“El … que se apodera del derecho de elegir, como lo hace el que interviene en las elecciones directa o indirectamente, comete un hurto de la soberanía nacional, un golpe de Estado, un acto de conquista, una revolución, un malón político que los caciques de la Pampa, menos bárbaros en eso que los caciques letrados de las ciudades, se guardarían de perpetrar.”
Juan Bautista Alberdi, Palabras de un ausente, 1874.
1. La barbarie letrada de los caciques judiciales
No hace falta reformar la Constitución para hacer al débil federalismo argentino todavía más frágil, quitar recursos garantizados por la Constitución a las Provincias, empobrecer a sus poblaciones y a la Nación en simultáneo a que se enriquece sideralmente a unas pocas corporaciones extranjeras y a sus empleados locales. Entre la distracción y la confusión, muchas autoridades provinciales y líderes del sistema federal, repitiendo errores del pasado, se piensan fuera del mapa de la transformación de un sistema político y federal que parece proyectar sus próximos 40 años con formas nominales de democracia y con un rediseño del federalismo. Repetir la historia parece un deber patrio y en Argentina repetir la historia es una forma de negarla.
El sistema federal parece haber sido identificado como un obstáculo y un problema a resolver, un límite a limar, un intermediario a retirar del horizonte institucional. Desde la obsesión con la provincia de Buenos Aires y sus proyectos recurrentes -e inconstitucionales- para fracturarla y dividirla hasta los regímenes de promoción de las provincias patagónicas y especialmente de Tierra del Fuego, pasando por las elecciones municipales y las denuncias de fortalecimiento de “los gobernadores” como “Estado profundo” o “seudomafioso” (porque ganan elecciones mientras nuevos actores del federalismo demuestran dudosa calidad institucional con baldosas flojas, elecciones inseguras y un sistema educativo en colapso), la demonización puntual de las Provincias y sus autoridades es evidente. Solamente hay que recobrar la atención en tiempos de distracción.
El populismo judicial de la Corte Suprema de Estados Unidos reforzará las guerras culturales
Tres días hábiles antes de una elección. La decisión de la Corte Suprema de intervenir en dos elecciones provinciales a Gobernador no tiene precedentes pero no sorprende ni extraña. Tampoco es que se niegue a intervenir en el debate de candidaturas en CABA. Aplicar selectivamente un criterio es construir una excepción personal o un privilegio particular. La Corte Suprema en su volumen atroz de casos hace esto todo el tiempo. Hay un proceso de debilitamiento institucional multifactorial en el que autoridades públicas participan y en las que los actores privados proyectan oportunidad.
El proceso judicial es un deporte de salvajes jugado con reglas civilizadas. Esas reglas, cada vez más selectivas e hipócritas, están en procesos de rápida descomposición. Hoy es difícil distinguir la barbarie de las reglas civilizadas. Como en la guerra, todos parecen hablar el mismo lenguaje de la barbarie civilizada, del animal racional que se olvida que es más animal que racional, que animal se nace, que la racionalidad se adquiere, que la animalidad no tiene escape y que la racionalidad se alcanza, se educa y se pierde. Cuando la selectividad policial y la selectividad judicial se espejan estamos en un Estado que anuncia cosas intensas.
La fortaleza del sistema judicial es directamente proporcional a la debilidad, infantilización y renuncia de responsabilidad del sistema político. En ese contexto, podemos abandonar el cortoplacismo que nos llevó a la extrema fragilidad política y preguntarnos: ¿Cómo serán los próximos 40 años para la democracia y los derechos en general y cómo serán para el federalismo en especial? ¿Creemos que las próximas generaciones querrán y tendrán democracia, derechos humanos y un sólido sistema federal?
