La República Argentina tiene una especial relación con los órganos de Derechos Humanos de Naciones Unidas, una relación que ha sido ambivalente con el paso de los años, con declaraciones pendulares a lo largo del tiempo, propias de nuestra política nacional.
En esta compleja relación, la República Argentina se mantiene en un delicado equilibrio, balanceándose entre los Tratados de Derechos Humanos que supo impulsar en el marco de la verdad, justicia, reparación y no repetición, en polémica combinación con alianzas internacionales propias de los cambios políticos, a menudo bruscos y pendulares.
En este escenario, la relación en particular con la República Bolivariana de Venezuela conforma siempre un punto gris, intrínsecamente relacionado con nuestros cambios políticos, y con la dificultad en desarrollar políticas de Estado, transversales a los partidos.
La necesidad de una política de Estado en Derechos Humanos tiene relación con la necesidad de mantener valores universales, dentro y fuera de nuestras propias fronteras, para bien y para mal de los Estados que podemos considerar “aliados estratégicos”.
Mantener un criterio universal sobre la valoración de la vida, la libertad, el debido proceso, la propiedad o la integridad física, por citar sólo algunos elementos esenciales sobre DDHH, es la garantía que nos permite defender estos derechos más allá de las simpatías políticas, del partido o incluso de la política exterior.
Por los motivos expuestos, generaron revuelo las declaraciones del embajador ante los organismos internacionales en Ginebra, Federico Villegas, durante el miercoles 15, en una reunión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. fue categórico en determinado punto: "Ante la grave crisis política, económica y humanitaria que padece Venezuela, nos hacemos eco del informe de la Alta Comisionada (Michelle Bachelet) para buscar una negociación política inclusiva basada en los derechos humanos y en la restitución de los derechos políticos"
El Gobierno argentino pidió "elecciones inclusivas, transparentes y creíbles" en Venezuela
La declaración hace referencia al informe presentado por Michelle Bachelet en su rol de Alta Comisionada de los Derechos Humanos ante el Consejo de DDHH de la ONU, en donde se menciona que los trabajadores en el Arco Minero del Orinoco, un área rica en recursos naturales de Venezuela, están sometidos a graves abusos y violaciones a los Derechos Humanos. La investigación afirma que los trabajadores "están atrapados en un contexto generalizado de explotación laboral, y altos niveles de violencia" por parte de grupos criminales que controlan las minas en el área, apodados como "sindicatos".
El informe sale a la luz en un momento de extrema tensión política en Venezuela, en donde la crisis por el COVID– 19 ha intensificado el aparato represor del Estado, según familiares de detenidos en Venezuela, también hay críticas cruzadas de los mismos familiares sobre el informe de Bachelet, calificándolo como insuficiente sobre la real situación en el país.
Una situación extremadamente delicada, en donde la pandemia global no hizo más que avivar los fuegos de la intolerancia, la desconfianza y el miedo.
Venezuela merece un trato justo por los organismos de Derechos Humanos, como cualquier país, y debe ser condenado si corresponde el caso, como también ha sido condenada la República Argentina por determinados hechos ante incumplimientos de los tratados o violaciones a los Derechos Humanos.
La ONU intenta desbloquear la crisis de derechos humanos en Venezuela
Ningún Estado escapa a la posibilidad de cometer delitos contra sus propios ciudadanos, de lo que estamos seguros, es que una democracia tiene muchas más herramientas para evitar este tipo de atropello que una dictadura.
Cuando nos referimos al trato igualitario y universal de los DDHH, hablamos de todos los Estados, sin excepción.
El embajador Villegas hace una clara referencia diplomática hacia una salida pacífica del conflicto en Venezuela, al declarar: “Nuestra región está llamada a incrementar sus esfuerzos para encontrar una salida pacífica, política y negociada a esta grave crisis multidimensional liderada por los propios venezolanos a través de elecciones inclusivas, transparentes y creíbles"
Una declaración que promueve la salida negociada de la crisis política, en donde la historia nos demuestra con acabada experiencia lo que sucede cuando los procesos políticos altamente cuestionados terminan por la vía de la intervención y las armas en nuestro Continente. Tales son los casos de Granada en 1983, Panamá en 1989 y Honduras en 2009.
Alberto, Venezuela y el problema del equilibrio
Los hechos parecen indicar un cambio de marea en relación a la opinión de nuestro Estado con la extensa crisis política venezolana.
La historia nos dirá si es el inicio hacia una política exterior más estable, con lineamientos claros sobre los valores universales que decimos defender, incluso en nuestra propia Constitución, para nuestro pueblo y para todos los pueblos del mundo, sin salvedades políticas ni partidarias, más que el irrestricto cumplimiento a los Derechos Humanos.
PM CP
