Las políticas de género y sexualidad han ganado espacio en el debate público de la Argentina. En cuatro décadas de democracia se lograron cambios trascendentes en el marco legal, en las estructuras del Estado y en las calles, aunque persisten brechas y desigualdades que nuestra sociedad no ha conseguido eliminar.
En 1991, la ley de Cupo Femenino permitió la llegada de más mujeres al Congreso. Desde las bancas, la presencia de legisladoras fue clave para la aprobación de normas que tuvieron impactos muy concretos en la vida personal y política. La ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; la incorporación de la figura del femicidio en el Código Penal; las leyes de Matrimonio Igualitario e Identidad de Género, la “ley Micaela” que estableció la capacitación obligatoria de todo el personal estatal para prevenir la violencia; o las leyes de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política y de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, son ejemplos de la incidencia de los movimientos de mujeres y de la diversidad sexual.
En estos mismos años los feminismos se renovaron, actualizaron sus estrategias de incidencia y sus demandas ingresaron en una diversidad de espacios. Las clásicas agendas de participación política, derechos sexuales y (no)reproductivos, eliminación de la violencia e igualdad económica se conectan con exigencias de corresponsabilidad en las tareas de cuidado, justicia ambiental y fiscal. En este suelo emergió el #NiUnaMenos, alentando la creación de nuevos ámbitos de gestión feminista.
Las políticas públicas con “lentes de género” son potenciadoras de la democracia
Pero el género es también una categoría cuestionada. Para sectores que objetan abiertamente los posicionamientos feministas, lo que llamamos “perspectiva de género” (una lente que permite observar y cuestionar las desigualdades de poder construidas, no naturales, que colocan a mujeres, niñas y colectivos de la diversidad sexual en situación de desventaja estructural) sería una maliciosa “ideología” orquestada para destruir la familia. Se trata, vale resaltarlo, de una falsificación que distorsiona los objetivos del feminismo. Desde posiciones menos radicalizadas, pero críticas de la estatalidad feminista, las políticas de género se consideran prescindibles. En cualquier caso, se corre el riesgo de revertir avances en la desnaturalización de las tareas domésticas como “inherentemente” femeninas, o en la erosión de la complicidad social frente a todas las formas de violencia y discriminación por motivos de género.
Lejos de ser innecesaria, la existencia de políticas públicas “con lentes de género” que sean efectivas y transformadoras es imprescindible para potenciar la democracia y su vínculo con el desarrollo inclusivo. Sin estas herramientas, difícilmente logremos disminuir la carga de trabajo no remunerado que sigue recayendo principalmente en mujeres y niñas, condicionando sus trayectorias; reducir la brecha salarial y la mayor informalidad laboral de las mujeres; revertir la falta de oportunidades de las personas trans; mitigar el impacto de la crisis climática y sus riesgos para la salud, la alimentación, los medios de vida y la seguridad de las mujeres y niñas más vulnerables; así como erradicar los femicidios y los trans-travesticidios que atraviesan la geografía del país. Todas estas desigualdades se agudizan cuando operan en conjunto con otros factores de discriminación. Y cuando no se abordan, la democracia se debilita y los derechos peligran.
Entonces, ¿es posible aspirar a tener más y mejor democracia con menos feminismo? ¿Es el desarrollo compatible con la persistencia de las profundas asimetrías de poder que desvalorizan a las mujeres, las niñas, las personas no binarias y trans, y les niega oportunidades en forma sistemática? Más aun, ¿puede una sociedad con niveles elevados de inequidad progresar de forma sostenible sin políticas explícitas y consistentes para revertir la desigualdad estructural y la violencia de género? En la respuesta a estas preguntas se juega el bienestar general.
*Miembro del Consejo Asesor del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina. Investigadora y Profesora de la Unsam. Tw. @MCaminotti1