Es más fácil imaginar el fin de la democracia que una Corte que ayude a fortalecer el sistema democrático y los derechos en declive. Es más fácil imaginar el fin del Estado de derecho y el mismo federalismo -pilar de la historia argentina- que el fin de la Corte Suprema como la fiel guardiana de los privilegios de unos pocos a costa de traicionar el texto de la Constitución y acelerar siempre el proceso de degradación social.
Las prácticas de aquellos que critican al sistema federal con sus prácticas institucionales y electorales son tan o más deficientes en términos electorales, constitucionales y de gestión como los gobiernos provinciales que puntualmente -con razón o sin razón- se critican. Los defectos reales, problemas y desafíos concretos del sistema federal, diverso y multicolor, no nos deben ocultar que ese centro de poder que lo quiere quitar del medio se ha demostrado histórica y actualmente con prácticas ineficaces y autoritarias, ineficientes y autodestructivas, contrarias al interés de la Nación en su todo y a cada una de sus partes.
La demonización selectiva de autoridades provinciales como “feudales” es instrumental al desarrollo de tendencias centrípetas y seguramente más feudales que impulsan la aceleración de un rediseño fáctico de las relaciones constitucionales con las provincias. Se pueden rediseñar las prácticas políticas en contra de lo que dice la Constitución de forma abierta y ese proceso quizás se profundice en los próximos 40 años si es que vienen con una democracia en Estado vegetativo con muerte cerebral coma cuatro irreversible.
No hace falta reformar la Constitución para que la Corte Suprema mantenga la ejecución de todo el presupuesto del Poder Judicial de la Nación en contra de lo que dice la Constitución bien clarito (Art. 114 inciso 3 CN) casi treinta años después de la reforma de 1994. No hace falta eliminar al Consejo de la Magistratura para neutralizar la disputa de todo el poder administrativo con la Corte, y así usar su poder disciplinario formal o informal para amenazar, castigar o forzar renuncias de jueces independientes e indóciles y facilitar designaciones que beneficien a las tribus judiciales que lidera cada cacique supremo de la Corte fragmentada en tres o cuatro malones de operadores académicos y letrados. No hace falta borrar la autonomía, autarquía e independencia del Ministerio Público Fiscal o de la Defensa (Art. 120 CN) para vaciarlo de capacidad institucional y condicionarlo fácilmente en los años que más creció el narcotráfico, los delitos económicos, la violencia institucional, las guerras judiciales identitarias y se consolidará el Estado represivo y punitivo expandido con los pánicos sociales producto de la inseguridad, el narconegocio, las necropolíticas y los emprendedores morales de los litigios de la distracción y división social.
El autoritarismo centralista puede dialogar con el autoritarismo de ciertos gobernadores. Lamentablemente las provincias no son ajenas al debilitamiento del compromiso federal con la democracia y los derechos humanos. Hay prácticas centralistas en actores federales sin duda. Los pactos partidarios, como los que parecen haberse realizado en Jujuy o CABA, demuestran que el Artículo 22 de la Constitución Nacional será el futuro del constitucionalismo en Argentina. Una democracia en la que el pueblo no delibera ni gobierna y al manifestarse se vuelve en un enemigo sedicioso. Esa es una lectura atroz, obsoleta, parcial e incompleta de la Constitución y propia del siglo XIX. Un modelo de gobierno autoritario con un Poder Judicial que acompañe la exclusión del pueblo, de la sociedad civil. En definitiva, una democradura, una democracia cerrada y elitista. Una reedición del Pacto de Olivos sin convertibilidad y con un show de represión que ofrezca políticas de la distracción y de exterminio, las ya mencionadas necropolíticas, sin freno ni contrapeso institucional o político.
