La aceleración inflacionaria es una realidad mundial. Factores y circunstancias no deseadas por nadie condujeron a un escenario incómodo cuyo manejo no es fácil ni agradable. Y esto es una realidad inevitable para países de inflación más alta y persistente como en el caso de Argentina.
La lectura de las estimaciones privadas del Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde la intervención del INDEC hasta 2016 y las oficiales desde 2017 hasta la actualidad muestran que la inflación de nuestro país es una las 10 mayores del mundo desde el año 2009. En algunos años se ha subido al podio de los tres primeros, ostentando el “honor” de registrar la segunda mayor inflación del mundo en 2010 y 2014 y la tercera en 2019.
Inflación y gobernabilidad: una relación tóxica
El rol de los shocks sobre los precios internacionales suma una nueva dificultad que no puede negarse, pero no parece explicarlo todo. Entre fin de 2020 y marzo de este año el índice del Banco Mundial de precios de combustibles (carbón, petróleo crudo, gas natural y gas licuado) acumuló una suba de 156%. El de materias primas agropecuarias tuvo un aumento de 35,3%, los metales y minerales de uso industrial 41,8% y los fertilizantes 195%.
En dicho período el IPC de Argentina acumuló un incremento de 75,2%, pero el IPC de Brasil subió 13,6%, el de Uruguay 12,7%, el de Chile y el de Paraguay 11%, el de Colombia 10,2%, el de Perú 8,4% y el de Ecuador 3%. En todos los casos se observa una aceleración asociada a la invasión rusa a Ucrania, de directo impacto en los precios de materias primas, pero tanto el nivel como la variación de la inflación de nuestro país es significativamente mayor que la de estos otros países de la región al menos desde fin de 2020. La diferencia de nuestro país respecto del resto muestra que aun bajo controles de precios y de varios mercados, la recuperación económica post-pandemia no revirtió expectativas ni contribuyó a aumentar la demanda de dinero local.
El Gobierno entre la guerra contra la inflación y el aumento de la falta de credibilidad
Varios indicadores reflejan la desconfianza subyacente y la firmeza de las expectativas inflacionarias a futuro: las tasas de interés lejos están de converger a las internacionales, el Banco Central “lucha” por recuperar reservas internacionales líquidas mientras en el sector privado hay coincidencia general sobre estimaciones no menos de 350.000 millones de dólares no registrados del sector privado dentro y fuera del país, y la prima de riesgo país sigue “dura de bajar” desde los 1.700 – 1.800 puntos básicos. Además, el Informe del BCRA sobre “Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario” de marzo pasado muestra que aun bajo el cepo cambiario las compras de dólares de personas físicas siguen superando a las ventas.
El desafío para la próxima administración será el de revertir este escenario, pero para lograr un shock de confianza se requiere programa y equipos creíbles y comprometidos con un programa coherente de estabilización y crecimiento. Un punto clave será la definición de la política fiscal (más allá del programa relativamente “blando” acordado con el FMI) y del rol de la política monetaria. El punto de partida exigirá alguna definición respecto de la independencia operativa del BCRA, el financiamiento del fisco, las tenencias de deuda ilíquida del Tesoro en el activo del BCRA a cambio de girar utilidades de reservas, y la continuidad o no de la emisión de pasivos remunerados del BCRA. Entre fin de 2020 y fin de abril de este año el stock de la base monetaria creció de $2,47 billón a $3,51 billón (+42%), y el de pasivos remunerados del BCRA (pases pasivos y letras), de $2,84 billón a $ 5,45 billón (+92%). El crecimiento de estos últimos sólo podrá sostenerse si también lo hacen los depósitos en moneda local. Una pérdida de confianza de los depositantes forzaría a su pago con más emisión monetaria complicando aun mas el escenario monetario en curso. La experiencia de cuatro décadas atrás mostró claramente que este stock de pasivos remunerados de la autoridad monetaria no sólo debe dejar de crecer, sino reducirse significativamente o ser eliminado. ¿Cómo hacerlo sin desestabilizar el sistema bancario?
La inflación no es un maleficio ajeno al gobierno
La transición hasta diciembre de 2023 sigue siendo incierta. Nada permite prever reformas estructurales focalizadas en resolver, de mínima estos problemas. Sí es claro que será necesario un programa que requerirá aceptabilidad política, confianza en el programa y en sus ejecutores, y credibilidad. Esto es, un programa que suponga acuerdos y decisiones que reduzcan la incertidumbre, que no se limiten a satisfacer a los grupos particulares que defiendan los políticos que acuerden un programa de largo aliento, y que sea vinculante. Esto requerirá cláusulas precisas con premios y castigos explícitos y mecanismos que los tornen aplicables. Caso contrario, si el programa no es forzosamente vinculante, no será creíble ni cumplible.
La conflictividad social y la actual crisis de liderazgo de oficialismo y opositores no ayudan para nada. Intentar pronosticar la transición hasta diciembre del año próximo es una misión imposible. Lo que sugieren los ajustes próximos de tarifas públicas y precios regulados es una traslación a precios que forzará a más transferencias y emisión monetaria. Si además se prolonga el conflicto en Europa y no se resuelve rápido el cuello de botella por el COVID en los puertos chinos, tampoco se revertirá la escasez de ciertos productos importados ni la suba de precios en el exterior. En el mejor de los casos podría haber algún plan antiinflacionario creíble recién en 2024…
Inflación: no se necesitan recetas mágicas como la dolarización
Derrotar la inflación en nuestro país requerirá un marco institucional creíble y estable. El éxito de cualquier plan antiinflacionario dependerá de que se lo perciba como sostenible. Esto significa que sea un compromiso ejecutable y vinculante con políticas en las antípodas de la desordenada discrecionalidad de las últimas dos décadas. Pero si esto requiere abandonar la actual maraña de controles de precios y regulaciones, al menos inicialmente podría acelerarse la inflación, deteriorando la eventual credibilidad en un programa de estabilización factible. La tarea previa no sólo requiere imaginar secuencias de política aritméticamente coherentes, sino que además sean políticamente viables y creíbles. Esto exige acuerdos para reformas institucionales con mecanismos de ejecución y control explícitos. Las futuras políticas deben percibirse como creíbles y cumplibles, aun cuando algunos sectores, o quizás todos, al menos inicialmente deban perder algo. Caso contrario, ningún borrador o “paper” podrá ser aplicable de manera exitosa. Y un nuevo fracaso significará ingresar en un sendero de caída de actividad y empleo con aceleración inflacionaria que puede tornarse muy difícil de manejar.
* Héctor Rubini. Investigador del Instituto de Investigación en Ciencias Económicas de la Universidad del Salvador.
