El poner en agenda el derecho de propiedad respecto de las tierras improductivas es otro golpe en la línea de flotación a nuestro sistema republicano de gobierno, además de vulnerar nuestra Constitución Nacional.
Toda persona tiene todo el derecho de poseer en su patrimonio ya sea un pequeño lote, un terreno o miles de hectáreas productivas o improductivas, toda vez que esa propiedad no solamente la adquirió con el esfuerzo de su trabajo, sino que abona por ella suculentos impuestos.
Instalar este tema parece nada feliz en época de pandemia con más de 86.000 familias llorando a sus muertos.
Si bien es cierto que todo habitante tiene el derecho a una vivienda digna, ese derecho culmina cuando avasalla otro, tal el de violentar la propiedad privada.
Las usurpaciones de tierras y el Gobierno
Es inentendible que, en este momento de clima social acuciado por la economía, la crisis sanitaria y las altas estadísticas de pobreza, se incursione sobre un tema tan sensible como lo es la propiedad de la tierra, sea improductiva o productiva.
Ello podría dar lugar a situaciones impensadas, tales como la defensa de las tierras por mano propia por parte de sus legítimos propietarios, lo cual es repugnante en un Estado de Derecho y en un régimen republicano de gobierno.
El ciudadano se encuentra harto de soportar el “reino del revés”. El usurpador de tierras, por más que cometa un delito penal, no es reprimido.
El delincuente detenido in fraganti sale por una puerta más rápido que la víctima que se encuentra radicando la denuncia contra aquel que, minutos antes, intentó robarle a punta de pistola.
La falsa contradicción entre derecho a la propiedad y función social de los bienes
El policía no puede actuar como es debido porque si repele el accionar delincuencial, es pasible no sólo de sumarios, sino de poner punto final a su carrera quedando su familia sin comer.
A ello se le suma un conurbano castigado y fustigado por la terrible inseguridad.
Si hubiese una toma de tierras improductivas, entiendo que no existirá una decisión de política criminal que instruya, al instante, detener a los intrusos por usurpar la propiedad privada.
Toma de tierras: cuando lo propio no tiene valor
Mientras tanto el ciudadano mira atónito este escenario del “reino del revés”.
Está cansado de padecer necesidades básicas insatisfechas; la inseguridad; del denodado esfuerzo por sobrevivir; el salir todos los días a hacer changas y llegar a su casa con lo justo o subsistir en una pyme con sus reservas sin despedir a sus empleados de toda la vida, entre otros ejemplos.
Esto refleja la coexistencia de dos sistemas antagónicos. Uno el que pregona la toma de tierras, la salida de presos y la puerta giratoria de la justicia.
Derecho de propiedad y derecho a la vivienda: un falso dilema
El otro sistema; el del laburante, el desempleado que se desvive para tener trabajo, el empresario o comerciante que sobrevive; el estudiante; el colegio rural donde los chicos caminan kilómetros para asistir a clases con sus maestros los cuales poseen asistencia perfecta; el esfuerzo de los padres que viven en barrios carenciados para que sus hijos estudien, los emprendedores, entre otros.
Por todo ello, parecería necesaria una decisión política que repela la usurpación de tierras y, a su vez, una política de estado que tienda a construir miles viviendas para los necesitados, sin que ello implique menoscabo alguno para los legítimos propietarios de tierras sean o no productivas.
Ante esto tenemos dos sistemas coexistiendo. No sabremos cuál de ellos triunfará a futuro. Esa verdadera elección, que será la única y definitiva, se encuentra en manos de todos nosotros.
