La pandemia de covid-19 puso a la ciencia en primer plano. El conocimiento con que, como infraestructura, cuentan las naciones permitió desarrollar vacunas en tiempo récord. Los científicos pasaron a ser personalidades públicas. Cada descubrimiento sobre el covid-19 era seguido por los medios. Las personas comenzaron a usar palabras raras: pandemia, ensayo clínico, PCR. Los políticos las incorporaron a sus discursos. Se hablaba con términos científicos, pero no necesariamente con método científico, quizá porque el sistema educativo nos forma como analfabetos científicos, sin desarrollar el pensamiento crítico o la duda razonable. Si a la notoriedad agregamos que los científicos solemos tener egos sobredimensionados, la exposición pública llevó a que especialistas en cualquier tema, por tener un doctorado o investigar, se constituyeran en gurúes de la pandemia, algunos con la visión elitista de que solo el que posee “el conocimiento” sabe interpretar la realidad. La consecuencia es que se comenzó a opinar de política con disfraz de científico. Y los científicos, como cualquier ciudadano, tenemos libertad de opinión pero, como dijo Richard Feynman, uno de los más brillantes físicos del siglo XX, “cuando un científico examina problemas no científicos, puede ser tan listo o tan tonto como cualquier otra persona”.
Datos e hipótesis. La ciencia para la toma de decisiones de políticas se basa en la evaluación de datos y elaboración de hipótesis con distinto grado de incertidumbre. No se basa en ideologías, sino en el conocimiento disponible, y las hipótesis se descartan si no se ajustan con la realidad. El autodenominado “gobierno de científicos” hizo pensar que la ciencia se integraba a la toma de decisiones, pero no fue así. La comisión de expertos que asesora al Presidente desde el principio de la pandemia fue una buena idea, pero sus integrantes parecen justificar decisiones tomadas y ante cada error aclaran que no eran sus decisiones sino de los políticos.
En este contexto, científicos afines al Gobierno (no personalizo ni generalizo) decidieron defender las políticas oficiales, algo perfectamente razonable. Pero en vez de brindar modelos posibles para sustentar la toma de decisiones, usaron el criterio de seleccion de los datos que justificaran las decisiones ya tomadas.
La realidad sugiere que pocas de las decisiones tuvieron un sustento científico a priori. Ginés González García no tuvo base científica para afirmar que el coronavirus no iba a llegar, que era una gripe más, y no prever un escenario complejo. El Gobierno, orgulloso de estar integrado por científicos, carecía de conocimientos o no sabía usarlos. La imprevisión de compra de tests al principio de la pandemia, cuando los casos eran pocos, impidió rastrear, testear y aislar eficientemente. La ciencia oficial lo justificó entonces con que no había muchos casos y la positividad era baja, y hoy lo justifica porque ya son demasiados casos.
Cuando la cuarentena extendida resultó inefectiva y los casos aumentaban, se hicieron públicos modelos con escenarios apocalípticos (el más insólito fue proyectar cientos de miles de muertos para Navidad) para, con el miedo, justificar las restricciones. Fue notable el caso de un estudio diseñado para ajustar con la hipótesis de que la sociedad consideraba necesarias las Fuerzas Armadas en la calle si eso previene la infección y, así, justificar la (perversa) teoría del miedo dosificado como modo de dirigir a la sociedad en una crisis.
Las hipótesis se sostuvieron como una cuestión de fe. La ideologización de las vacunas, en donde hubo científicos que tomaban partido por una vacuna sin contar con datos, o en contra porque no había datos, fue surrealista y peligrosa. La incertidumbre y la duda razonable eran reemplazadas por “actos de fe en nombre de la ciencia”. Pero nada de eso es ciencia, es deshonestidad intelectual. Tampoco es política, es hipocresía, porque se hacía con el disfraz de la objetividad científica. Los científicos somos ciudadanos libres de opinar y de tener o no partido e ideología (en mi caso, radical y liberal), podemos hacer política y ser científicos, como podríamos hacer política y ser peluqueros, albañiles, abogados o comerciantes, pero no debemos hacer política como científicos ni ciencia como políticos, porque ambas cosas saldrán mal.
Evidencias. No hay una dicotomía política versus ciencia. El conocimiento requerido para la toma de decisiones debe derivar de un consenso informado, de un debate de evidencias y, ante distintas hipótesis, presentar al gobernante un menú de opciones para que decida. Para cada problema puede haber más de una decisión posible con costos y beneficios diferentes, que se toman de acuerdo con prioridades establecidas y en base a un análisis en el que influyen factores subjetivos e ideológicos, legitimados y evaluados por el voto de la ciudadanía. El caso de las escuelas es ejemplificador. Mientras los científicos discuten papers e interpretan resultados aún parciales sobre el tema, la respuesta es política: ante una situación epidemiológica con evidencia objetiva para efectuar restricciones que mitiguen la epidemia, ¿la escuela es lo primero o lo último que se cierra?
La ciencia no actúa como política justificando a posteriori una decisión, seleccionando datos, torturando números para que confiesen mi hipótesis favorita o diseñando estudios y modelos a la medida de una decisión previamente tomada. Eso no es ciencia, es la acción de científicos deshonestos. Disfrazar de ciencia la ideologia o justificarla en nombre de la ciencia ocurrió en regímenes autoritarios. El ejemplo el del estalinismo, que buscó crear una “genética marxista” con un científico como Trofim Lysenko, que argumentaba y diseñaba experimentos para sostener falsedades, es un clásico. Por suerte nuestra realidad, en democracia plena, es incomparable con esas perversiones políticas, pero quienes militan ideologías en nombre de la ciencia deberían reflexionar si no podrían haber sido los Lysenko de esas épocas.
*Doctor en Bioquímica, especialista en genética y biología del desarrollo. Investigador del Conicet.