La Corte Suprema tiene la costumbre de elegir casos vinculados a las provincias para intervenir agresivamente en política nacional en momentos claves y electorales. Casos como “San Luis” (2003), “Coparticipación Santa Fe/Córdoba/San Luis” (2015) y estos últimos casos extraordinarios de “San Juan” y “Tucumán” (2023) son algunos ejemplos en un repaso superficial (que conscientemente quiere olvidar las firmas detrás de esos accesos a la Corte). La decisión sobre coparticipación de “Santa Fe/Córdoba/San Luis” de Noviembre del 2015 fue una invitación a la conversación democrática que el nuevo gobierno electo contestó, de forma muy republicana y sutil, eructando un decreto de designación en comisión de dos jueces supremos y una comisión ad-honorem para amenazar reformar el recién sancionado Código Civil y Comercial en el Ministerio de Justicia de la Nación. El diálogo democrático e institucional que le gusta a todo ser de bien versado en la traicionada democracia deliberativa.
Se suele olvidar que la Corte Suprema de los Estados Unidos, en el caso “Bush vs. Gore” (2000) dio ganador al republicano George W. Bush cuando muchos estudios reconocen que las elecciones las ganó el demócrata Al Gore. Se puede ver en esta nota, pero hay mucha bibliografía que lo señala y más testimonios de protagonistas. La elección fue robada por la Corte aunque resulte difícil de aceptar para una democracia consolidada como EEUU. No es extraño que los constitucionalistas nieguen una traición suprema a la democracia, a la misma constitución y sus derechos. Es extraño que lo hagan gratuitamente. Usualmente cobran honorarios u otros cruzados favores supremos.
La expansión de la incidencia del poder judicial en la política es inversamente proporcional al proceso de muerte lenta de las democracias. Cuando los abogados piensan la política como operadores desde el Poder Judicial la democracia y los derechos se debilitan. Más cuando lo hacen en el mismo poder judicial que les paga honorarios en sus estudios jurídicos paralelos a sus actividades políticas y pretendidamente académicas. Hay abogados que mientras dan discursos o escriben libros de expansión de derechos, lo que construyen en su práctica intelectual o judicial son privilegios y excepciones judiciales, argumentos constitucionales para corporaciones que depositan afuera, para unos pocos a costa de todos, debilitando la institucionalidad, la república y la viabilidad de la misma convivencia política y constitucional. La debilidad de lo público viene del corazón del proyecto del derecho público y su propuesta de hipocresía civilizatoria con prácticas salvajemente cínicas. Discursos públicos de democracia, derechos y razón pública, prácticas privadas para construir privilegios administrativos, excepciones procesales y judiciales del interés privado que pague mejor para hacer argumentos públicos. Esta hipocresía estructural que oculta la práctica cínica es una de las fuentes de la crisis. Obviamente estamos hablando de lo que sucede exclusivamente en Estados Unidos, país en el cual en la actual Cámara de Diputados hay 175 abogados/as y se han discutido la ética de estas prácticas en su órgano de colegiación. Pasado casi un cuarto del nuevo Siglo XXI es claro que la Corte Suprema en Estados Unidos seguirá expandiendo sus fortaleza y alianzas fuera del sistema político hasta un nuevo acuerdo político, empresarial y social como el realizado en los años del New Deal. En Estados Unidos está claro que esa opción es muy lejana. En Argentina, en contraste, el escenario es incierto.
2. De la coparticipación a la licuación de competencias federales
Provincias como San Juan y Tucumán preexisten a la Nación Argentina y a su Estado Federal. Lo constituyeron, lo crearon. Hoy otros colaboran activamente en el proceso contrario. Ellas participaron en el nacimiento de la Nación. Se suele olvidar eso en un presente cada día más amnésico. Han sido 213 años -con un prólogo extenso- de disputas en un sistema federal que sufrió y sobrevivió guerras civiles, procesos autoritarios, intervenciones injustificadas, traiciones sangrientas, maltrato institucional y gobiernos militares de tendencia unitaria antes de poder decir que está por celebrar 40 años en democracia en un clima enrarecido.
