La sociedad chilena fue convocada, el pasado domingo, a las urnas para definir la posible reforma de su Constitución, y la forma de dicho proceso. Con un abrumador resultado, el 78% de los votos abogó por el “apruebo”, y además una cifra similar definió a la Convención constitucional como el órgano encargado de redactar la nueva Carta Magna del país.
La propuesta de reforma constitucional fue la respuesta que el sistema político consiguió darle a las jornadas de protestas que pusieron a Chile en el centro de la atención mundial el año pasado.
El hecho de que la actual constitución chilena fue redactada bajo la dictadura de Augusto Pinochet se ha convertido en uno de los temas más importante en el debate por la reforma. A pesar de que este documento ha sido objeto de numerosos cambios, que incluso borraron la firma del dictador chileno, el origen formal de este documento sigue estando ligado a un orden político que cercenó las libertades básicas de la sociedad chilena durante más de una década.
Recientemente se ha desatado el miedo y la paranoia en diferentes sectores políticos latinoamericanos, que tratan de enmarcar este proceso institucional chileno es una descarnada lucha entre el “bien” y el “mal”. Esto condujo a que la matriz de opinión sobre el proceso chileno se estableciera sobre premisas drásticas y poco constructivas.
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La reforma: una oportunidad para destruir el modelo capitalista chileno
Aquellos que niegan que el modelo económico chileno realmente ha construido a una de las clases medias más prósperas y al mismo tiempo más inconformes del continente, le han hecho creer a los sectores sociales que no comulgan con este modelo, que una nueva constitución puede dar vigencia a un nuevo orden económico. Esta visión demagógica promete reformas imposibles de realizar, porque en primer lugar la convención constituyente es un órgano colegiado, donde el consenso entre todos los sectores políticos es la única manera de generar estos cambios. La pluralidad que caracteriza una asamblea impedirá que se tome cualquier medida radical.
Una reforma del modelo económico realmente viene de la política económica del gobierno y del Banco Central de Chile. Ambos espacios tienen poca chance de cambiar su rumbo, al menos en el corto y mediano plazo. Esta retórica de una nueva Constitución para un nuevo modelo económico simplemente aviva la polarización entre clases sociales y desintegra la convivencia civil, deteriorando así las expectativas a futuro, que son claves para la inversión y el ahorro.
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La reforma: una amenaza a la vida democrática
En el otro lado de la vereda, varios sectores que abogan por la vigencia de la democracia liberal, han caído en el miedo y la paranoia por la reforma. Consideran que la sola consulta de este pasado domingo marca la vuelta del Allendismo, comenzando a sostener a Chile como la nueva Venezuela.
Esta idea cae en el mismo error que la posición anticapitalista, al no darse cuenta que una alteración drástica a las instituciones democráticas, como la sana distribución de poderes, no puede darse en una asamblea que demande el consenso de sectores políticos para acordar los términos de la nueva Constitución.
Lo que sí genera esta visión es una perspectiva amigo-enemigo que desgarra el tejido de la sociedad, considerando que aquellos que abogan por la reforma en realidad están hipnotizados por una conspiración de la izquierda internacional para convertir a Chile en una nueva Cuba.
Esta postura también manifiesta una falta de autocrítica por parte de un sector político que no ha logrado generar un sentido de pertenencia entre la sociedad y el modelo económico que la sostiene.
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La reforma: simplemente una oportunidad
La naturaleza de la reforma constituye un mandato de la sociedad para construir una nueva Constitución. Las características de la misma se definirán en una pugna democrática y abierta como lo será la elección de constituyentes, por lo que el carácter de esta reforma aún está por definirse, y su valor hasta la fecha no es más que una oportunidad.
Es una ocasión irrepetible para que los sectores políticos chilenos logren legitimar el modelo económico que ha colocado a Chile entre los países más pujantes de la región, y que este deje de guardar una incómoda relación con Pinochet. Es una oportunidad para que el milagro chileno sea visto como un hijo de la vigencia de la democracia, y no de la dictadura del pasado.
Así como es una oportunidad para ratificar el modelo liberal chileno, también es un chance para que los sectores que no comulgan con este proyecto lo perjudiquen. Esto no es propio de una conspiración, sino de una tensión natural entre democracia y autoritarismo que marca y seguirá marcando la dinámica política de cualquier sociedad civilizada.
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La polarización inútil que está tomando el caso chileno para la región hace perder de vista la oportunidad de reivindicar su modelo económico. En cambio se empuja al orden político a transitar por una confrontación que fisure la legitimidad del sistema, y deje espacio para que los verdaderos detractores de la democracia tomen visibilidad.
Chile aún se mantiene a tiempo de lograr que este proceso sea constructivo para sus instituciones y para su futuro, pero para ello deberá desestimar posturas radicales que ven en la reforma una falsa lucha épica entre el bien y el mal, perdiendo de vista la verdadera intención de la reforma; profundizar lo que se ha hecho bien, y corregir lo que se ha hecho mal.
* José Manuel Rodríguez. Responsable de Comunicación y Desarrollo de la Fundación Federalismo y Libertad. Estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad del CEMA.
