Un superministro fue convocado por el gobierno de Alberto Fernández para ponerse al frente de la economía nacional; mala señal faltando un año para el cambio de gobierno. Mala señal para un presidente sacrificar a dos ministros de su propio riñón. El acto de asunción ministerial celebratorio fue desproporcionado y con ausencias que denotan problemas de fondo.
El nuevo ministro tiene frente a sí un problema urgente a resolver, un problema que nadie ha podido resolver: el extraordinario crecimiento de los subsidios energéticos en este siglo, y particularmente en la actual gestión de gobierno. Se trata un problema crónico y creciente durante los últimos 21 años que no puede ser ni resuelto ni controlado. Por eso ya ha dejado de ser un problema meramente económico para convertirse en un problema político de primera magnitud.
Es importante enfocarse tanto en la magnitud como en la dinámica de crecimiento de estos subsidios. Empecemos por la magnitud: desde el 1° de enero de 2002 hasta el año 2022 incluido, los subsidios transferidos a las empresas energéticas para que estas pudieran brindar el servicio público a una población de 45 millones de habitantes fue de US$ 150 mil millones. Estos subsidios explican en la actualidad la mayor proporción del déficit fiscal rondando el 3% del PBI.
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En lo relativo a la dinámica del crecimiento, se trata de un fenómeno en expansión hoy descontrolada que comenzó en 2002 en forma relativamente moderada, como consecuencia de la abrupta salida de la convertibilidad y el rompimiento temporal de los contratos pactados en dólares; ese problema luego se magnificó a partir de la pérdida definitiva del autoabastecimiento energético por Argentina a partir de 2010, que obligó al país a importaciones masivas de alto costo.
Desde el punto de vista político, podemos decir que los gobiernos argentinos de este siglo tuvieron un diferente comportamiento frente a este fenómeno en expansión: en el gobierno del Dr. Duhalde hubo una administración razonable de este fenómeno manteniéndolo dentro de cánones compatibles con una sana administración pública, tanto desde la Secretaria de Energía, apoyada por los entes reguladores, como del Ministerio de Economía de ese gobierno. En el gobierno del presidente Macri, merced a una conjunción de incrementos tarifarios y baja de precios internacionales de la energía importada, se pudo lograr –si bien no se resolvió definitivamente el problema– una importante reducción de estos subsidios, compatible con un funcionamiento del sector energético no perturbador del orden económico general.
Los gobiernos del kirchnerismo, en cambio –casi sin excepción–, tuvieron desde 2003 en adelante una política equivocada donde se conjugaron dos aspectos políticos muy negativos para el futuro: 1) utilizaron el subsidio generalizado con un criterio de asignación político-electoralista, y 2 ) se introdujo en la opinión pública la falsa idea del derecho a recibir la energía sin afrontar el costo de la prestación como un concepto generalizado, en vez de focalizar el subsidio exclusivamente en la población que los requiere socialmente por pobreza y/o indigencia.
En el primer semestre se gastaron 6.500 millones de dólares
El resultado es que para 2022, según los datos del Informe de Tendencias del IAE Mosconi, se prevé un monto de subsidios energéticos que puede llegar a los US$ 17 mil millones si tenemos en cuenta que en el primer semestre se llevan gastados en este rubro US$ 6.500 millones, valor que anualizado se ubicaría en los US$ 13 mil millones; y a ello habrá que sumarle una cifra del orden de US$ 4 mil millones adicionales, imputables a los costos de importaciones de gas natural licuado en los meses de julio, agosto y septiembre, cuyo precio se ha multiplicado por efectos de la guerra europea; además, habrá que sumar los subsidios para gastos de capital que será necesario aportar a las empresas que construirán el gasoducto Néstor Kirchner, cuyos contratos acaban de ser firmados.
¿Cuenta realmente el superministro Massa con los equipos para resolver definitivamente el problema de los subsidios energéticos?
La respuesta es dudosa desde el punto de vista político por las siguientes razones:
- No hay evidencias de que haya un fuerte respaldo conceptual y discursivo desde el núcleo central del kirchnerismo; y esto lleva a que no haya acuerdos políticos más amplios.
- No hay equipo ni discurso, ni ningún antecedente confiable en la nueva administración energética que haga presumir el cambio de rumbo.
- No está previsto un discurso de inauguración de la nueva Secretaría de Energía de la Nación.
- Los entes reguladores (ENRE y Enargas), que son los que debieron velar por la correcta aplicación de los marcos regulatorios, siguen en irregularidad de la intervención prorrogada sine die, sin que se conozcan todavía los informes de la intervención respecto a la gestión que le fue encomendada por ley del Congreso.
En este contexto, no es posible asegurar que el problema esté definitivamente comprendido, y menos asegurar que éste resuelto.
*Ex secretario de Energía y presidente del IAE Gral. Mosconi.
