El Gobierno decidió enviar al Congreso un proyecto para fortalecer la Ley de Inocencia Fiscal luego de comprobar que el ingreso de los llamados "dólares del colchón" al sistema financiero quedó muy por debajo de las expectativas. La iniciativa busca otorgar mayores garantías jurídicas a los ahorristas, pero tributaristas coinciden en que el principal obstáculo sigue siendo la desconfianza sobre la estabilidad de las reglas de juego y la seguridad del sistema financiero.
El propio ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que el Ejecutivo decidió impulsar una nueva norma tras recibir observaciones de especialistas tributarios. Según explicó, el objetivo es despejar las dudas que surgieron con la ley vigente y garantizar que quienes incorporen sus ahorros al sistema financiero queden protegidos "independientemente de quién sea el gobierno de turno".
Caputo sostuvo que el Banco Central calcula que hay u$s170.000 millones “debajo del colchón”, más de cuatro veces los depósitos en dólares del sistema financiero. “A nivel de país, no nos sirve que la gente tenga dólares debajo del colchón”, sentenció, y agregó que formalizar esos fondos permitiría seguir bajando impuestos sin necesidad de subir la presión tributaria, en momentos en que la Argentina registra récords de exportaciones y superávit comercial, con el BCRA comprando u$s100 millones diarios en el mercado cambiario.
Volviendo con la presentación del nuevo proyecto, el jefe del Palacio de Hacienda afirmó que "el espíritu de la ley no cambia en absolutamente nada" y que el propósito sigue siendo que esos fondos puedan formalizarse "sin ninguna penalidad de ningún tipo".
Sin embargo, detrás de ese diagnóstico oficial aparece una realidad distinta. Los especialistas consultados por PERFIL coinciden en que el problema excede ampliamente la cuestión tributaria y responde a factores económicos, regulatorios e incluso políticos que todavía no fueron resueltos.
La desconfianza pesa más que los beneficios fiscales
Para Maximiliano Batista, socio de Martínez de Hoz & Rueda, el principal problema no está en la ley sino en la percepción de riesgo que genera el sistema financiero argentino. Según explicó, "el sistema bancario argentino es considerado menos seguro que los de otros países para los depósitos en moneda extranjera" y recordó que la historia económica del país sigue influyendo sobre las decisiones de los ahorristas.
En ese sentido, Batista sostuvo que existen antecedentes que alimentan esa desconfianza. Mencionó el fallo "Peralta" de la Corte Suprema de 1990 y recordó que incluso la Ley de Intangibilidad de los Depósitos de 2001 no impidió la implementación posterior del corralito. A su entender, "la solución es más económica que jurídica" y, mientras el sistema financiero argentino ofrezca menor seguridad y menores rendimientos que otros mercados, será difícil que aumenten los depósitos en dólares.
Una visión similar expresó el abogado tributarista Pablo Judkovski. Para él, "la primera respuesta no es jurídica ni reglamentaria, sino económica", ya que los capitales "migran hacia sistemas más robustos que aún la Argentina no ofrece". Por eso considera que ninguna modificación normativa será suficiente si el sistema financiero continúa generando incertidumbre entre los inversores.
Los temores que siguen frenando la bancarización
Desde una mirada tributaria, Daniel Ricardo García, director de LexTax Advisory, señaló que la Ley de Inocencia Fiscal mejoró algunos aspectos impositivos, pero "no consiguió eliminar el principal obstáculo: la desconfianza histórica del contribuyente frente al organismo de recaudación tributario". Según explicó, muchas personas todavía temen que depositar esos dólares pueda derivar en futuras determinaciones impositivas, denuncias penales o pedidos para justificar el origen patrimonial de los fondos.
El especialista agregó que el régimen tampoco logró transmitir una verdadera sensación de seguridad jurídica. Según datos obtenidos de ARCA, hasta mayo se habían adherido aproximadamente 94.500 contribuyentes, una cifra que consideró reducida frente al universo potencial de personas que mantienen ahorros fuera del sistema financiero. Además, remarcó que la ley "no crea técnicamente un blanqueo", sino que únicamente limita algunas facultades de control del organismo recaudador.
Judkovski coincidió en ese diagnóstico y sostuvo que la principal debilidad del régimen es que todavía no brinda inmunidad suficiente frente a futuros cuestionamientos del fisco. También advirtió que, aun cuando exista una mayor protección tributaria, los bancos continuarán exigiendo documentación sobre el origen de los fondos debido a las normas internacionales vinculadas con la prevención del lavado de dinero.
Qué cambios reclama el Gobierno y qué piden los especialistas
Frente a este escenario, Caputo anunció que el proyecto incorporará mayores garantías para los contribuyentes. Según explicó, la propuesta surgió tras una mesa de trabajo con tributaristas y apunta a brindar más tranquilidad a quienes decidan bancarizar sus ahorros, manteniendo intacto el espíritu original de la Ley de Inocencia Fiscal.
García consideró que el nuevo texto debería establecer un verdadero efecto liberatorio, impidiendo que los fondos exteriorizados puedan utilizarse posteriormente para reconstruir incrementos patrimoniales o determinar impuestos omitidos de ejercicios anteriores. También planteó la necesidad de coordinar reglas entre ARCA, el Banco Central, la UIF y las entidades financieras, además de reforzar la protección de la información fiscal y excluir expresamente fondos provenientes de delitos graves.
Por su parte, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) también reclamó modificaciones al proyecto que analiza el Congreso. La entidad pidió incorporar una suspensión temporal de embargos y ejecuciones fiscales para las pymes, reducir multas durante el período de regularización y crear un plan especial de pagos de hasta 48 cuotas con condonación parcial de intereses. Según la organización, estas medidas permitirían acompañar a las empresas en un contexto de consumo deprimido y facilitar la formalización.
Sin confianza, los dólares seguirán fuera del sistema
Pese a que los especialistas consideran positivos varios de los cambios anunciados, ninguno cree que una modificación legal alcance por sí sola para revertir el fenómeno. Tanto García como Judkovski sostienen que la bancarización dependerá de que exista estabilidad económica, reglas previsibles y garantías que se mantengan en el tiempo, mientras que Batista entiende que el sistema financiero argentino deberá ofrecer mejores condiciones que compensen el riesgo percibido por los ahorristas.
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Por último, el Gobierno sostiene que esos recursos podrían transformarse en inversión, crédito y crecimiento económico. Pero, al menos por ahora, los especialistas coinciden en un punto: mientras persistan las dudas sobre la estabilidad de las reglas, la seguridad jurídica y la solidez del sistema financiero, los dólares seguirán mayoritariamente fuera del circuito formal.
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