La presentación que hizo ayer Cristina Kirchner, a través de sus abogados españoles, terminó siendo, a mi juicio, un enorme favor para el gobierno de Javier Milei. Los argumentos que expusieron son de una magnitud tan extraordinaria que cuesta encontrarles una explicación racional. Sostener que es una perseguida política por su condición de mujer, que su intención de competir en unas eventuales primarias la habilitaría automáticamente para ser candidata presidencial y que el Gobierno estaría dispuesto a eliminar las PASO exclusivamente para perjudicarla conforma un relato que roza el delirio.
¿Qué explica semejante planteo? Hay varias posibilidades. La primera, y para mí la más probable, es el delirio mismo. La segunda, que se trate de una maniobra política destinada a condicionar la candidatura de Axel Kicillof y la negociación de las listas dentro del kirchnerismo. Es decir: si no hay acuerdo interno, Cristina amenaza con volver a escena para complicar a su principal rival. Es una hipótesis posible. Lo que resulta mucho más difícil de entender es el razonamiento jurídico y político que sus abogados decidieron poner sobre la mesa.
Cristina Kirchner busca habilitar su candidatura para 2027
Todo esto, naturalmente, entretiene a la política y, sobre todo, al periodismo militante. Sin embargo, hubo una interpretación que me resultó todavía más sorprendente. Escuché a un comentarista sostener que esta estrategia de Cristina Kirchner constituye un intento de golpe de Estado. Francamente, hay que tener una enorme irresponsabilidad para afirmar semejante cosa. No voy a mencionar quién lo dijo porque sospecho que forma parte de un libreto que probablemente otros repitan. Confieso que este tema me hace perder cierta distancia profesional. Me resulta intolerable porque no solo banaliza conceptos gravísimos como un golpe de Estado, sino que además deteriora profundamente el ejercicio del periodismo. Cuando se reemplaza el análisis por consignas y exageraciones, la profesión pierde credibilidad y los únicos perjudicados terminamos siendo todos.
Pero mientras esa discusión ocupaba la agenda, el Gobierno desarrolló otro argumento igualmente preocupante. Aseguró que existió una campaña internacional organizada contra la Argentina a partir de distintos episodios posteriores al Mundial. Según esa versión, no se trató de reacciones aisladas amplificadas por las redes sociales —algo que ocurre todos los días con cualquier tema conflictivo— sino de una operación coordinada. Las explicaciones que se ofrecieron para justificar esa supuesta campaña fueron perdiendo consistencia a medida que avanzaban. Agustín Laje habló de una ofensiva del "wokismo", como si existiera una organización centralizada capaz de dirigir acciones globales contra un país. Más tarde, el propio presidente Javier Milei vinculó esa campaña con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. Son interpretaciones que, en mi opinión, revelan una preocupante pérdida de equilibrio.
Lo más inquietante no es solamente el diagnóstico, sino las consecuencias que empiezan a desprenderse de él. Porque si se parte de la premisa de que existe una conspiración internacional contra la Argentina, cualquier medida termina pareciendo justificable. De allí aparecen decisiones que poco tienen que ver con el problema original, como cuestionar la presencia de estudiantes extranjeros en la Universidad de Buenos Aires o avanzar sobre normas que amplían las facultades del Poder Ejecutivo para impedir el ingreso o expulsar del país a personas que hayan criticado a la Argentina.
Ese es el verdadero problema. Cuando se construye un enemigo permanente, la tentación autoritaria aparece con demasiada facilidad. Incluso ya escuché a quienes proponían impedir el ingreso al país de la cantante española Rosalía por comentarios críticos sobre la Argentina. Es el extravío del extravío. Se empieza naturalizando una exageración y se termina justificando cualquier disparate.
Todo este clima recuerda inevitablemente a ciertas prácticas impulsadas por Donald Trump, donde la persecución de quienes piensan distinto se convierte en una herramienta política. Por eso creo que estamos entrando en una zona muy peligrosa. No es una preocupación nueva; hace tiempo vengo señalando que la Argentina corre el riesgo de perder el equilibrio institucional y político en medio de relatos cada vez más extremos.
Mientras algunos sostienen que la eventual candidatura de Cristina Kirchner constituye un golpe de Estado porque podría alterar las expectativas económicas, el presidente suma declaraciones que alimentan ese mismo clima de confrontación permanente. Todo termina encadenándose: los delirios de un lado justifican los excesos del otro y viceversa.
LMM
