Este jueves, 30 de julio, el presidente Javier Milei presentará por cadena nacional el proyecto de ley para reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
La iniciativa será enviada al Congreso con la intención de que ingrese por el Senado para comenzar su tratamiento legislativo. El proyecto fue redactado de manera conjunta por los ministerios de Economía y de Desregulación y Transformación del Estado, encabezados por Luis Caputo y Federico Sturzenegger, respectivamente, junto con el presidente del BCRA, Santiago Bausili.
Desde el Gobierno aseguran que la reforma apunta a blindar el programa económico, reforzar la independencia de la autoridad monetaria y cerrar la puerta a que futuras administraciones utilicen al Banco Central para financiar el gasto público. Con esto se eliminarían una serie de cambios y normativas que entraron en vigencia a partir de la última reforma de la Carta, en el año 2012 bajo la presidencia de Cristina Kirchner.
Los principales puntos de la reforma
Milei adelantó que la nueva Carta Orgánica estará estructurada sobre cinco modificaciones centrales. Según expresó, la iniciativa buscará “poner fin a 91 años de historia” y modificar de raíz el funcionamiento de la autoridad monetaria.
El primer cambio será redefinir el mandato principal del Banco Central. El Gobierno pretende eliminar los cinco objetivos incorporados en la Carta Orgánica vigente y establecer que la misión fundamental del organismo sea preservar el valor de la moneda.
De acuerdo con la explicación presidencial, esta modificación parte de considerar que la inflación es un fenómeno monetario provocado por un exceso de oferta de dinero, ya sea por un aumento de la cantidad emitida o por una caída de su demanda, que termina reduciendo el poder adquisitivo de la moneda.
La segunda modificación será la prohibición taxativa de financiar al Estado. La restricción alcanzará al Tesoro Nacional, las provincias y los municipios, e incluirá la compra de títulos públicos nacionales en el mercado primario.
El proyecto limitará o prohibirá tanto el financiamiento directo como el indirecto del Banco Central al Tesoro. También restringirá los adelantos transitorios, la transferencia de utilidades contables y la utilización de instrumentos como las Letras Intransferibles.
Milei calificó al señoreaje utilizado para financiar al sector público como una “falsificación de dinero” y sostuvo que la reforma buscará impedir que la emisión monetaria sea utilizada para cubrir desequilibrios fiscales.
Otro de los puntos centrales será reforzar la estabilidad de las autoridades del Banco Central frente a los cambios políticos. Si bien se mantendría el actual mecanismo de designación del presidente y de los integrantes del Directorio, la remoción pasaría a requerir una mayoría agravada.
En concreto, para desplazar al titular del BCRA o a alguno de sus directores se necesitaría el respaldo de dos tercios de la Cámara de Senadores y de dos tercios de la Cámara de Diputados. Actualmente, la remoción no requiere la aprobación de ambas cámaras con esa mayoría.
La administración de Milei argumenta que este cambio permitirá reducir las presiones del Poder Ejecutivo sobre la autoridad monetaria y evitar remociones vinculadas con la búsqueda de una política monetaria más expansiva.
Además, el texto incorporaría un régimen de responsabilidades y sanciones para los funcionarios que autoricen la utilización del Banco Central como fuente de financiamiento del déficit fiscal.
La cuarta modificación estará relacionada con la distribución de los resultados obtenidos por el organismo. El proyecto restringirá el pago de dividendos originados en los resultados derivados de la prestación del servicio de liquidez.
Según explicó Milei, los activos existentes al 31 de diciembre de 2026 serán contabilizados en unidades físicas. De esta manera, los resultados por tenencia generados por cambios en los precios de esos activos serán destinados a una reserva técnica no distribuible, bajo un mecanismo similar al de un revalúo técnico.
Por otro lado, los resultados vinculados con el manejo de la cartera del Banco Central solamente podrán ser transferidos al Tesoro Nacional para cancelar deuda pública y no para financiar gastos corrientes.
El quinto punto será la eliminación de distintas modificaciones introducidas en la Carta Orgánica de 2012. El Gobierno también buscará terminar con el mecanismo de las Letras Intransferibles, títulos que el Tesoro entrega al Banco Central principalmente a cambio de reservas internacionales utilizadas para pagar deuda.
La separación de las funciones del Banco Central
En términos operativos, la reforma buscará diferenciar tres funciones: preservar el valor de la moneda, contribuir a la estabilidad financiera y regular el sistema bancario.
