Los 20 países que están reunidos en Roma este fin de semana tienen la oportunidad de sumar otro “país”. Una nación que no tiene territorio pero sí bandera: la bandera de la solidaridad global. Este G21, como despliegue del “G20 + un valor universal”, afronta un conjunto de desafíos que podríamos sintetizar en los siguientes temas.
Estados inteligentes. Los gobiernos tienen una responsabilidad ineludible para crear las condiciones de una pronta recuperación de la economía impulsando redes de asistencia social; diseñando planes de inversión en infraestructura resiliente; privilegiando el acceso a la vivienda, a servicios de salud, el cuidado infantil, la asistencia nutricional. Los paquetes de impulso económico llegaron en algunos países desarrollados a 18% del PBI, mientras que promediaron 4,3% en América Latina.
Acceso a vacunas. El porcentaje de la población con el esquema completo de vacunación en Estados Unidos o Europa supera el 50%. En América Latina es de 17%. Esta asimetría se refleja a su vez en el ritmo de recuperación económica. Resulta fundamental garantizar el acceso a vacunas y edificar mecanismos solidarios de waivers para los derechos de propiedad en casos críticos de crisis sanitarias globales. Esta decisión, que cuenta con antecedentes en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC), es clave para potenciar la producción local de vacunas.
Generación de empleo. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estimó que el desempleo juvenil en América Latina alcanzó el 23,8%. Cerca de 3 millones de jóvenes dejaron de buscar empleo ante la falta de oportunidades por la pandemia. Los planes de asistencia social son útiles para atender la emergencia en el corto plazo, pero el desarrollo debe estar acompañado de nuevos empleos de calidad, capacitación laboral y formación docente. La recuperación de la economía necesita prestar especial atención al desarrollo de las pymes que son las principales generadoras de empleo. Es lo que el economista Dani Rodrik denominó la “metamorfosis del crecimiento”, cuando las políticas sociales y productivas se fusionan con idénticas herramientas y metas.
Acción climática urgente. Debemos construir una nueva arquitectura financiera internacional solidaria. El cumplimiento del Acuerdo de París precisa de un incremento sustancial en el financiamiento para el cambio climático. La ingeniería financiera debe incluir una canalización de los Derechos Especiales de Giro (DEG) emitidos por el FMI desde los países ricos a los países de ingresos bajos y medios, que en conjunto fueron destinatarios de solo la tercera parte de los 650.000 millones de dólares asignados en DEGs.
Participación del sector privado. Para alcanzar los volúmenes de inversión que los países de la región necesitan, estimados en 700.000 millones de dólares al año 2030 para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el sector privado debe tener un rol fundamental, y los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD) necesitan intensificar sus estrategias de movilización de recursos privados.
Una banca de desarrollo verde. Los BMD requieren una capitalización y ser protagonistas de la recuperación, con instrumentos más ágiles y flexibles, operaciones contra cíclicas, y focalizando sus proyectos en cuestiones de adaptación y mitigación vinculadas al cambio climático, promoviendo una transformación de la matriz energética para un mayor uso de energías limpias. También aplicando las nuevas tecnologías para la descarbonización de las economías. En la actualidad su financiamiento conjunto en la región no alcanza a cubrir el 15% de la brecha para financiar el cumplimiento de los ODS.
Alivio de la deuda pública. Los programas para amortiguar el impacto de la pandemia dejaron a muchas economías emergentes en situación de fragilidad financiera. En América Latina y el Caribe, el peso de la deuda pública pasó de un promedio de 52% del PBI en 2019 a 78% en 2020. Es fundamental elaborar mecanismos de alivio para estirar plazos y reducir costos, como son los canjes de deuda por clima, entre otros.
Impuesto a las grandes corporaciones. Cada vez más países se suman a la iniciativa de un impuesto de 15% que grave a las grandes corporaciones multinacionales, debatida en el seno de la OCDE. Con la incorporación reciente de Irlanda, Hungría y Estonia, ya son 136 naciones las que dieron el visto bueno a un sistema tributario global que contribuya a reducir inequidades.
Combate a paraísos fiscales. A partir de intercambios de información en las transacciones electrónicas, es preciso combatir las guaridas fiscales que tienen un efecto nocivo sobre la capacidad de los gobiernos para financiar políticas públicas. Según estimó Tax Justice Network (TJN), cada año se dirigen a los paraísos fiscales 427.000 millones de dólares, una cifra que supera el PBI de la Argentina y el de la mayoría de los países de la región.
Transparencia e integridad. Es necesario expandir a nivel nacional y en las instituciones internacionales el uso de políticas transparentes de datos para resguardar la privacidad de las personas. Ciberseguridad e inteligencia artificial son dos áreas transversales a las políticas públicas donde la acción multilateral debe ampliar las redes de cooperación.
Si la comunidad internacional acuerda medidas para potenciar, escalar y profundizar esta agenda, Roma podrá ser la bisagra que el mundo necesita para dejar atrás la pesadilla de la pandemia.
En eventos previos, incluyendo la Cumbre del Clima de las Américas encabezada por la Argentina, la Reunión Anual del FMI y el Banco Mundial, las reuniones con autoridades de los Estados Unidos y en el último comunicado del G24 de los países en vías de desarrollo sobre temas financieros que llamó al FMI a revisar su política de sobrecargos, tuvimos la oportunidad de enfatizar desde Argentina cuáles son los puntos críticos para avanzar en esta hoja de ruta virtuosa.
Las demoras en implementar decisiones valientes puede ser catastrófica para la salud global, tanto ambiental como social. Para superar este dilema, se trata de reemplazar el depreciado “Consenso de Washington” por lo que la economista Mariana Mazucatto (asesora externa de nuestro Consejo Economico y Social) denomina el “Consenso de Cornwall”, aludiendo a la ciudad británica donde tuvo lugar la ultima reunión del G-7 en el pasado junio. Allí Mazucatto presentó en nombre de Italia las bases de este consenso, conformado por la cooperación publico-privada y un Estado que promueva misiones compartidas; por un mundo que no mida su éxito en términos de incremento del PBI sino por el logro de objetivos sociales y ambientales comunes; por un modelo que no hable de re-distribución de riqueza sino de pre-distribución, evitando remediar tardíamente las fallas de mercado y promoviendo incentivos para desplegar un mercado consistente con el desarrollo sostenible.
Todo lo anterior tiene que ver y mucho con una racionalidad que lamentablemente estuvo ausente cuando la Argentina fue víctima de un endeudamiento tóxico en 2018. Se le prestó al país 57.000 millones de dólares, más de la mitad de lo que todo el mundo no fue capaz de desplegar durante la última década -100.000 millones de dólares- para apoyar el cambio climático. Prueba contundente de una contaminación financiera que resulta imperioso modificar para asegurar la salud ecológica global.
*Secretario de Asuntos Estratégicos. Presidente del Consejo Económico y Social.