La humillación pública a las autoridades constitucionales de las Provincias -más allá de sus errores y las críticas sinceras que se puedan realizar a éstas- es un adelanto de lo que se hará contra sus pueblos y sus recursos. Tanto las heridas, internas y conflictos históricos entre las provincias como los enfrentamientos históricos con los intereses concentrados que usualmente lucran con su división, todo esto, las distraen de un próximo ciclo histórico difícil de evitar: el debilitamiento de la democracia y del propio federalismo hará la disputa menos institucional y más frontal, más directa por ponerlo suavemente. De la coparticipación constitucional a la cooptación, subordinación o licuación operativa.
En un contexto donde no hay garantías institucionales y en el cual las decisiones judiciales son salvajes y brutalistas lo primero que hay que entender es que se puede reformar la Constitución sin tocar la Constitución. Algo que la historia de nuestro país nos ha demostrado tantas veces. Con una Corte tan cínica y selectiva en sus fallos todo puede pasar.
La crueldad cerrará la grieta como una tumba: sobre los procesos de deshumanización sin freno
El cinismo judicial de 1993 o 2003 -un más complejo e intenso año en la historia de la Corte- era menos preocupante que el cinismo extremo actual con problemas estructurales explosivos que empeoran (derechos en retirada, narcotráfico, ausencia de moneda, inflación, violencia, crisis ambiental, etc) en cada frente y sin soluciones -sólo ilusiones y golpes de efecto- a la vista. La Corte parece irresponsable ante una democracia que cumpliendo 40 años encara su festejo en un clima fatalista propio de una despedida a un enfermo terminal. Una sentencia inesperada tres días antes de un comicio electoral es bien diferente a una decisión con amplia deliberación y tiempos razonables como la que se realizó en el caso “Castillo” (2017) vinculado a la Provincia de Salta. Un debate público, en otro momento, sobre la extensión de la autonomía provincial de los Art. 5 y 121 de la Constitución hubiese sido un aporte sustancial en un contexto de baja calidad institucional general. Por el contrario, y muy lamentablemente, se decidió hacer un ataque selectivo.
Toda humillación pública es un acto que se realiza para buscar estatus. Todo acto de humillar es una acto de exposición de una carencia, de una necesidad de atraer luz narcisa en la supuesta sombra ajena, especialmente ante los ojos de otros actores de los que se requiere aprobación. Termina siendo una muestra de debilidad, de dependencia, en definitiva, una autohumillación. Esos actos desesperados para buscar estatus, los rumores lesivos, los chismes de pasillo de baja estofa, las operaciones sobre expedientes de familiares cercanos a jueces o sobre la vida privada -que no tienen conexión con su función pública- de los jueces supremos muestra que el infantilismo de la sociedad que venimos señalando hace tiempo está en toda esfera institucional. Instituciones que parecen jardines de infantes con adultos infantilizados jugando el juego bobo de señalar con el dedo, hacerse daño recíproco y un espectáculo de fricciones corrosivas que anuncian más deterioro cognitivo. Resulta difícil imaginar un escenario más precario y peligroso para los desafíos que tenemos en el futuro.
El infantilismo político autodestructivo frente al abismo es una señal de los tiempos que vivimos. Muchos hacen silencio, son obsecuentes e intentan ganar sumas grotescas de dinero con un sistema inviable que sólo acelera más decadencia, más degradación y más sorpresas desagradables. En el caso de la Corte Suprema hace rato está construyendo su legitimidad fuera de sus fallos, lejos de sus obligaciones constitucionales y en alianzas parciales en las que las que este tipo de señales o favores son más importante que dar respuestas constitucionales y soluciones judiciales en tiempos razonables para el sistema institucional con crisis superpuestas al que formalmente sigue perteneciendo. La barbarie letrada de los caciques judiciales es tan peligrosa como los nuevos autoritarismos que se escudan en las autonomías provinciales y en acuerdos partidarios a espaldas de la sociedad en un sistema federal en reorganización abierta.
Lucas Arrimada es Profesor de Derecho Constitucional y Estudios Críticos del Derecho.
