El próximo 9 de julio se inaugura el primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner de 560 km que vincula la localidad de Tatayén, en la provincia de Neuquén, con Salliqueló, en la provincia de Buenos Aires. En ese punto el nuevo gasoducto se vincula con el gasoducto Neuba II inaugurado en 1988 durante el gobierno del Dr. Raúl Alfonsín, que integra la extensa red de gasoductos nacional que abastece la Argentina.
La obra –que se inaugura parcialmente– tuvo un costo total que se estima en los US$ 1.850 millones y fue financiada íntegramente por el Estado nacional. Para alcanzar su terminación definitiva deberán completarse la instalación de dos plantas compresoras que están en ejecución, cuyo costo asciende a unos US$ 250 millones aproximadamente y otras obras complementarias a lo largo de la traza de los gasoductos existentes hasta su ingreso en el Gran Buenos Aires –entre ellas la vinculación entre Mercedes y Cardales– que completan esta primera etapa.
El nuevo gasoducto transportará a partir de su inauguración unos 11 millones de metros cúbicos por día (aproximadamente un 7,3% del total transportado en esta época del año); y cuando estén en funcionamiento sus plantas compresoras hacia el último trimestre del año, se incrementará a unos 21 millones de m3/d equivalente al 14% de la demanda. La nueva obra substituirá importaciones de gas natural licuado (GNL), que actualmente son realizadas por el puerto de Bahía Blanca, y otros combustibles, permitiendo a nuestro país ahorrar divisas.
Hidrocarburos: los desafíos frente a la transición energética
La importancia de la obra y su contexto histórico. El nuevo gasoducto permitirá evacuar una mayor cantidad de gas natural producido en la cuenca neuquina –particularmente en los yacimientos de Vaca Muerta– sobre todo en la época invernal, donde la red de gasoductos se satura por el alto consumo de gas doméstico impulsado por las bajas temperaturas.
Se trata de la primera gran obra de transporte de gas ejecutada el siglo XXI y contribuirá a mejorar las condiciones del abastecimiento de gas natural a un país –la Argentina– que llegó a ser una potencia gasífera de primer orden en América Latina. Es importante recordar que nuestro país fue a partir de 1989 un país autoabastecido exportador de energía, que lamentablemente perdió esa condición en 2011 de la mano de una mala praxis política que debemos revertir lo antes posible evitando errores del pasado.
Nuestro mal presente energético ha sido fruto de decisiones políticas no acertadas por una dirigencia poco capacitada que reemplazó sin éxito a un funcionariado idóneo que es imprescindible para el funcionamiento de un Estado moderno.
Sin pretender hacer una lista exhaustiva, digamos que son muchas las decisiones de raíz política y no técnica que empeoraron nuestra situación energética –y gasífera– con un alto costo y un alto desprestigio. Podemos enumerar los siguientes errores : 1) el abandono de la exploración de hidrocarburos que nos dejó con todas las cuencas convencionales en declinación productiva; 2) el corte de gas unilateral a Chile en la primera década de este siglo nos puso en la vidriera de los países no creíbles; dejando sin uso una gran infraestructura de transporte para la exportación; 3) el pésimo contrato de compra de gas firmado con Bolivia para paliar nuestra crisis de abastecimiento en 2006; 4) el extraordinario fracaso de Argentina en la ejecución del Gasoducto GNEA –nunca inaugurado– que ha dejado inoperativo y enterrado una obra que nos costó más de US$ 3 mil millones; 5) la enorme dilapidación de fondos públicos en concepto de subsidios tarifarios a la energía que significó desde 2003 hasta el presente desembolsos por más de US$ 130 mil millones que desbalancearon a la hacienda pública y tornaron riesgosa a la inversión privada genuina y necesaria para nuestro desarrollo.
El sector energético, la piedra en el zapato de un superministro
La segunda etapa: necesaria y ambiciosa. Una visión más amplia de la obra nos dice que está proyectada la realización de un conjunto de obras complementarias que incluyen una segunda etapa del gasoducto Néstor Kirchner que vinculará Salliqueló con San Jerónimo en la provincia de Santa Fe, con una extensión de 521 km y con un costo total de unos US$ 2 mil millones, todavía sin fecha de inicio programada.
El plan impulsado por el Gobierno prevé además una importante refuncionalización del Gasoducto del Norte, que actualmente vincula los yacimientos de Bolivia y de la cuenca Noroeste argentina con la región Gran Buenos Aires-Litoral. La misma incluye un conjunto de obras y adaptaciones que permitirán cambiar el sentido del flujo de gas natural que actualmente tiene origen en Bolivia y en nuestros yacimientos de la Cuenca Noroeste. Esas obras incluyen una vinculación entre el Gasoducto Centro Oeste Y el Gasoducto del Norte mediante el gasoducto La Carlota-Tio Pujio y varios tramos paralelos del Gasoducto del Norte con un costo total estimado de US$ 600 millones.
Las obras son costosas sobre todo para un país que no posee crédito externo, no despiertan interés en los inversores privados nacionales ni extranjeros por el alto riesgo que encierran en una economía como la argentina actual. Sin embargo, son de necesaria realización y tienen por objeto remediar fracaso de la política gasífera en este siglo en el cual se produjo la declinación productiva de todas nuestras cuencas convencionales, entre ellas la cuenca del Noroeste argentino que originalmente aportaba su producción al Gasoducto del Norte.
El desafío de una transición energética eficaz y ordenada
A ello se suma la caída del contrato de abastecimiento de gas de Bolivia firmado por Argentina en 2006 con vigencia hasta 2026 que Bolivia no ha cumplido; lo que origina un enorme perjuicio a la Argentina, que todavía no ha sido explicado y que merecería una auditoría especial de la AGN y la Sigen para deslindar las responsabilidades correspondientes.
A modo de síntesis. En la primera etapa, que se inaugura el próximo 9 de julio los beneficios estarán directamente relacionados con la reducción de importaciones de gas que nuestro país realiza como también de otros combustibles como el gasoil utilizados para la generación eléctrica. Los ahorros en divisas dependerán de los precios de importación futuros del gas, que se han reducido en forma notable respecto a los vigentes en 2022 tanto en Europa como en la cuenca atlántica. En una segunda etapa el gasoducto reemplazaría íntegramente los aportes actuales de Bolivia y permitirían exportaciones a países vecinos.
Sin embargo, no está claro por qué no se han hecho públicos hasta el presente los estudios de la factibilidad de técnica, económica, financiera y ambiental del proyecto que se inaugura, ni el análisis de los riesgos del proyecto. Dicho de otra forma, el Estado nacional no ha cumplido, como ya es costumbre en nuestro país, con los requisitos de la ley de inversión pública N° 24354 que rige en estos casos, lo cual no hubiera sido necesario si las inversiones de ampliación de los gasoductos hubieran sido realizadas conforme a lo previsto en nuestra ley de hidrocarburos vigente N° 17319.
Para finalizar es importante puntualizar que sería altamente conveniente que el Congreso de la Nación realizara –con acuerdo de varios bloques– un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que informe sobre la financiación de las obras y las formas en que estas serán repagadas. Ha trascendido la firma de contrato entre Cammesa en carácter de cargador y Enarsa en carácter de transportista cuya vigencia es de 35 años comprometiendo volúmenes de inyección y precios que en principio podrían exceder las capacidades y las funciones institucionales de Cammesa.
* Presidente del IAE Gral. Mosconi y exsecretario de Energía de la Nación.
