viernes 20 de mayo de 2022
OPINIóN preservación de los recursos naturales
23-01-2022 02:51

Desintoxicación política y ambiental

23-01-2022 02:51

La defensa del ambiente requiere traducirse en acciones concretas que muestren resultados de alto impacto para el cuidado de nuestra casa común. Diversas tendencias dan cuenta de una senda insostenible: pérdida de biodiversidad, contaminación, escasez de recursos naturales estratégicos y cambio climático amenazan la salud de nuestro ambiente, de nuestro pueblo y de nuestra economía.

El año 2021 culminó con récords de víctimas por desastres naturales en décadas. La ola de calor en Canadá provocó 600 muertes, inundaciones en Alemania causaron 170 decesos y el Huracán Ida dejó 50 fallecidos en Estados Unidos. Las tragedias no discriminan entre países ricos y pobres. Los incendios y las sequías se multiplicaron por todo el planeta, desde China hasta América Latina, con pérdidas económicas que superaron los 100.000 millones de dólares y 1,3 millones de personas desplazadas de sus hogares (Christian Aid, Informe Anual).

En nuestro país, se calcula que anualmente las inundaciones generan pérdidas de activos (infraestructura, viviendas) de entre 500 millones y 1400 millones de dólares y pérdidas de bienestar entre 1500 y 3900 millones de dólares (Banco Mundial, Impactos de las crisis climáticas en la pobreza y la macroeconomía en la Argentina, julio de 2021). Por su parte, los últimos datos de la Bolsa de Comercio de Rosario indican que “el estrés hídrico de verano hizo caer la proyección de cosecha de soja y maíz 9 y 8 millones de toneladas, respectivamente. En total, el impacto sobre la economía argentina se estima en 4.800 millones de dolares, o un 1% de su PBI potencial”.

La defensa de nuestros recursos naturales es en esencia una labor solidaria. Todos los países están expuestos a la degradación ambiental y comparten la misma suerte. Asistir a uno es socorrer a todos. Empujar a uno es condenarnos todos.

Argentina demostró que no es imposible vincular defensa del ambiente, inclusión y financiamiento

En esta panorama, la Argentina demostró recientemente que no es imposible vincular defensa del ambiente, inclusión social y mayor financiamiento. El país recibió 82 millones de dólares del Fondo Verde del Clima (FVC) para proteger los bosques nativos y contribuir a disminuir la contaminación ambiental. Se trata de la transferencia más importante que para esta finalidad percibió una nación latinoamericana.

La decisión refleja el apoyo de la comunidad internacional a las acciones llevadas a cabo por el país en materia de cambio climático y a los avances en el cumplimiento de los compromisos asumidos en el Acuerdo de París y otros acuerdos ambientales, una convicción transformada en verdadera política de Estado.

La Argentina logró una reducción equivalente a 165 millones de toneladas de dióxido de carbono a partir de la deforestación evitada en las regiones del Parque Chaqueño, en la Selva Tucumano Boliviana, en el Espinal y en la Selva Misionera.

El desembolso es una consecuencia de largo aliento de la sanción en 2007 de la ley de bosques nativos, que redujo sustancialmente la deforestación ilegal en el país. Los recursos se ejecutarán de forma conjunta con la agencia de las Naciones Unidas para la alimentación (FAO) y centros académicos del país, con una mirada federal.

El Proyecto de Pagos Basados en Resultados de REDD+ (reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques) se integrará al Plan de Acción Nacional de Bosques y Cambio Climático. El objetivo es la protección de 4,5 millones de hectáreas de bosques nativos que representan 8,5% del área total de bosques argentinos.

Consolidar la agenda ambiental y de preservación de los recursos naturales, como las cuencas forestales, implica extender el área de bosques, incentivar una agroindustria respetuosa con el ecosistema, desarrollar planes integrales inclusivos para las comunidades indígenas y campesinas, y adoptar medidas de prevención de incendios y atención temprana. Los fondos contribuirán a fortalecer las economías regionales asociadas a los bosques nativos y las comunidades en las áreas rurales, beneficiando de forma directa a siete mil familias.

Este reconocimiento no debe conformarnos ni llamarnos a falsos triunfalismos. Queda por delante muchísimo por hacer. Como lo hemos expresado desde este mismo espacio con anterioridad, el FVC creado en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Cmuncc) necesita fortalecerse con más capital y agilizarse con una gobernanza transparente que lo convierta en una pieza fundamental de la acción climática del planeta. Solo a partir de un efectivo cumplimiento de los países desarrollados del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas será posible financiar los costos de transición y descarbonización de las economías en desarrollo a gran escala.

Al tiempo que avanzamos en la movilización de recursos, de modo de incluir también al sector privado, y diversificar las fuentes de financiamiento para el FVC, debemos acelerar los tiempos de la parte inicial del ciclo de los proyectos, y mostrar resultados concretos y de alto impacto para generar un círculo virtuoso de finanzas sostenibles que incluya a los bancos multilaterales de desarrollo. Justamente el tipo de resultados que hoy exhibe la Argentina y recompensa la comunidad global.

La tarea del FVC también podría impulsar operaciones de canje de deuda por acción climática y otros mecanismos innovadores de financiamiento. Como aseguró esta semana Jeromin Zettelmeyer, vice Director de Estrategia del FMI, los canjes de deuda por clima pueden ser útiles para resolver cuellos de botella en la financiación de las inversiones climáticas si liberan espacio fiscal, y si brindan certeza a los acreedores privados de que podrán mejorar sus portafolios si los países ingresan en sendas sustentables de crecimiento (Using Debt-for-Climate Swaps to Solve Two Crises at Once, Global Development Policy Center).

Los consensos alcanzados demuestran que lo que nos une es más importante que las diferencias

En este punto hay coincidencia con el último comunicado del V20, el grupo de países más vulnerables al cambio climático, que incluye a Colombia, Costa Rica, Guatemala, República Dominicana y Haití, entre otros. Esta suma de voces a favor de proporcionar un alivio al endeudamiento y vincularlo a la defensa del ambiente es un llamado a realizar mayores esfuerzos de coordinación multilateral.  

A nivel local, la política ambiental es un eje transversal de la política social y la política productiva. El Consejo Económico y Social (CES) lanzó una serie de iniciativas complementarias con un amplio respaldo multisectorial para detener la pérdida de biodiversidad y promover el uso de energías limpias, en el marco de una de sus cinco misiones: “Ecología integral y desarrollo sustentable”, que apunta a convertir a la Argentina en un líder regional en materia climática y ambiental y apalancar recursos de financiamiento verde.

Los consensos alcanzados entre trabajadores, empresarios, académicos y la sociedad civil demuestran que en la práctica aquello que nos une es más importante que las diferencias que nos separan, una verdad aún más evidente cuando se trata de la salud del planeta.  

Al igual que los bosques nativos y los ecosistemas estratégicos  tienen un poder curativo al capturar gases de efecto invernadero y proveer servicios ecosistémicos clave para el desarrollo global, necesitamos también palabras, hechos y proyectos nacionales que siembren concordia para desintoxicarnos de hostilidad y permitan la construcción solidaria de un desarrollo humano integral y sostenible.

*Secretario de Asuntos EstratégicosPresidente del Consejo Económico y Social.

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