La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner apunta a participar de la próxima contienda electoral. Este miércoles se anunció una presentación ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU para levantar la inhabilitación de por vida para presentarse en cargos electorales que pesa sobre ella, a partir de la sentencia en la causa Vialidad. En conferencia de prensa, su abogado Carlos Beraldi agregó que la estrategia de acudir a organismos internacionales es porque, con el rechazo de la Corte de un recurso de queja considera clausurada la posibilidad de accionar en el ámbito judicial local.
Con esa denegatoria, de junio del año pasado, el Máximo Tribunal confirmó en los hechos la condena del Tribunal Oral Federal 2 en la causa Vialidad y anuló la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner se presente como candidata a diputada bonaerense en las legislativas del año pasado, tal como había expresado que era su voluntad. “La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal. La privación de la libertad por seis años es sólo la accesoria. Quieren impedir que una parte del pueblo argentino pueda volver a elegir libremente el proyecto que representa sus esperanzas”, afirmó en una carta abierta que difundió este miércoles, horas antes de la conferencia de prensa en un hotel del centro porteño.
Del intercambio con periodistas participaron Beraldi, el abogado brasileño Rafael Valim, un especialista en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y Derechos Humanos que participó del equipo que defendió a Lula Da Silva cuando fue condenado a prisión, y el español Javier Borrego, quien fue juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los tres conforman el equipo que representa a la expresidenta.
Los abogados anunciaron que en la presentación ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU —que según pudo saber PERFIL ingresó a mediados de julio— se pidió que se suspenda la inhabilitación para presentarse como candidata, que se revisen las condiciones de la prisión domiciliaria (Borrego remarcó que la ex presidenta debe moverse con la tobillera electrónica incluso dentro de su casa) y que se integre “de manera inmediata” la Corte Suprema con el total de los miembros: el Máximo Tribunal funciona desde diciembre de 2024 con tres jueces, en lugar de los cinco que indica la ley.
Quién es el abogado extranjero que ahora defenderá a Cristina Kirchner por la causa Vialidad
“La comunicación individual presentada ante la ONU no es una agresión al Estado argentino sino que es un mecanismo jurídico previsto en la Constitución. No queremos un tratamiento de excepción. Queremos que una ciudadana argentina sea tratada como corresponde”, dijo Valim en la ronda con periodistas.
Los abogados de la expresidenta dijeron que las decisiones del Comité de Derechos Humanos de la ONU son vinculantes para los Estados que son parte, como la Argentina. Y explicaron que el Comité puede emitir una medida cautelar por alguno o todos los puntos que reclama la defensa y que sobre el tema de fondo puede demorar años en pronunciarse.
Aunque para el equipo que defiende a CFK la resolución del Comité de la ONU es vinculante, la Corte Suprema falló en 2017 en la causa Fontevecchia y D’Amico vs Argentina que los organismos internacionales no constituyen "una cuarta instancia de revisión". En disidencia se pronunció en ese momento el juez Juan Carlos Maqueda.
Ante una consulta, dijeron que eligieron presentarse ante la ONU y no ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque consideraron que el Comité “tiene mayor efectividad”.
Sobre la condena en la causa Vialidad
“Queremos que el Comité sepa que hubo fraude en el procedimiento”, dijo el jurista español Borrego, que remarcó la hostilidad del Poder Judicial local hacia la primera mandataria por su condición de mujer. En ese sentido, retomó un argumento que planteó CFK en su carta pública: “Cuando una mujer es perseguida con un nivel de violencia, de estigmatización y de arbitrariedad que excede cualquier límite razonable, llegando al extremo de funcionar como un incentivo para que atenten contra mi propia vida (como sucedió el 1 de septiembre del año 2022), no estamos simplemente frente a una injusticia individual. Estamos frente a una manifestación del profundo machismo que aún sobrevive en instituciones que deberían garantizar igualdad, imparcialidad y respeto por la dignidad humana”.
Beraldi, en tanto, remarcó que a la expresidenta se le atribuye responsabilidad por dictar el decreto 54/2009 que incluyó como beneficiaria de un fideicomiso a la Dirección Nacional de Vialidad, y señaló que los presidentes no administran dinero de dicha Dirección y subrayó que dicho decreto continúa vigente.
