El jueves 30 de julio, Javier Milei anunció por cadena nacional un nuevo conjunto de reformas destinadas, según sus palabras, a terminar con las condiciones que hicieron posible la inflación argentina. El eje principal fue una modificación de la Carta Orgánica del Banco Central para prohibir de manera taxativa el financiamiento monetario del Estado.
Pero el Presidente anunció también la creación de un “grillete fiscal”, un mecanismo que buscará impedir que el Estado vuelva a incurrir en déficit y que incluso prevé un cierre parcial —un “shutdown”, en lamentable reflejo anglófilo— de la administración pública cuando el Congreso apruebe gastos que rompan el equilibrio de las cuentas públicas.
No hay demasiadas novedades conceptuales en el anuncio. Milei lleva años sosteniendo argumentos rudimentarios y monocausales sobre estos asuntos. El problema, a nuestro modo de ver, es que, a esta altura, la idea de que el déficit fiscal constituye por sí mismo un problema —y que el equilibrio debe ser un objetivo permanente de la política económica— excede ampliamente a Milei.
Más aún, vemos con profunda preocupación que una parte relevante del peronismo parece haber incorporado esa premisa.
Las diferencias, por supuesto, existen y son importantes. No es lo mismo equilibrar las cuentas públicas mediante crecimiento de los ingresos que hacerlo reduciendo jubilaciones, salarios, educación, salud u obra pública. Pero tenemos que discutir una premisa que se está convirtiendo demasiado rápidamente en sentido común: ¿es efectivamente el déficit fiscal el problema central de la economía argentina? ¿Existe evidencia para afirmar que es la causa última y principal de nuestro problema inflacionario?
Tomamos para este ejercicio los últimos veinte años comparables disponibles en la base del World Economic Outlook del Fondo Monetario Internacional, entre 2005 y 2024. Durante ese período, Argentina tuvo déficit fiscal en 15 de los 20 años y un resultado fiscal promedio equivalente a -3,07% del PBI. Hay 111 países que tuvieron déficit en más años que Argentina durante esas dos décadas y setenta países tuvieron un resultado fiscal promedio más deficitario que Argentina.
Entonces, hay algo que tiene que ver con el más estricto y mínimo uso de la lógica y la contrastación empírica: si el déficit fuera una explicación suficiente de la inflación, esos países deberían haber registrado, al menos aproximadamente, inflaciones mayores que Argentina. Y ocurrió exactamente lo contrario.
De esos 70 países con un déficit fiscal promedio mayor al argentino, 67 tuvieron menos inflación que Argentina. Algo parecido sucede entre los países que acumularon déficit durante más años que nosotros: de los 110 para los cuales se puede efectuar la comparación, 107 tuvieron menos inflación que Argentina.
Argentina, mientras tanto, tuvo una inflación anual promedio cercana al 42% en los 17 años para los cuales existen datos comparables en esa ventana —el FMI no informa la serie argentina para 2014, 2015 y 2016— y se ubicó entre los países de mayor inflación del mundo.
El punto no es demostrar que los déficits fiscales son siempre inocuos. Mucho menos que cualquier nivel de gasto pueda financiarse de cualquier manera y durante cualquier período.
El punto es sencillísimo: si cientos de países tienen déficits durante décadas sin experimentar inflaciones remotamente parecidas a la argentina, el déficit no puede ser considerado una explicación suficiente de nuestra inflación.
Países con enormes déficits pueden tener baja inflación y países con déficits moderados pueden tener inflaciones altísimas. Para pasar del desequilibrio fiscal a la inflación hace falta incorporar otras mediaciones: la estructura productiva, la disponibilidad de divisas, el régimen cambiario, las condiciones de acceso al crédito y la moneda en la que se financia el Estado.
El problema político que se deriva de la aceptación acrítica de esta proposición infundada es que si cada discusión parte de ella entonces es muy fácil aceptar que una universidad, un hospital, una jubilación, una obra pública o una política científica deben demostrar primero que “hay plata” para existir.
El equilibrio fiscal funciona como una especie de principio moral para justificar recortes en políticas públicas aun cuando su costo sea marginal respecto del tamaño de la economía. Y estamos muy cerca de no poder frenar que se instale lo que el propio Presidente de la Nación nos dice: que todo impuesto es un robo. Si nadie debería esperar nada de ningún otro ciudadano, el “no hay plata” deja de ser una verdad coyuntural y, en dos minutos, dejamos de ser una sociedad.
No es casual que ninguno de nosotros y nosotras esté discutiendo lo que de verdad deberíamos discutir: quién paga los impuestos. Vivimos en uno de los países más regresivos en términos de su estructura tributaria. En Argentina, los impuestos sobre bienes y servicios representan alrededor del 54,9% de la recaudación tributaria, contra el 49,2% en América Latina y apenas alrededor de un tercio en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Los impuestos progresivos vinculados con ingresos, ganancias y propiedad representan aproximadamente 25,8% de la recaudación argentina, frente a 32,8% en América Latina y 41,5% en la OCDE. Ésta sí es una discusión fiscal decisiva.
Dejemos de aceptar como verdadero algo que sólo existe en el prejuicio de quienes ya han dado muestras suficientes de tener una compleja relación con la lógica, el lenguaje y la realidad. Tengamos la audacia de discutir algún principio de justicia tributaria para financiar una experiencia estatal que vuelva a ser satisfactoria y, sin la cual, no hay futuro ni país posible.
