, Mónica Romero y José René Galasi por presuntas maniobras vinculadas a asistencia, horas extras, uso de vehículos oficiales y vales de combustible.
● SAMEEP bajo la lupa
La Cámara pidió profundizar la responsabilidad de Juan Carlos Barraza en supuestos incumplimientos funcionales, amenazas y coacciones. Además, solicitó evaluar la eventual responsabilidad penal de quienes presidieron SAMEEP desde 2022 por una presunta “omisión de control” sobre las maniobras atribuidas al dirigente y a su entorno.
● Movimientos sociales y fondos estatales
El fallo instruye investigar el rol de Romina Palacios, Walter Ramírez y las organizaciones que representaban respecto del uso y destino de fondos públicos recibidos durante el período analizado.
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