La intención del Gobierno es evitar que esas atribuciones se mezclen con el financiamiento de las cuentas públicas. La iniciativa también apunta a fortalecer la gobernanza del organismo, reforzar su independencia frente a los cambios de administración y reducir la presión política sobre sus autoridades.
La reforma forma parte, además, de los compromisos asumidos por la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En la segunda revisión del programa, el organismo sostuvo que, una vez consolidada la estabilización macroeconómica, sería necesario avanzar con cambios legales más amplios en la Carta Orgánica.
El FMI planteó que la modificación debería fortalecer la independencia, la gobernanza y los mecanismos de rendición de cuentas del Banco Central, además de reforzar los límites contra el financiamiento monetario del déficit.
La vocera del organismo, Julie Kozack, respaldó recientemente la intención del Gobierno y afirmó que una reforma de este tipo permitiría fortalecer las salvaguardas institucionales, clarificar el mandato de la autoridad monetaria y reducir los riesgos derivados de la denominada dominancia fiscal.
Milei sostuvo que la nueva Carta Orgánica se complementará con las reglas fiscales de déficit cero y “shutdown”, la reforma del mercado de capitales y la desregulación del mercado de seguros.
“Pondrá fin a 91 años de saqueo, expropiación, impunidad y decadencia, que nos permitirá hacer a la Argentina grande nuevamente”, afirmó el Presidente al anticipar el alcance del proyecto.
Matías Rimoldi, economista de Fundación Libertad comentó respecto a la reforma de la carta orgánica: "Es una discusión que excede lo coyuntural: los países emergentes, como Argentina, suelen padecer de instituciones fiscales, financieras y monetarias débiles, lo cual los hace altamente vulnerables a crisis cambiarias, alta inflación, entre otros flagelos".
"Muchas veces el debate en países de alta inflación gira en torno a la elección de regímenes cambiarios como tipo de cambio fijo o flotante, pero en realidad, la clave del éxito macroeconómico principalmente en mercados emergentes no es el régimen cambiario, sino la salud y solidez de sus instituciones fundamentales", añade.
La reforma de la Carta Orgánica de 2012
La reforma que ahora busca modificar el Gobierno fue aprobada durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner mediante la Ley 26.739, sancionada en marzo de 2012. La norma modificó tanto la Carta Orgánica del Banco Central como distintos artículos de la Ley de Convertibilidad.
Uno de los principales cambios fue la ampliación de los objetivos del organismo. Hasta entonces, la función primaria y fundamental del BCRA era preservar el valor de la moneda. La reforma estableció que debía actuar, dentro del marco de las políticas fijadas por el Gobierno nacional, para promover la estabilidad monetaria y financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.
La modificación también amplió las atribuciones de la autoridad monetaria. Entre otras facultades, le permitió regular y orientar el crédito, intervenir sobre las condiciones financieras, regular los sistemas de pago y adoptar medidas destinadas a proteger a los usuarios de servicios financieros y preservar la competencia.
Otro de los puntos centrales fue la flexibilización de los mecanismos de asistencia al Tesoro. Además de los adelantos transitorios equivalentes al 12% de la base monetaria y al 10% de los recursos en efectivo obtenidos por el Gobierno nacional durante los doce meses anteriores, se habilitó, con carácter excepcional, un monto adicional equivalente a otro 10% de esos ingresos, con un plazo de devolución de hasta 18 meses.
Asimismo, se eliminó la obligación de que las reservas internacionales respaldaran la totalidad de la base monetaria. Desde entonces, el Directorio del Banco Central quedó facultado para determinar el nivel de reservas necesario para ejecutar la política cambiaria, mientras que el excedente pasó a ser considerado de “libre disponibilidad” y pudo utilizarse para afrontar determinados pagos de deuda externa.
En ese esquema, el Tesoro entregó al Banco Central Letras Intransferibles denominadas en dólares como contrapartida por la utilización de reservas internacionales para cancelar obligaciones. Es uno de los mecanismos que la reforma impulsada por Milei pretende eliminar definitivamente.
La iniciativa que presentará el Presidente plantea avanzar en la dirección contraria: devolverle al BCRA el objetivo prioritario de preservar el valor de la moneda, prohibir su utilización como fuente de financiamiento del sector público y restringir la transferencia al Tesoro de ganancias originadas únicamente en cambios contables o de valuación.
FN/MSS
