En esta semana se celebran dos aniversarios que a pesar de tener diferentes orígenes se encuentran sustancialmente relacionados por los valores que expresan y tienen en Argentina una especial significación. El 10 de diciembre se cumplen los treinta y ocho años de la culminación de la última dictadura militar que marcó la historia del país por la comisión de ominosos crímenes de lesa humanidad. El 10 de diciembre se celebra el día de los Derechos Humanos, conmemorando la fecha en que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que es el inicio de un camino universal de conciencia sobre protección de los derechos humanos y de la instauración de sistemas supranacionales de control. En 1950, la Asamblea adoptó la resolución 423 invitando a todos los Estados y organizaciones interesadas a que observen el 10 de diciembre de cada año como Día de los Derechos Humanos.
Esta fecha me conduce a recordar que la forma democrática de estado es la garantía genérica de la vigencia de los derechos humanos. Ni la separación de funciones en distintos órganos ni la desconcentración de poder tienen un fin último mayor que ser los únicos mecanismos conocidos hasta el momento para asegurar a las personas el efectivo ejercicio de sus múltiples derechos. La evolución social ha incrementado notablemente los derechos humanos originarios no sólo en su contenido sino también en sus sujetos activos pues se acrecienta cada vez más nuestro catálogo de derechos - el acceso a internet es un excelente ejemplo de ello- pero las personas físicas ya no somos sus únicos titulares sino también los grupos sociales de diversa índole. Ese conjunto de personas y derechos forman un entramado complejo que sólo una democracia institucionalmente sólida puede resguardar.
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La recuperación del orden constitucional perdido significó el deseo de una democracia que garantizara las libertades canceladas durante los numerosos gobiernos de facto que desde 1930 hasta 1983 se sucedieron con mayor fortaleza que los gobiernos electos. El voto mayoritario a la fórmula encabezada por Raúl Alfonsín fue un voto contra la violencia, contra la guerra absurda a la que él se había opuesto, contra la intolerancia simbólicamente representada en el atáud quemado por el sindicalista Saúl Ubaldini. Pero también la esperanza de que la calidad institucional fuera acompañada de una prosperidad igualitaria. El presidente electo había seducido a su electorado con la afirmación de que con la democracia se come, se educa y se sana.
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Sería injusto desconocer que mucho se ha avanzado en el reconocimiento jurídico de derechos. Desde la ratificación de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos realizada durante los primeros años de la transición democrática hasta su elevación a rango constitucional por la reforma de nuestra Carta Magna en 1994, pasando por un conjunto de leyes que ratifican o consagran derechos, nuestro ordenamiento jurídico se ha visto enriquecido con normas que cumplen esta función. Sin embargo, la realidad muestra con crudeza que el ejercicio de esos derechos le hes vedado a un cada vez más extenso grupo de población excluido de condiciones mínimas de vida. Nuestra sociedad no ha reencontrado un camino que conjugue calidad institucional y bienestar general.
El cada vez más elevado número de personas en situación de pobreza debilita la vigencia de nuestro sistema democrático. Sin lugar a dudas, la dificultad demostrada en estos treinta y ocho años para encontrar un sistema político que funcione con calidad y transparencia es una causa directa de la ausencia de un sistema más igualitario en la distribución de bienes.
Ambos aniversarios nos encuentran con la misma deuda frente a los mayoritarios grupos excluidos de mínimas condiciones de bienestar. Creo que la pérdida de la noción de bienestar general y de los sacrificios individuales y sectoriales que su logro implican ha influido también en esta imposibilidad de acatar normas jurídicas que han fortalecido la consagración y protección de los derechos humanos. El desafío del presente es honrar los valores que ambas fechas recuerdan y formular nuevamente el pacto social que impone el cumplimiento de un conjunto de reglas para el beneficio de todos. Sólo el respeto del derecho nos conducirá al bienestar general, que es un fin esencial de nuestro acuerdo constitucional, como expresa el olvidado preámbulo de nuestra Constitución.
