El desempleo en Argentina alcanzó niveles altísimos en los últimos años, trayendo innumerables trastornos y pérdida de la calidad de vida a muchas familias. Esa gente hoy desempleada -en su gran mayoría- ni piensa en asistencialismos del Estado, sino que, a pesar de la depresión que sufre producto de la incertidumbre que le genera no tener ingresos y la frustración que conlleva los sueños opacados de mejorar o mantener su estándar de vida o su subsistencia, salen en búsqueda de trabajo, muchas veces soportando filas interminables de postulantes que se encuentran en idénticas condiciones y/o envían currículums a cientos de empresas sin obtener respuesta alguna.
Esa gente, ávida de conseguir un empleo, es la fuerza productiva de un país que, acostumbrado a las adversidades producto de sus recurrentes crisis económicas, no baja los brazos. Esas personas con voluntad y necesidad de obtener o mantener un trabajo digno, serán parte del imprescindible eslabón con que cuenta Argentina para la salida de la recesión, toda vez que, lo definitorio en toda empresa, industria, comercio y/o PyMES es la calidad humana, la motivación, proactividad, la aptitud, productividad y esmero de sus integrantes.
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Ahora bien, las personas que hoy viven de los planes sociales: ¿Estarán capacitadas para las exigencias de un mercado laboral como el actual? Y de estarlo: ¿Tendrán la intención de insertarse en el mismo, o su voluntad será vivir de manera permanente del asistencialismo estatal?
Sobre este punto, se exteriorizan dos posibilidades: a) de existir personas que viven de planes sociales y que deseen trabajar, sería muy propicio que desde el Estado se arbitren los medios para que ese individuo se capacite a fin de obtener un trabajo u oficio digno que le permita llegar cansado a sus casas, pero con la satisfacción de haber logrado un ingreso producto de su esfuerzo, sustituyendo el subsidio estatal por el ingreso genuino y, b) Para aquella persona que pretenda no resignar el asistencialismo del Estado y no tenga la mínima voluntad de trabajar, es allí que deberá establecerse el lineamiento a seguir con este segmento poblacional, siendo ésta una decisión meramente política que quedará en manos de la dirigencia gubernamental de turno.
Lo cierto es que el gasto público va en aumento y es de los propios impuestos de donde se obtienen los ingresos para afrontarlo.
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La presión fiscal que soporta el sobreviviente a esta crisis es alarmante, por lo cual sería catastrófico el impacto en los bolsillos de un nuevo impuesto sumado a los ya existentes para afrontar las erogaciones estatales, cuando en la actualidad una persona debe trabajar seis meses solo para abonar impuestos y con los ingresos de los otros seis meses procurar su subsistencia de todo el año como la de su grupo familiar. A todo esto, el Estado brinda una deficiente salud pública, ni que hablar de seguridad, o la educación, entre otros.
Es por esto que el segmento poblacional de mejores recursos, contrata esos servicios básicos a prestadores privados, con el altísimo costo que ello implica.
A raíz de lo expuesto, el sentimiento del que trabaja es que el abonar impuestos es tirar dinero a la basura, porque no ve contraprestación alguna a su parte desde el propio Estado Nacional, sino que lo que percibe es una constante asfixia, atosigamiento, hastío, presión y agobio por parte de aquel.
Definitivamente será la nueva administración quien deberá resolver de raíz esta situación dentro de un contexto social crítico como el que transitamos.
Como colofón a esta opinión -la cual escribo desde la Provincia de Misiones- citaré unos ejemplos vivenciados que, a mi criterio, representan a la mayoría de los argentinos.
En la Provincia citada, y concretamente en la Ciudad de El dorado mantuve una charla con Franco Caneva, un estudiante secundario de la Escuela de Educación Técnica Nro. 6 de esa localidad. Un adolescente que el año anterior presentó -junto con un grupo de alumnos- un proyecto de “detector de somnolencia de choferes de vehículos” a fin de morigerar accidentes en procura de optimizar la seguridad vial. Franco y equipo, como muchos otros adolescentes, son el futuro de nuestra Argentina. No provoquemos que se vayan del país a triunfar al exterior.
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En otro orden, tuve el placer de conocer a la Profesora Doctora Gabriela Escalada, quien no solo ejerce la profesión de abogada, sino que asiduamente da clases en la escuela de una Colonia en Montecarlo, Misiones, donde para llegar debe transitar desde su casa 24 kilómetros de ruta y 7 kilómetros de tierra.
La Doctora no se queda en su “zona de confort” (dentro de su oficina en una localidad de altísimas temperaturas y con aire acondicionado), sino que cumple con dar la debida educación de sus alumnos, aunque llegue a dar clases con sus zapatos mojados o húmedos e impregnados de tierra colorada.
Por último, también en la localidad de El dorado, Misiones, me comentaron con mucho orgullo que un vecino de nombre Milcíades, de 19 años, trabaja en una pizzería para procurarse sus ingresos y, con ellos, poder abonar su segundo año en el profesorado de inglés en un Instituto privado, obteniendo calificaciones sobresalientes.
Estos casos, que seguramente se replicarán por miles en toda la Argentina y mucho de los cuales no los conocemos, son los que nos demuestran que el apego al trabajo, la cultura del esfuerzo, estudiar buscando una meta u objetivo y la dignidad de procurarse un ingreso, no han caído en saco roto.
Son muchos argentinos los que desean un trabajo y no el asistencialismo, como también son mayoría la gente con vocación y voluntad de superarse, demostrándo a su familia y a la sociedad que la Argentina se construye sólo con trabajo genuino, esfuerzo y capacitación.
Mi profundo deseo es que el Gobierno de turno, sea cual fuere, valore a esta gente que nos enorgullece como compatriotas, no los expriman con la terrible voracidad fiscal que no los deja crecer, con el agravante que, aun mediando la citada voracidad, tampoco crecen los ingresos del propio Estado Nacional, sino que, contrariamente, deviene en paupérrimo en lo que se refiere a la prestación de los servicios básicos a la ciudadanía.
