La actual Ley de Alquileres (27.551), sancionada en junio de 2020, se encuentra en el centro del debate como herramienta de política habitacional y de acceso a la vivienda.
La norma en vigencia generó diversas controversias y posturas sobre su impacto en la sociedad. Los puntos principales de discusión se enmarcan en el plazo mínimo de la locación que es de 3 años; la actualización anual a través de un índice conformado en partes iguales por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), elaborado y publicado mensualmente por el Banco Central (BCRA).
Ahora bien, más allá de posiciones respecto de esta ley, que como toda necesita de información y tiempo para ser evaluada como política pública, lo cierto es que su debate, como uno de los ámbitos constitutivos de búsquedas de herramientas efectivas para garantizar el acceso a la vivienda, tuvo una marcada ausencia: la realidad de las personas que alquilan en las villas y asentamientos que se encuentran despojadas de regulación y garantías no estuvo ni está presente en el debate.
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Cada vez son más las personas que debido a las barreras económicas y requisitos del mercado formal de viviendas (presentar garantías propietarias, acreditación de ingresos formales, seguros de caución costosos, pagos de depósito, entre otros) se ven imposibilitadas de acceder a una vivienda en condiciones formales. Muchas de ellas terminan engrosando el número de habitantes de los barrios populares que sufren déficits habitacionales.
De acuerdo a los datos del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP, 2018) en nuestro país hay 4.416 barrios populares, dando razón de 511.775 viviendas de las cuales el 3% son alquiladas. Sin embargo, en el ámbito local el porcentaje de las viviendas alquiladas en las villas y asentamientos es seis veces superior (18%). Estos datos demuestran que el alquiler informal en los barrios populares es un fenómeno social concentrado en la Ciudad de Buenos Aires que precisa de atención.
Según un informe de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2018) que analiza las condiciones de vida de inquilinos/as en las villas, la población que reside en ellas ronda las 300.000 personas. El trabajo revela que entre quienes alquilan en barrios populares el 33,7% vive en condiciones de hacinamiento; dentro de ese porcentaje el 25,2% lo hace en condiciones de hacinamiento no crítico y el 8,5% de hacinamiento crítico. En cuanto al acceso a diferentes servicios públicos, un 18,2% de las personas encuestadas aún no tienen cloaca y el 8,9% no tiene acceso a agua corriente. Además, el 70,7% de los casos accede a la electricidad de manera informal.
Por otro lado, respecto a las preocupaciones de las personas inquilinas de las villas, el estudio demostró que el tema de la vivienda es una de las principales. En ese sentido, un 33,5% se inclinó por alguna de las variables relacionadas con la vivienda como primer motivo de preocupación: servicios públicos en el barrio 7,3%; dificultades para alquilar 6,8%; acceso a la vivienda propia 4,6%; inundaciones por lluvias 3,3%, entre otros.
Los datos reflejan las condiciones de vulnerabilidad en las que viven los inquilinos/as en las villas que ven afectado su derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado.
En estos barrios, los problemas no se reducen solamente a las condiciones edilicias precarias, a la inseguridad o a la falta de acceso a servicios públicos sino que la ausencia de vigencia de la ley y de mecanismos efectivos para su cumplimiento, coloca a sus habitantes en una permanente situación de incertidumbre y desprotección contra los desalojos, las amenazas y el hostigamiento. Además de sufrir distintos tipos de discriminación al momento de alquilar, hay un marcado problema que redunda en la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes ya que los propietarios/as prefieren alquiler a personas o grupos familiares mayores de edad.
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Asimismo, sucede que fruto de la inseguridad jurídica los montos de alquiler aumentan discrecionalmente en cualquier momento del año o del mes (7% de inquilinos/as manifestó que se les hacen incrementos mensuales) y también ocurre que sin previo aviso quienes ostentan la calidad de poseedores desalojan a las familias inquilinas porque quieren hacer uso del espacio para algún familiar, alguien que pague más dinero o simplemente para otro uso.
Todo esto evidencia que la realidad de la población inquilina que vive en un marco de informalidad, a pesar de ser una problemática poco o nada visibilizada, demanda el desarrollo de políticas públicas concretas, sostenidas y eficientes que atiendan a la particularidad y especial vulnerabilidad de quienes alquilan bajo casi nulas condiciones de previsibilidad. De lo contrario se sigue dejando desprotegido a uno de los universos más vulnerables que corresponde a las familias que alquilan en villas y asentamientos.
* Bárbara Bonelli. Defensora del Pueblo Adjunta de CABA.
