El Gobierno de Javier Milei, necesita que los dólares del colchón de la gran cantidad de ahorristas que tiene el país, salgan de la informalidad y colaboren con la economía nacional volcándose al sistema financiero.
El reciente proyecto presentado en la Cámara de Diputados, busca modernizar la normativa tributaria en sintonía con otras iniciativas en la materia desde que el Gobierno asumió.
Así, se trata de perfeccionar y dotar de mayor seguridad jurídica al régimen que establece la modalidad simplificada de declaración jurada del Impuesto a las Ganancias.
Nuevos requisitos de la inocencia fiscal
Se eliminan los límites de ingresos y patrimonio, cuando hoy es hasta mil millones de ingresos y 10 mil millones de patrimonio total.
El régimen queda abierto para todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país.
Los grandes contribuyentes ahora podrán adherir a la modalidad simplificada, pero no gozan de las presunciones, efectos liberatorios y demás beneficios de la ley.
Nueva presunción de inocencia ante una discrepancia significativa: si hoy ARCA impugna una declaración al notar un incremento del 15% o más, la presunción de exactitud cae automáticamente dada la discrepancia significativa.
Ahora, se introduce un umbral mínimo (aunque se supere el 15%) y no se quiebra la presunción si la diferencia nominal no alcanza el equivalente al 5% del monto de evasión previsto en la Ley Penal Tributaria. En resumen, si la diferencia no supera los $5.000.000, la presunción se mantiene.
Rectificaciones permitidas: el contribuyente ya no perderá los beneficios del régimen si se detecta una discrepancia significativa, ya que podrá presentar una declaración rectificativa y cancelar la diferencia más los intereses en un plazo de 15 días hábiles. Antes, se perdían salvo en el caso de facturas apócrifas.
Si el contribuyente rectifica y paga el ajuste para no perder los beneficios, pero luego la justicia revoca la impugnación de ARCA, se le restablece plenamente la presunción de exactitud y ARCA está obligada a reintegrar los importes pagados en un plazo de 45 días hábiles.
La oposición, con el peronismo y Provincias Unidas, critican esta iniciativa y advierten que permitiría blanquear dinero ilícito; poniendo como ejemplo la investigación contra Manuel Adorni, puesto que habilita un régimen para quienes ejercen la función pública y son políticamente expuestos.
Además, refieren que peca de inconstitucional porque el Estado no puede renunciar a su capacidad de fiscalización. A lo que se suma, como de costumbre, la acusación de dibujar con el término simplificación un blanqueo encubierto de capitales (exteriorización de activos no declarados).
Diego Fraga, abogado tributarista especializado, comenta que “el nuevo Régimen Simplificado de Ganancias persigue tres objetivos distintos, que conviene no confundir.
“El primero es facilitar el cumplimiento: ARCA preliquida el impuesto y simplifica la presentación de la declaración jurada. El segundo —y más relevante para los contribuyentes elegibles— es concentrar el riesgo fiscal en el período base, que para quienes adhieran ahora será 2025”, agrega.
“Si la declaración se presenta correctamente y se paga en término, opera el llamado ‘tapón fiscal’ sobre Ganancias e IVA de los años anteriores, salvo que ARCA impugne ese período y demuestre una discrepancia significativa.
“El tercero es generar condiciones para que bienes o fondos que permanecían fuera del circuito declarado puedan incorporarse a la economía formal con mayor seguridad jurídica. Aunque existen versiones que pretenden limitar este último objetivo al dinero, la redacción vigente no parece restringir el tapón a una categoría específica de activos”.
La maquinaria del Ministro Caputo intenta con este proyecto “recargado” logre algo que la anterior iniciativa no consiguió: tentar a los que ahorraron en dólares bajo el colchón a que vuelquen los mismos en una economía necesitada dándoles la seguridad para animarse.
