viernes 27 de mayo de 2022
OPINIóN
13-05-2022 07:00

Ley de Alquileres: "Es necesario incluir y visibilizar la problemática del alquiler informal"

Cada vez son más las personas que se ven imposibilitadas de acceder a una vivienda en condiciones formales y muchas terminan engrosando el número de habitantes de los barrios populares que sufren déficits habitacionales

13-05-2022 07:00

La actual Ley de Alquileres (27.551), sancionada en junio de 2020, se encuentra en el centro del debate como herramienta de política habitacional y de acceso a la vivienda.

La norma en vigencia generó diversas controversias y posturas sobre su impacto en la sociedad. Los puntos principales de discusión se enmarcan en el plazo mínimo de la locación que es de 3 años; la actualización anual a través de un índice conformado en partes iguales por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), elaborado y publicado mensualmente por el Banco Central (BCRA).

Ahora bien, más allá de posiciones respecto de esta ley, que como toda necesita de información y tiempo para ser evaluada como política pública, lo cierto es que su debate, como uno de los ámbitos constitutivos de búsquedas de herramientas efectivas para garantizar el acceso a la vivienda, tuvo una marcada ausencia: la realidad de las personas que alquilan en las villas y asentamientos que se encuentran despojadas de regulación y garantías no estuvo ni está presente en el debate.

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Cada vez son más las personas que debido a las barreras económicas y requisitos del mercado formal de viviendas (presentar garantías propietarias, acreditación de ingresos formales, seguros de caución costosos, pagos de depósito, entre otros) se ven imposibilitadas de acceder a una vivienda en condiciones formales. Muchas de ellas terminan engrosando el número de habitantes de los barrios populares que sufren déficits habitacionales.

De acuerdo a los datos del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP, 2018) en nuestro país hay 4.416 barrios populares, dando razón de 511.775 viviendas de las cuales el 3% son alquiladas. Sin embargo, en el ámbito local el porcentaje de las viviendas alquiladas en las villas y asentamientos es seis veces superior (18%). Estos datos demuestran que el alquiler informal en los barrios populares es un fenómeno social concentrado en la Ciudad de Buenos Aires que precisa de atención.

 

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Ley de Alquileres: las personas que alquilan en las villas y asentamientos que se encuentran despojadas de regulación y garantías.

 

Según un informe de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2018) que analiza las condiciones de vida de inquilinos/as en las villas, la población que reside en ellas ronda las 300.000 personas. El trabajo revela que entre quienes alquilan en barrios populares el 33,7% vive en condiciones de hacinamiento; dentro de ese porcentaje el 25,2% lo hace en condiciones de hacinamiento no crítico y el 8,5% de hacinamiento crítico. En cuanto al acceso a diferentes servicios públicos, un 18,2% de las personas encuestadas aún no tienen cloaca y el 8,9% no tiene acceso a agua corriente. Además, el 70,7% de los casos accede a la electricidad de manera informal.

Por otro lado, respecto a las preocupaciones de las personas inquilinas de las villas, el estudio demostró que el tema de la vivienda es una de las principales. En ese sentido, un 33,5% se inclinó por alguna de las variables relacionadas con la vivienda como primer motivo de preocupación: servicios públicos en el barrio 7,3%; dificultades para alquilar 6,8%; acceso a la vivienda propia 4,6%; inundaciones por lluvias 3,3%, entre otros.

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Los datos reflejan las condiciones de vulnerabilidad en las que viven los inquilinos/as en las villas que ven afectado su derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado.

En estos barrios, los problemas no se reducen solamente a las condiciones edilicias precarias, a la inseguridad o a la falta de acceso a servicios públicos sino que la ausencia de vigencia de la ley y de mecanismos efectivos para su cumplimiento, coloca a sus habitantes en una permanente situación de incertidumbre y desprotección contra los desalojos, las amenazas y el hostigamiento. Además de sufrir distintos tipos de discriminación al momento de alquilar, hay un marcado problema que redunda en la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes ya que los propietarios/as prefieren alquiler a personas o grupos familiares mayores de edad.

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Asimismo, sucede que fruto de la inseguridad jurídica los montos de alquiler aumentan discrecionalmente en cualquier momento del año o del mes (7% de inquilinos/as manifestó que se les hacen incrementos mensuales) y también ocurre que sin previo aviso quienes ostentan la calidad de poseedores desalojan a las familias inquilinas porque quieren hacer uso del espacio para algún familiar, alguien que pague más dinero o simplemente para otro uso.

Todo esto evidencia que la realidad de la población inquilina que vive en un marco de informalidad, a pesar de ser una problemática poco o nada visibilizada, demanda el desarrollo de políticas públicas concretas, sostenidas y eficientes que atiendan a la particularidad y especial vulnerabilidad de quienes alquilan bajo casi nulas condiciones de previsibilidad. De lo contrario se sigue dejando desprotegido a uno de los universos más vulnerables que corresponde a las familias que alquilan en villas y asentamientos.

 

 

* Bárbara Bonelli. Defensora del Pueblo Adjunta de CABA.