Hace tiempo que las relaciones de trabajo no encuentran un formato actualizado que guíe los vínculos entre capital y trabajo.
Es cierto que dependen de múltiples factores de la economía política, pero también es destacable que no se logra sin vínculos virtuosos entre los representantes de ambos sectores, imposibilitando un crecimiento sostenible que impulse la igualdad y el bien común.
En los últimos tiempos vemos con preocupación cómo se ha instalado la violencia en el marco del conflicto social. Se ha incrementado los procesamientos a dirigentes sindicales, allanamientos a organizaciones sociales, acompañado de una fuerte campaña mediática.
Se intenta instalar que el conflicto es “extorsivo” y los “bloqueos” son ilegales, retrocediendo un siglo en la concepción de derechos colectivos de excepción (huelga, protesta, acción sindical y social, negociación colectiva).
La “criminalización de la protesta y de la acción social y sindical” se ha incrementado en forma notoria, la mayoría de las declaraciones públicas y los medios de difusión se refieren al sujeto visible, o los sujetos movilizados, sin recabar ni atender el objeto y la situación que la motiva.
La crisis política, social y económica va incrementando la exaltación de las contradicciones. La pobreza, la indigencia y el hambre acentúan la angustiosa situación de millones de compatriotas.
Las leyes que reglamentan son anacrónicas y responden a paradigmas del pasado; fueron diseñados para un sistema de producción y de organización del trabajo esencialmente distinto al actual.
El “Modelo Sindical Argentino”, (tantas veces observado por los organismos de control de la OIT y declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia), actúa como concentrador del sujeto de la negociación y del conflicto. El modelo monopólico de representación está cada vez más alejado de los intereses de sus representados.
La pobreza y el hambre acentúan la situación de millones de compatriotas
La inacción del Ministerio de Trabajo ha paralizado los trámites de inscripciones gremiales y personerías impidiendo legalizar los nuevos colectivos El “sindicalismo empresario” ha impuesto la dilación sistemática de autoridad de aplicación.
La denominada “personería gremial” es un escollo para que los intereses de trabajadores y empleadores confluyan en negociaciones rápidas y eficaces que resuelvan con equidad la conflictividad y que establezcan métodos de organización de producción acordes con la tutela y la productividad.
Los acuerdos y convenios ya celebrados rara vez establecen condiciones de trabajo, reduciéndose a la actualización salarial de inflación pasada.
La herramienta adecuada es el diálogo social. Es imprescindible modificar las leyes de asociaciones sindicales y de negociación colectiva que otorgan una “patente monopólica” a algunos sindicatos en detrimento de otros.
Debe permitirse que cualquier entidad suficientemente representativa tenga acceso a la negociación colectiva.
Un diálogo social amplio con todas las entidades sindicales de tercer grado y las organizaciones de la economía popular que permita arribar a acuerdos de efectivo cumplimento para reproducir en los niveles inferiores de negociación colectiva.
Reformular el derecho social a través del debate y la gestión, por intermedio de los mecanismos clásicos de la negociación: renunciamientos recíprocos, buena fe y voluntad de alcanzar acuerdos.
Pluralizar el diálogo de cara a la sociedad con mandatos claros y visibles. Una negociación que movilice a los sectores y provoque discusiones públicas de ideas, sin presiones ni “operativos” mediáticos que condicionan y estrechen los esfuerzos de los productores reales. Hace falta un diálogo con resultados.
Parece utópico, sin embargo, es el camino más adecuado y posible para que la crisis la resuelvan los actores sociales y no lo termine imponiendo el Estado por la fuerza en nombre del “orden” y el “interés común”.
*Director del Departamento Jurídico de la CTAA y profesor adjunto regular consulto de la UBA.
