Aunque no exista un solo feminismo, el que se impone a nivel popular viene de la mano de las activistas con la visibilidad necesaria para poder formar opinión, diseñar discursos, regentear consensos y promover líneas de acción.
A partir de su paso a la masividad, en 2015, las voceras de la problemática vinculada a las mujeres y minorías sexuales se jactaron de inquietar al poder, identificado con ese cuco que fue el patriarcado hasta que el Covid-19 lo destronó. Hábil, durante su asunción, Alberto Fernández dijo: “Ni una Menos debe ser una bandera de toda la sociedad y de todos los poderes de la república”, y reforzó la idea en el lanzamiento de la Semana de las Mujeres en el CCK: “Lo único que hago es tratar de ponerme al frente para ir acompañando desde el Gobierno lo que ustedes día a día hacen. Si seguimos así, en cuatro años habremos terminado con la desigualdad definitivamente en la Argentina. Las mujeres mueven el mundo, pero algunos hombres ayudamos a hacerlo”.
La crisis global evidencia que la desigualdad en términos económicos es más profunda y radical que la de género, y hace que esta clase de declaraciones suenen desfasadas. Pero el compromiso de atender al feminismo desde la Presidencia sigue vigente y el semisilencio del movimiento de género resulta llamativo. A veces aparece algún señalamiento poco sustancial, como cuando Vilma Ibarra tuiteó: “Ninguna reunión de personas empresarias y sindicalistas con el Gobierno está completa sin mujeres”, o como cuando algunas activistas destacaron que Fernández detuvo una foto grupal de funcionarios porque no aparecía ninguna mujer y convocó a una médica para que el “cupo” pareciera mínimamente cubierto.
Alguien podría decir que el horror de la pandemia justificó encuarentenar recursos con los que interpelar a las instituciones. Sin embargo, en otros países, lejos de neutralizar demandas, el virus llevó a los feminismos a involucrarse activamente con los sectores más vulnerables de la sociedad y proponerse como un canal de comunicación entre estos y el poder de turno.
A través de la de la Feminist Alliance for Rights (FAR) se difundió a mitad de marzo una declaración colectiva para demandar a los Estados nacionales nuevas acciones de cara al Covid-19, destinadas a las comunidades marginales. El texto insta a hacer cumplir los derechos humanos de las mujeres que viven en la pobreza, pero añade a niños, ancianos, discapacitados, enfermos, población rural, personas sin hogar, refugiados, migrantes y apátridas, comprendiendo la coyuntura actual en términos verdaderamente amplios e inclusivos. Destaca la necesidad de garantizar una alimentación de calidad para fortalecer el sistema inmunitario, el acceso a una educación no precarizada, la atención presencial en casos de violencia intrafamiliar y el apoyo legal para enfrentar el abuso policial, entre otros ítems. Feministas de distintos países ponen sus voluntades al servicio de estas causas mediante asesorías gratuitas, donaciones, etc.
Con el aumento del número de infectados que viven por debajo de la línea de pobreza, el feminismo local que se ufanó de practicar un modo evolucionado de justicia social podría ir más allá de tuitear algo a propósito de Ramona o de señalar los privilegios propios y ajenos. La desprotección que padecen las mujeres pobres (y quienes rodean a esas mujeres) pone a prueba la veracidad de numerosos eslóganes y poses de corte revolucionario. Hasta el momento, la descripción más certera parece ser la de Pola Oloixarac, escritora y columnista de este medio: “Las nuevas sensibilidades feministas no suelen reconocer sus deudas con el capitalismo neoliberal. A pesar de sus consignas psicobolches, el último feminismo encuentra su estructura sentimental formada íntegramente por él, llegando a acelerarlo”.
*Periodista, guionista y docente.
