Las armas nucleares son las más destructivas, inhumanas e indiscriminadas jamás creadas. Una sola bomba nuclear sobre una ciudad puede matar a millones de personas. Pero una escalada y la detonación de unas cien bombas pueden causar tal alteración e impacto en el clima a nivel global que provocaría una hambruna generalizada y, aunque no resultara en la extinción de la raza humana, provocaría el fin de la civilización moderna tal como la conocemos.
En el mundo hay casi 14 mil armas nucleares, el 90% en manos de Estados Unidos y Rusia, el resto las poseen los otros tres miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: el Reino Unido, Francia y China, que irónicamente son los garantes de la paz y la seguridad mundial.
Desde que Estados Unidos arrojó las bombas nucleares sobre Japón, en 1945, la comunidad internacional ha hecho distintos tipos de esfuerzos para lograr el desarme nuclear total pero fue nuestra región la pionera en prohibir las armas nucleares, allá por el año 67.
Cabe recalcar que América Latina, además de ser testigo de los ensayos nucleares, estuvo cerca de experimentar una guerra nuclear en la región, en 1962, llamada la crisis de los misiles, lo que dio lugar, a iniciativa de México, a negociar el Tratado de Tlatelolco, que prohíbe las armas nucleares en América Latina y el Caribe.
No hay ninguna duda de que el pilar fundamental del desarme nuclear es el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP). Este tratado diferencia dos categorías estados: los poseedores, miembros del Consejo de Seguridad, y los no poseedores. A pesar de vulnerar el principio de igualdad entre los Estados, fue sumamente exitoso en la prevención de la proliferación nuclear.
En el artículo VI del TNP, los Estados se comprometían de buena fe a la cesación de una carrera armamentista y al desarme nuclear, y también a un tratado de desarme general. Sin embargo, a lo largo de los años se ha generado una gran frustración global debido al incumplimiento de este artículo por parte de los no poseedores de armas nucleares.
Durante décadas ha habido numerosas agendas e iniciativas de países para alcanzar el desarme nuclear, pero recién en el año 2013 comenzaron las discusiones sobre el tema, desde la perspectiva humanitaria, que empezaron a crecer de manera firme con la voluntad de la comunidad internacional de ir hacia el Tratado de Prohibición Nuclear.
Es así como, luego del impulso y voluntad de varios países, entre ellos todos los de la región, incluyendo la Argentina, entre junio y julio de 2017 tuvo lugar la negociación del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares (TPAN) en las Naciones Unidas. Una abrumadora mayoría votó afirmativamente la adopción del tratado (122 votos afirmativos, uno en contra y una abstención). El 20 de septiembre de ese año se abrió a la firma y, luego de cincuenta ratificaciones, entró en vigor en enero de 2021.
Los países poseedores de armas nucleares y sus aliados militares no participaron de la conferencia de negociación, solo Países Bajos por indicación de su Parlamento. Cabe destacar que Estados Unidos ha ejercido una enorme presión entre los países de América Latina para que no firmaran el tratado, sin éxito al menos en la mayoría de ellos.
El único país de la región que no ha firmado el tratado ha sido la Argentina. Si bien nuestro país sigue sosteniendo su permanente compromiso con el desarme nuclear y su activa participación con los regímenes existentes y argumenta que comparte su espíritu, resulta llamativo que aún no lo haya hecho. Resta especular que el apoyo para dirigir la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), con sede en Viena, para un embajador argentino o el apoyo para presidir la Conferencia de Revisión del TNP sean las verdaderas razones, y no las de índole jurídico, las que justifican su no adhesión.
En definitiva, no firmar el tratado de prohibición es avalar la existencia de las armas nucleares, la no firma de este tratado socava el objetivo de desarme nuclear y promueve la proliferación.
*Coordinadora la Red de Seguridad Humana de Latinoamérica y el Caribe (Sehlac).
Directora de la Asociación para Políticas Públicas (APP), especialista en temas de seguridad internacional y control de armas.
