El gobierno Milei celebra la media sanción del Presupuesto 2026 en Diputados, pese a que le rechazaron un capítulo que era esencial para la gestión liberal libertaria.
La intención oficialista era anular por ley una importante cantidad de gasto público contenida en el financiamiento universitario, la discapacidad y deudas a provincias, entre otras.
Todo contenido en el capítulo 11 del proyecto de ley de Presupuesto. La disputa política parlamentaria impidió ese objetivo y muchos especularon con un potencial veto presidencial a la ley de presupuesto.
Sin embargo, el gobierno igual festeja, porque el mayor gasto contemplado al no eliminar los contenidos del capítulo 11, pasará por la lógica de la “motosierra”, es decir, por la continuidad y profundización del ajuste fiscal.
Se festeja que, por primera vez, pasados ya dos años de gestión, el gobierno tendrá ley de presupuesto, una exigencia de los organismos internacionales, de acreedores y potenciales inversores.
El Presupuesto otorga legalidad y legitimidad a los actos de gobierno, precondición de la seguridad jurídica demandada por el gran capital. No importa la “seriedad” de las cuentas presupuestadas, sino el instrumento en general.
Más aún, la ley de presupuesto contiene la autorización para una deuda externa de legislación extranjera por el equivalente de US$ 36.000 millones al tipo de cambio actual.
De ese modo, el Poder Legislativo autoriza al Ejecutivo al endeudamiento, y con eso intentar suplir la ausencia de disponibilidad de divisas para hacer frente a los vencimientos del próximo año.
La presión del FMI y los acreedores apunta a fortalecer las reservas internacionales, que tienen un saldo negativo.
El gobierno no compra divisas para evitar el alza del tipo decambio y su traslado a precios, conteniendo uno de los principales activos políticos gubernamentales en la baja de la inflación.
Ahora, con el cambio de la política cambiaria, Milei y Caputo se comprometen a comprar divisas, dicen: US$ 10.000 millones.
Claro que la corrección en las bandas cambiarias favorece un proceso de devaluación que puede impactar en la suba de precios.
En ese marco y para evitar otros problemas, el gobierno requiere de manera urgente el ingreso de divisas para enfrentar vencimientos de la deuda pública externa.
Lo ideal, señalan desde el oficialismo, es el ingreso de inversores para la producción y exportación de bienes comunes, en el agro, la minería o la energía.
Ante las dificultades para el ingreso genuino de divisas, sea por una balanza comercial positiva insuficiente o vía inversiones externas, el atajo es el ingreso de deuda, un condicionante histórico desde la genocida dictadura (1976).
Una deuda pública que ha sido reestructurada en todos los turnos constitucionales desde 1983, excepto en las condiciones de rebelión popular a fines del 2001.
Por eso, el modelo productivo y de desarrollo capitalista local, bajo gestión Milei, se sostiene en un carácter primario exportador, más la financiación externa, potenciando la dependencia y subordinación al régimen del capital.
No alcanza entonces con algunos traspiés en la actividad parlamentaria. El desafío para otro rumbo económico se asienta en el accionar popular de confrontación a la política oficial, en la búsqueda de una alternativa política: una asignatura pendiente.
La deuda pública es la condición de posibilidad para mantener expectativas socio políticas mientras se avanzan en reformas estructurales que demandan inversores externos y el gran capital, especialmente la reforma laboral.
En ese marco, la lucha social actúa como antídoto y hace inestables los logros electorales y parlamentarios, al tiempo que se asume como práctica y experiencia hacia una nueva identidad político social que les otorgue sentido a las aspiraciones populares.
