Un día como hoy, 29 de junio, de 1966, el general Juan Carlos Onganía jura como Presidente de la Nación en nombre de la llamada Revolución Argentina, la cual es celebrada por una gran parte de los partidos políticos, los sindicalistas, las entidades patronales, las corporaciones profesionales, las grandes firmas nacionales y extranjeras, los medios de comunicación, los grupos nacionalistas y liberales, la Iglesia.
Onganía propone reorganizar la sociedad argentina en tres etapas de duración indefinida: en el llamado tiempo económico, la prioridad es el despegue de la economía mediante una reorganización integral para resolver los problemas de la inflación y el crecimiento económico. Un tiempo social, para mejorar la distribución de los ingresos y terminar con los conflictos sociales; y un tiempo político, donde la comunidad se pronunciaría por medio de organizaciones genuinas y no de los arcaicos partidos políticos.
Renovar el país en ideas y en hombres requería prohibir la actividad de los partidos políticos y sus bienes pasarlos a poder del Estado; suprimir el Congreso; destituir a los miembros de la Corte Suprema; terminar con la autonomía de las universidades estatales, torcerle el brazo a la CGT.
Manuel Belgrano, un imprescindible
Onganía es una figura popular: gobierna sin estado de sitio, otorga el control de las obras sociales a la dirigencia sindical; entrega algunas gobernaciones a civiles destacados en la comunidad: “El pueblo tucumano ovacionó al primer mandatario Debió esforzarse la policía para contener a la entusiasta multitud. Desde temprano la Plaza Independencia se vio colmada de público en el Histórico Convento Franciscano. Cuando desde el convento de San Francisco, lindante con la casa de gobierno, se escucharon las campanas echadas a vuelo, una ovación y los primeros vítores al teniente General Onganía dieron rienda suelta al incontenible fervor patriótico ciudadano.” (Clarín, 10 de julio, 1966).
En lo económico, Adalbert Krieger Vasena, Ministro de Economía y Trabajo, propone la estabilidad monetaria, reducir el déficit fiscal y el gasto público, mejorar la recaudación, estabilizar precios y salarios, desalentar la especulación, incentivar la industria, alentar las empresas más competitivas, promocionar sobre todo las exportaciones no tradicionales; controlar la inflación, que hacía “del salario una estafa y del ahorro una ilusión.”
El Plan resalta su política de ingresos. Se congela el tipo de cambio; son suspendidas las convenciones colectivas de trabajo; empresas y sindicatos acuerdan mantener salarios y precios durante dos años; mejora la recaudación gracias al aumento de tarifas de los servicios públicos y el impuesto a las ventas, la creación de algunos tributos, se reducen los derechos a las importaciones y se aplican fuertes retenciones a las exportaciones -algo que ningún gobierno había hecho desde 1955- las que el Estado invertirá en la represa hidroeléctrica El Chocón- Cerros Colorados, el impulso al desarrollo de la sociedad nacional Somisa, etc.
Roberto Levingston, el presidente de facto desconocido por la opinión pública
El aumento de la recaudación tributaria y las medidas para lograr eficiencia en el gasto público y las empresas estatales, reducen el déficit fiscal, aumenta el ahorro del gobierno nacional, el que es destinado a inversiones y créditos para el consumo personal y la construcción y reparación de viviendas. Con el propósito de restituir la confianza de los capitales nacionales y extranjeros, se sanciona una ley de hidrocarburos, que anula la política petrolera de Illia.
El año 1969 cierra con un crecimiento del producto bruto interno (9.6%) y la inflación es del (7.6%), contra el 31.9% de 1966, algo que no se daba desde 1954. Todo parecía ir de maravillas, pero a pesar de estas cifras positivas de la macroeconomía, la lista de descontentos es numerosa.
Aunque gracias al Gobierno ha podido modernizarse en tecnología, la Sociedad Rural no acuerda con las fuertes retenciones impuestas a sus productos exportables. El empresariado nacional lamenta la supresión de medidas proteccionistas tradicionales al azúcar tucumano, el algodón chaqueño y la yerba misionera y se privilegie a las empresas extranjeras mediante las ventajas de los regímenes de promoción con que se instalan. Asimismo, a los empresarios y los militares les desagrada la modernización económica porque perderían el control de las empresas del área de Defensa, así como de otras estatales. La Confederación General Económica critica el congelamiento de los salarios pues reduce el poder de compra y produce numerosas quiebras.
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Cierran la lista de los descontentos, los obreros y empleados. Si bien los salarios no caen notablemente y la desocupación es baja en general, se oponen al gobierno porque las reestructuraciones crean bolsones de alto desempleo, limitan el poder político y económico de los sindicatos embargando fondos, suprimiendo el derecho de huelga y controlando la disciplina de los trabajadores.
Se crea la CGT de los Argentinos, es descubierto un grupo guerrillero en Taco Ralo, Tucumán. Manifestaciones y protestas de obreros y estudiantes en varias ciudades del país y el famoso Cordobazo provocan la renuncia de Krieger Vasena; la organización Montoneros secuestra y asesina al general Aramburu, los comandantes militares destituyen al Presidente de la Nación.
La caída de Onganía es atribuida al fracaso de la política económica producto del forcejeo entre la racionalización y modernización económica y el estatismo nacionalista; a un conjunto de causas políticas y sociales, entre las que sobresalen la proscripción del peronismo y un escenario político invadido por la violencia.
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Sin olvidar el intento de organizar a los sectores populares mediante nuevas formas de participación social, como tampoco la represión de las huelgas, son reconocidos los logros obtenidos en la lucha contra la inflación y cierta reactivación económica, como lo más significativo de los cuatro años que duró la presidencia del general Onganía, una figura política insoslayable en la década del 60.