Luego del dato de inflación del 4,5% en febrero, y en las puertas de aumentos de precios estacionales de marzo, el Presidente ha declarado la guerra contra la inflación. Más allá de la expresión tragicómica, más aún considerando el contexto internacional actual, se encamina el ejecutivo a seguir debilitándose en materia de credibilidad.
La inflación en marzo posiblemente ronde el 5% nuevamente en lo que será un ejercicio de humillación hacia quien declaró la guerra. En un mediano plazo los precios responden a la emisión monetaria, en el corto plazo hay precios claves como el tipo de cambio, salarios, tarifas entre otros que explican su dinámica.
Esta semana justamente se aprobó el nuevo crédito con el FMI. El programa asociado ya establece mecanismos de indexación y actualización de tarifas, la meta de acumulación de reservas impide el atraso cambiario. Estacionalmente también empiezan las discusiones paritarias. La probabilidad de ganar esa guerra en el corto plazo es nula. La economía tiene un piso de inflación del 60% que podría ser más elevado si se extiende el conflicto en Ucrania.
La guerra imaginaria de Alberto Fernández: elija con quién quedar bien, Presidente
Podría bien el ejecutivo encarar una mesa de negociación de acuerdos de precios e ingresos, pero para ello debe sincerarse en cuál será la inflación realmente. Sentarse en una mesa y no tener claro el sendero de los precios claves mencionados es sólo para hacer vidriera.
Existen, al menos, tres problemas políticos interrelacionados con lo inflacionario y el acuerdo con el FMI. El primero es que el memorando de entendimiento de políticas con el FMI está subestimando la inflación y presiona mediante otras metas para que la misma se acelere. De hecho, la meta fiscal es alcanzable solo con inflación en el cortísimo plazo.
El segundo nace en la economía y se traslada a la política. Es que el anuncio y la nueva subestimación de la inflación siguen socavando la credibilidad a más de 18 meses de terminar la gestión del gobierno actual.
El Gobierno promulgó la ley que aprueba el Acuerdo con el FMI
El tercero nace en la política y va hacia la economía. El acuerdo con el FMI no fue apropiado por la sociedad (lógico, no fue bien aclarado aún), pero menos por la clase política, y más grave aún por el mismo oficialismo. Parte del oficialismo lo votó en contra, parte de la oposición lo votó sólo para evitar el atraso de pagos con el organismo y quien negoció el acuerdo sigue criticando abiertamente al FMI y sus programas.
En concreto, y el FMI fue muy claro en su revisión del programa Stand By, si no se logra el ownership del programa, su ejecución puede llevar al fracaso. Todo el oficialismo está actuando en esa dirección y la responsabilidad no será del FMI. El propio G. Rice (vocero del FMI) remarcó este punto durante esta semana.
El ejercicio legislativo fue interesante porque mostró la capacidad de negociación entre sectores no radicalizados, algo bueno en vistas de evitar el péndulo político. No obstante, fue preocupante porque ninguno votó convencido sobre el éxito futuro, sino sobre el espanto de un salto a lo desconocido en las últimas décadas, el aislamiento internacional y la posibilidad de ser considerado un paria internacional.
