El derecho a una vivienda y a un hábitat adecuado es fundamental en los procesos de construcción de ciudadanía y el Estado es responsable de asegurar el cumplimiento efectivo de este derecho constitucional por medio de políticas públicas. Sin embargo, durante muchos años en los barrios populares de la Argentina el Estado estuvo ausente, y la única respuesta fue comunitaria en la construcción de redes de servicios de luz y agua, incorporando valor a esos territorios.
La buena noticia es que en la Ciudad de Buenos Aires sin duda hay un cambio de paradigma con la concreción de procesos de integración en varios barrios. No obstante, los desafíos sociales en un país que atraviesa una situación económica crítica persisten y obligan a la creatividad estatal para que estos procesos sean sustentables.
De acuerdo con el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP, 2018), existen 4.416 villas y asentamientos en todo el territorio nacional donde viven alrededor de 5 millones de personas. El 89% no tiene acceso al agua potable, el 98% a la red cloacal y 69% a la electricidad formal. Además, la gran mayoría de las familias no es la titular dominial de su vivienda.
Derecho de propiedad y derecho a la vivienda: un falso dilema
En respuesta a ésta problemática en 2018 el Gobierno Nacional sancionó la Ley 27.453, un avance importante en el que se declara de interés público el régimen de integración sociourbana de los barrios populares identificados en el RENABAP y crea el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), cuyo objetivo es financiar las actividades que resulten necesarias para cumplir con esta normativa. A nivel local, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires viene avanzando en la implementación de leyes de reurbanización particulares para la Villa 20, 31 y 31 bis, Rodrigo Bueno y el Playón de Chacarita, entre otras urbanizaciones en el camino de sirga del Riachuelo.
Cabe destacar que los procesos de integración urbana no pueden escindirse de las políticas de inclusión social, ya que la población de los barrios populares suele encontrarse en su mayoría por debajo de la línea de pobreza.
En tal sentido, y buscando analizar la sustentabilidad de estos procesos, desde la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en conjunto con el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) realizamos un estudio para analizar la estructura de gastos de los hogares del Playón de Chacarita en la etapa previa y posterior a la mudanza, en el marco del proceso de reurbanización. Es esencial considerar los impactos socioeconómicos que implican para las familias los gastos asociados al nuevo hogar, como la cuota del pago de la vivienda, las expensas, los gastos de servicios por consumos propios y comunes, las tasas de alumbrado, barrido y limpieza, entre otros. Todo ello impacta de manera directa en los ingresos familiares, los cuales no se modifican por el hecho de acceder a una vivienda en condiciones formales.
Derecho de propiedad: ¿Y si tomamos ese terreno?... ¿o mejor aquel?
Algunos datos salientes del estudio: la media de los hogares en la etapa post mudanza gasta el 94% de su ingreso total. En relación a la etapa pre mudanza (80,7%) el gasto aumentó en un 13,3%. Una gran parte de los ingresos (37,5%) son destinados para el gasto de alimentos y bebidas, lo que también evidencia la vulnerabilidad alimentaria de las familias. Por otro lado, el trabajo advierte que el 26,7% de las familias encuestadas solicitan préstamos –bancarios, a prestamistas y/o a familiares o amigos– y el 28,8% utiliza tarjeta de crédito para afrontar los gastos cotidianos. Esto demuestra que un alto porcentaje de ellas suman otras deudas en sus economías mediante mecanismos de financiación para poder afrontar sus gastos corrientes.
Por estos motivos, es que se vuelve tan importante contar con políticas de empleo que garanticen el desarrollo de la población, de forma de anticipar un impacto negativo en las economías de los hogares debido a la modificación en sus estructuras de gastos por los nuevos costos asociados a su vivienda. En ese marco, acertadamente la Ciudad sancionó la Ley de Promoción de la Economía Social que implica un avance en el fomento de la economía popular, al brindar nuevas herramientas para impulsar el desarrollo productivo del sector y generar empleo de manera sostenida. Es solo por medio del empleo que se puede garantizar la sustentabilidad en ambos niveles, tanto social como urbana.
Para avanzar hacia una urbanización integral y garantizar la continuidad en el tiempo de este proceso, es fundamental el acompañamiento del Estado y el establecimiento de políticas públicas centradas en la inclusión social y productiva de las y los habitantes de los barrios populares. Reconocer y potenciar su trabajo para integrarlos a las cadenas de valor, mejorar sus condiciones de vida y evitar situaciones de inequidad. Ello es difícil en un contexto económico inflacionario que acentúa la pobreza, pero políticas locales que buscan profundizar la empleabilidad y reconocer el valor de la economía popular sin duda son auspiciosas y deben profundizarse.
* Bárbara Bonelli. Defensora del Pueblo Adjunta de CABA.
