Hablar de la Ley de Glaciares y de la modificación que aprobó el Congreso Nacional no es hablar de un tema lejano ni exclusivamente técnico. Es también hablar del presente y del futuro de las juventudes. La tarea de Fundación SES, orientada a la promoción y restitución de derechos de adolescentes y jóvenes, nos obliga a intervenir cuando una política pública pone en riesgo condiciones básicas para una vida digna: el acceso al agua, la salud, la educación, el arraigo territorial, la participación ciudadana y la posibilidad de proyectar un horizonte de desarrollo justo.
La Ley 26.639 originalmente fue sancionada para proteger a los glaciares y al ambiente periglacial como reservas estratégicas de agua, bienes públicos y ecosistemas claves para la biodiversidad, la ciencia y la vida comunitaria. Su sentido era claro: hay bienes comunes que no pueden quedar subordinados a la rentabilidad de corto plazo. En un contexto de crisis climática, sequías recurrentes y aumento de las desigualdades territoriales, ese principio no debería debilitarse, sino fortalecerse.
Sin embargo, el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Congreso redefine el objeto de protección, restringiéndolo a aquellos glaciares que tengan una “función hídrica efectiva” y, además, delega en cada provincia la identificación de qué glaciares y áreas periglaciales quedarían efectivamente protegidos. Ese cambio no es menor: achica el alcance del cuidado ambiental y habilita una lógica en la que la protección deja de ser un piso común para todo el país y pasa a depender de criterios locales atravesados por presiones extractivas.
Como consecuencia de estas decisiones se debilita la protección de los glaciares y se profundiza un modelo de desarrollo que distribuye de manera profundamente desigual sus beneficios y sus daños. Las juventudes, sobre todo las de sectores populares y de territorios periféricos, suelen quedar del lado de los daños: menos acceso a bienes comunes, mayor exposición a la degradación ambiental, más incertidumbre sobre su salud, sus trayectorias educativas y sus posibilidades de trabajo futuro.
Además, esta discusión interpela de lleno la justicia intergeneracional. La crisis climática ya está afectando de manera acelerada las condiciones de vida de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y los organismos internacionales de derechos humanos vienen advirtiendo que el derecho a un ambiente sano no puede separarse del resto de los derechos. Defender glaciares y ambientes periglaciales es defender el agua y rechazar una lógica que privatiza ganancias en el presente y socializa costos ambientales y sociales sobre las generaciones jóvenes y futuras.
También hay aquí una dimensión democrática fundamental que ha sido soslayada. El Acuerdo de Escazú reconoce el derecho de acceso a la información, a la participación pública y a la Justicia en asuntos ambientales. Las juventudes no pueden ser convocadas únicamente para adaptarse a las consecuencias de decisiones ajenas; tienen derecho a incidir en ellas. Cuando se recorta la protección ambiental o se intenta presentar como meramente “técnica” una reforma con impactos sociales profundos, lo que está en juego es también quiénes pueden decidir sobre los bienes comunes y en nombre de qué modelo de país.
Pelear porque se restablezca la Ley de Glaciares es defender un principio básico: que el desarrollo no puede construirse sobre la degradación de los bienes que hacen posible la vida. Y es afirmar, también, que las juventudes no son espectadoras del futuro, sino sujetos de derechos en el presente. Por eso, frente a este intento de flexibilizar esta protección, la respuesta debe ser clara: más participación, más debate público y más compromiso con una transición ecológica justa, con enfoque de derechos y protagonismo juvenil. Que algunos legisladores hayan aprobado en el papel una reforma que tiene amplio rechazo social no es el fin de la lucha, sino el comienzo.
De hecho, luego de aprobada la reforma, un conjunto de organizaciones ambientalistas ya preparan lo que proponen que sea “la demanda colectiva más grande de la historia para denunciar la inconstitucionalidad de la reforma”. Una iniciativa que en algunas horas ha juntado cientos de miles de firmas (se pueden sumar aquí: www.demandacolectivaglaciares.org).
Un país que sacrifica reservas estratégicas de agua para habilitar negocios de corto plazo les ofrece a las juventudes territorios más desiguales y conflictos más profundos. Proteger los bienes comunes y la soberanía sobre estos debería ser el acuerdo más básico y común para el desarrollo de un país; sin embargo, es lo que estamos discutiendo, y es fundamental alzar la voz, difundir, sensibilizar y movilizarse en torno a este tema, pues las decisiones que se toman a espaldas del pueblo pueden tener consecuencias irreversibles.
* Coordinadora de Comunicación - Fundación SES.
