América Latina es hoy el epicentro de la pandemia, aumentando exponencialmente la cantidad de casos y evidenciando un cambio de escenario que hace a la necesidad de repensar la forma de llevar adelante el calendario electoral en la región.
Desde la declaración de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, en Latinoamérica se celebraron tan solo tres elecciones de todas las programadas para esta primera mitad del año. Inició República Dominicana, que el 15 de marzo acudió a las urnas para votar los cargos municipales –luego de haber sido suspendidas las elecciones en la jornada electoral de febrero– y recientemente siguieron Surinam, y San Cristóbal y Nieves.
La mayoría restante pusieron en suspenso los procesos electorales, empezando por Chile, quien tenía previsto para el 26 de abril realizar un plebiscito constitucional y el 25 de octubre elegir gobernadores regionales, y el Poder Ejecutivo dispuso la postergación de ambas elecciones, siendo las nuevas fechas el 25 de octubre, para el plebiscito; el 29 de noviembre las elecciones primarias municipales y regionales y el 11 de abril de 2021 la de constituyentes en caso de ganar el sí, además de alcaldes, concejales y gobernadores.
El 3 de mayo estaban dispuestas las elecciones presidenciales en Bolivia, convocadas en medio de una crisis política e institucional iniciada a finales de 2019. El 21 de marzo, el Tribunal Supremo Electoral de este país decidió suspender el calendario electoral y elevar un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para postergar los comicios. Luego de más de dos meses de dificultades para la determinación de una nueva fecha, y con el consenso de todas las fuerzas políticas del país, el Tribunal volvió a elevar este mes un proyecto de ley estableciendo como fecha límite para la celebración de elecciones el 6 de septiembre, que la Asamblea finalmente aprobó.
El calendario electoral previsto seguía el 10 de mayo, con las elecciones departamentales de Uruguay. Ante las advertencias de la Corte Electoral de dicho país de las dificultades con las que se encontrarían a lo largo de todo el proceso electoral, el Poder Legislativo también decidió postergar los escrutinios y la Corte Electoral fijó como nueva fecha para las elecciones el 27 de septiembre.
República Dominicana siguió un proceso similar a estos países. Acudían a las urnas el 16 de mayo para las elecciones presidenciales y legislativas; previo a la toma de decisión sobre la suspensión del calendario electoral, se solicitó la opinión de todos los partidos políticos, evidenciando una vez más, la importancia del consenso político en la toma de decisiones de esta índole. Debido a que la Constitución de ese país en su art. 126 establece que las autoridades electas deben asumir el 16 de agosto, se decidió también la nueva fecha para el día 5 de julio, y una posible segunda vuelta el 26 de julio.
Otros países como México, que tenía elecciones estatales en Coahuila e Hidalgo para el 7 de junio, y Paraguay con sus elecciones municipales para el 8 de noviembre, decidieron también posponer sus comicios. Mientras que en México aún no se ha definido aún la nueva fecha, recientemente el Poder Ejecutivo de Paraguay promulgó la ley que dispone la celebración en un plazo de hasta un año, a definición del Tribunal Supremo de Justicia Electoral. Perú y Argentina, con elecciones municipales en los distritos de Chipao y Río Cuarto, respectivamente, también debieron suspender sus comicios.
Este panorama evidenció la necesidad del trabajo conjunto de todos los actores involucrados en los procesos a fin de pensar en cómo trabajar la nueva agenda, y los partidos políticos han desempeñado un rol fundamental en este nuevo contexto, buscando consensos para dimensionar la gravedad de la pandemia y acordar la postergación de las elecciones.
El nuevo escenario va a requerir que los organismos de gestión electoral tomen medidas sanitarias que garanticen a la ciudadanía el ejercicio del derecho al voto sin poner en riesgo su salud; pero también va a demandar que las fuerzas políticas consensuen nuevas estrategias en cuanto al despliegue de las campañas y la liturgia electoral.
* Directora del Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de América Latina y el Caribe (Copppal) y Directora Ejecutiva de Política Institucional de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.
