La decisión de la Corte Suprema de Justicia de rechazar el desembarco de Farmacity en territorio bonaerense si no se adecuaba a la ley que rige la actividad en la Provincia, representa un triunfo de la salud pública, como así también un respaldo a la autonomía provincial.
En primer lugar, se trata de un fallo que respeta la Ley de Farmacias, aprobada en la Legislatura con el apoyo de todas las fuerzas políticas, que es clara en cuanto a que las sociedades anónimas no pueden vender medicamentos en la Provincia. Además, y más importante, es una norma que pone a la utilidad pública por encima de la rentabilidad.
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A su vez, el máximo tribunal priorizó el criterio de la autonomía de las provincias y de sus leyes constitucionales, en una postura que ha sido compartida por todas las instancias judiciales. Por lo tanto, Farmacity ya no podrá tener un fallo a su medida.
¿Por qué digo esto? Porque desde la Defensoría del Pueblo bonaerense, junto al Colegio de Farmacéuticos de la Provincia, planteamos en 2017 esta lucha cuando casi parecía una causa perdida. Había dos figuras del poder Ejecutivo y Judicial que por entonces parecían inclinar la balanza: quien era el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, era también su propietario, y el exapoderado de la empresa, Carlos Rosenkrantz, había sido designado juez de la Corte.
El máximo tribunal priorizó el criterio de la autonomía de las provincias y de sus leyes constitucionales, en una postura que ha sido compartida por todas las instancias judiciales.
Todo parecía indicar que un fallo a favor de la empresa podría ser una realidad, pero la constante resistencia que asumimos para que no se le diera la espalda a nuestras normas en un tema tan sensible, más la decisión lógica de la Justicia a favor de nuestro reclamo, lograron evitar que Farmacity se instalara en la Provincia de forma ilegal.
La salud pública es uno de los principales pilares sobre los que se apoya nuestra vida democrática, y la pandemia no hizo otra cosa más que poner en primer plano el valor de privilegiar el valor sanitario por encima del económico o el especulativo.
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El fallo de la Corte, por lo tanto, no es en contra de Farmacity sino a favor del respeto a las leyes razonables que regulan la actividad y, por sobre todas las cosas, es una decisión que considera al derecho a la salud de los bonaerenses como lo más importante.
* Guido Lorenzino. Defensor del Pueblo bonaerense. @GLorenzino / @defensoriapba.
