El sector energético finalmente se ubica en el baricentro político argentino. Resume la impotencia gubernamental para resolver problemas concretos que se agravan con el paso del tiempo y que complican a toda la economía. Pone en evidencia la debilidad de las propuestas de los espacios políticos para generar soluciones programáticas viables; también desnuda la incapacidad de esos espacios para generar acuerdos entre sí. Muestra una realidad preocupante: la inexistencia del Estado; y también la permeabilidad de los gobiernos a las presiones corporativas.
Los problemas –irresueltos y postergados en lo que va del siglo– son graves y se agudizaron como nunca en los últimos meses. El Estado del siglo XXI es incapaz de invertir con racionalidad y eficacia; y los empresarios privados no asumen riesgos en una economía irracional.
Subsidios exorbitantes. Los subsidios energéticos constituyen una distorsión sectorial con implicancias macroeconómicas relevantes teniendo en cuenta que constituyen casi el 70% del déficit fiscal primario; cuya reducción forman parte importante y lógica de los acuerdos con el FMI. En el año 2021 representaron aproximadamente 11.000 millones de dólares; y en el año en curso los valores pronosticados se elevarán, según cálculos realistas, hasta los 16.200 millones de dólares. La causa: la demagogia y la mala política.
En base a los datos del Informe de Tendencias Energéticas de IAE Gral. Mosconi, en los primeros cinco meses del año 2022 el monto de estos subsidios ascendió a 538.046 millones de pesos; y tuvieron un incremento con respecto a igual periodo de 2021 de 132% (un valor que duplica el crecimiento de la inflación anual). El principal consumidor de esos fondos aportados por el Tesoro es Cammesa –una corporación sin capital propio cuya función no es otra que administrar el mercado mayorista de electricidad– que recibió el 76% del monto total. Gracias a ese aporte los argentinos pagamos solo el 22% de costo de generar la electricidad que consumimos.
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El resto de los subsidios se direccionan a través de Enarsa – una entidad estatal sin capital ni acceso al crédito–, que recibió $ 91.284 millones para realizar las importaciones de gas natural. Esta partida se incrementó con respecto al año anterior con una tasa del 364%, en gran parte por el efecto de la guerra en Ucrania.
Importaciones costosas y fuera de control. El informe del IAE Mosconi que es público revela complicaciones crecientes del sector energético argentino con el sector externo.
Las cantidades importadas en el rubro de combustibles y lubricantes se incrementaron en 69% con respecto al mismo período del año anterior; y los precios de esos productos se subieron en el mismo período en un 80%. Como consecuencia de ello la demanda de divisas para pagar esas importaciones se incrementaron en un 205% respecto al año anterior. Las exportaciones energéticas crecen menos, apenas en un 18%. Resultado: Argentina en 2022 aumenta su dependencia del exterior respecto al año precedente.
Nuestra dependencia energética del exterior es preocupante y se agudiza en el actual contexto bélico. Dos datos sirven para poner de relieve el impacto sobre nuestra economía: Enarsa informó que las compras de gas natural licuado en 2022 se hicieron a un precio de US$ 28,82 /MMBTU en 2022; un precio 245% superior al del año 2021. Tendencia alcista que se registra también en el gasoil y la nafta importados por Argentina en cantidades crecientes en el último año.
La falta del gasoil: una falla inadmisible y sin precedentes. La falta de gasoil que todavía aqueja a la Argentina es un hecho de suma gravedad que merece ser analizado y comentado en detalle. Se trata del combustible líquido más importante de los que consume la Argentina, y sus implicancias en la economía nacional son más que obvias: sin gasoil no hay transporte de personas ni de mercaderías; no hay labores agrarias; no hay ferrocarriles.
Que la falla no haya sido imputable a un accidente o a un hecho fortuito y momentáneo, y sobre todo que el titular del área energética no haya explicado las causas con claridad y en forma pública, constituye una anomalía mayúscula.
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El Informe del IAE Mosconi citado indica que la demanda de gasoil se incrementó en los últimos doce meses en un 15,7% respecto a los doce meses precedentes. En el mismo período la producción de gasoil creció solo un 6,4% respecto al año anterior.
Es materialmente imposible entonces abastecer un incremento de la demanda anual del 15,7% con un incremento de oferta del 6,4% en el mismo período. Jugó en contra la errónea política oficial para con los biocombustibles aplicada desde 2021 que disminuyó, fuera de toda lógica, los porcentajes de corte.
Sin embargo, el mercado podría haber sido abastecido recurriendo a la importación de los faltantes de gasoil, siempre y cuando estos hubieran sido advertidos a tiempo por la Secretaría de Energía o por los departamentos de programación y producción de las refinadoras. Las importaciones de gasoil fueron mayores que las del año anterior, pero no fueron destinadas a las redes de venta mayorista y minorista de combustibles sino a la generación eléctrica para cubrir faltantes de gas.
La ampliación de la Infraestructura energética: un problema sin solución genuina. La Argentina enfrenta un problema grave que debe ser resuelto en el marco de una economía nacional saneada: la expansión y modernización de su sistema energético; lo cual incluye el reemplazo de las instalaciones obsoletas y las que será necesario reemplazar en el marco de la Transición Energética. Argentina no está ni preparada, ni tiene un Plan Nacional acordado para ello. El futuro se le presenta difícil.
Existe un enorme déficit diagnosticado en el Transporte de Energía de 500 KV; y también en su sistema de Transporte de Gas natural por gasoductos. La experiencia prueba que el sector privado es incapaz de afrontar en las condiciones actuales: desequilibrios macroeconómicos; déficit presupuestario crónico; alta emisión monetaria; inflación y riesgo país creciente, congelamientos tarifarios.
El sistema ideado en los años 90 para la expansión de la capacidad instalada probadamente fracasó, y además no funciona en el siglo XXI. Ante esa circunstancia fáctica, el Gobierno encara la solución con herramientas institucionales que probadamente han fracasado con las obras públicas en lo que va de este siglo: los ejemplos de obras inconclusas y fracasadas que no funcionan son elocuentes.
Es necesario revisar –antes que sea tarde– las últimas decisiones de inversión tomadas por Argentina en el sector eléctrico (Atucha III) y gasífero (Gasoducto NK), porque encierran enormes errores que se pagarán caro. No hay excusas para realizar grandes obras de infraestructura que pagarán la sociedad sin que se cumplan con las reglas básicas para las decisiones de inversión: Estudios de Factibilidad completos e inclusión en un Plan Energético Nacional.
*Ex secretario de Energía.
Presidente del IAE Gral. Mosconi.
