El Gobierno reformuló la Ley de Inocencia Fiscal con el objetivo de destrabar el ingreso de los denominados “dólares del colchón” a la economía formal. El ministro de Economía, Luis Caputo, presentará este miércoles la nueva versión del proyecto, que será enviada al Congreso el jueves con cambios sustanciales respecto del texto original.
La iniciativa busca flexibilizar el acceso al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias y ofrecer mayores garantías jurídicas a los contribuyentes frente a eventuales controles de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Unidad de Información Financiera (UIF).
La modificación del proyecto fue producto de varias semanas de negociaciones entre el equipo económico, funcionarios de ARCA y especialistas tributarios, quienes habían advertido que algunas condiciones iniciales podían desalentar la adhesión al régimen. Esa demora en la definición de la letra final derivó en la prórroga, hasta el 27 de agosto, del plazo para presentar la declaración jurada de Ganancias.
Eliminan los límites de patrimonio e ingresos
Uno de los cambios centrales del nuevo texto es la eliminación de los topes patrimoniales y de ingresos que establecía la versión anterior. El proyecto original fijaba un patrimonio máximo de $10.000 millones y un ingreso anual inferior a $1.000 millones para poder acceder a los beneficios.
Con la nueva redacción, esas restricciones desaparecen. Podrán ingresar al régimen quienes sean residentes fiscales en la Argentina y no estén incluidos dentro de la categoría de “Gran Contribuyente Nacional” de ARCA.
De esta manera, el Gobierno amplía significativamente el universo de potenciales adherentes y busca incentivar la exteriorización de fondos que permanecen fuera del circuito formal.
Garantías para operaciones inmobiliarias
Otro de los puntos que generaba dudas estaba vinculado al mercado inmobiliario, donde históricamente algunas operaciones se pactaron en efectivo. La nueva versión del proyecto incorpora una aclaración específica: los pagos realizados en efectivo mediante escritura pública no harán perder los beneficios del régimen.
La definición busca llevar previsibilidad a escribanos, desarrolladores y compradores, al evitar que una práctica habitual del mercado pueda convertirse en un motivo para perder la protección fiscal.
El “tapón fiscal” y los límites a las investigaciones de ARCA
La iniciativa mantiene uno de sus principales atractivos: el llamado “tapón fiscal”, un mecanismo que limita la posibilidad de que ARCA cuestione el origen de los fondos a partir de diferencias patrimoniales.
Uno de los puntos más discutidos era el concepto de “discrepancia significativa”, que habilitaría una investigación por parte del organismo recaudador. La nueva versión conserva la posibilidad de intervención cuando exista una diferencia superior al 15% respecto de lo declarado, aunque incorpora una excepción.
No serán consideradas discrepancias significativas aquellas diferencias que no superen el 5% del mínimo no imponible previsto para el delito de evasión simple. Con el valor actual fijado en $100 millones, esto implica que variaciones inferiores a $5 millones no activarían una fiscalización.
Además, si el contribuyente corrige la declaración y abona la diferencia dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación, conservará los beneficios del “tapón fiscal”.
ARCA deberá probar las inconsistencias
El nuevo proyecto también modifica la relación entre el contribuyente y el fisco al establecer que será ARCA quien deberá demostrar la existencia de una discrepancia significativa.
A su vez, limita el uso de determinadas presunciones para cuestionar las declaraciones simplificadas, como aquellas basadas únicamente en movimientos bancarios o incrementos patrimoniales.
Beneficios frente a bancos y la UIF
Otro de los incentivos incorporados apunta al sistema financiero. La adhesión al régimen de Inocencia Fiscal deberá ser considerada como un antecedente favorable por bancos, escribanos y otros sujetos obligados ante la UIF.
El objetivo es reducir trabas en operaciones financieras y disminuir las dudas sobre el origen de los fondos para quienes ingresen al esquema.
La apuesta del Gobierno
En el equipo económico aseguran que las modificaciones buscan otorgar la seguridad jurídica que reclamaban asesores tributarios y contribuyentes. Según datos oficiales, el régimen simplificado ya acumula más de 330.000 adhesiones, con un fuerte crecimiento en las últimas semanas.
Del total, más de 170.000 contribuyentes ya presentaron sus declaraciones, mientras que alrededor de 99.000 mantienen el trámite iniciado pero sin finalizar, a la espera de las nuevas definiciones.
Con esta reformulación, el Gobierno apuesta a que una mayor cantidad de argentinos decidan incorporar sus ahorros al circuito formal y que esos recursos se vuelquen al consumo, la inversión y la actividad económica.
