Tres anécdotas marcan la coyuntura más allá de lo que se conoce públicamente:
- Un funcionario de una empresa estatal muy importante, cuenta que el ministerio al cual responde está juntando el dinero para pagar los sueldos del área a fin de mes (¿con tanta emisión no hay recursos?).
- La nueva ministra de Economía le contó a un allegado unos días antes de saber que le ofrecerían el cargo, que se había comprado un iPhone en pesos en cuotas, “porque esto se va a la m…”.
- Un importante dirigente bonaerense del PRO transmitió en privado que la situación social en el GBA pende de un hilo.
En cada reportaje, conversación reservada o simple comentario de algún mozo de bar o taxista, las consultas son las mismas: ¿qué va a pasar?, ¿cuál es la salida?, ¿cuándo explota? ¿No es mejor que asuma ella directamente? Como se podrán imaginar, las respuestas son imposibles de dar, o muy subjetivas, o un tanto utópicas.
Más allá de los dichos de Grabois –que además de desafortunados, son también interesados para proteger su fuente de recursos dentro del Estado– lo cierto es que los estallidos sociales en la Argentina necesitan que se cumpla una fórmula, casi infalible: a) caldo de cultivo social, b) capacidad de movilización en el sector de menores recursos y c) intereses políticos coordinados.
Los tres factores están presentes, desde ya. Pero la gran cuestión es que el que está en el Gobierno es el peronismo, y salvo que se esté librando una interna fratricida en la base, si hay movimientos convulsivos la estructura los sabe contener.
Por otro lado, la existencia o no de estallidos no depende solo del asistencialismo del gobierno nacional, sino que cada gobernador tiene su propio dispositivo suplementario –además de la división de inteligencia de la policía provincial que advierte. Y como si esto fuera poco, están los 2.200 intendentes en todo el país que tienen el mejor pulso de lo que pasa en la calle, y que resuelven necesidades mediante merenderos, comedores, reparto de bolsones, pago de servicios públicos, entrega de remedios o algún otro mecanismo.
De modo, que el conjunto del sistema político no tiene ningún interés en que la cosa se salga de madre. Esto significa que si algo sucede en escala –no hechos aislados– es porque 1) falló alguna instancia del aparato estatal y/o 2) había algún interés político concreto en que el caos se desencadene (tipo 2001).
Claro, la dirigencia política es muy sensible a los efectos dominó, por lo tanto empieza a sospechar de ciertos “indicios concordantes” que pueden traer dolores de cabeza, y que así como existe efecto contagio en el voto, también lo podría haber a la hora de la explosión social. De modo que la pregunta sobre el estallido es legítima, pero la probabilidad de ocurrencia es por ahora muy relativa.
Y por supuesto, siempre hay algún vivo que opera de manera autónoma y que quiere sacar provecho de la situación. Pero una golondrina no hace primavera.
Batakis asumió hace casi tres semanas, y estaba claro que llegaba con una tormenta de frente, que hubiese complicado al más pintado: espiral económica y desorden político.
A eso se le sumaba la falta de señority por parte de la protagonista como para parar la pelota y ordenar el juego, de modo de tranquilizar las aguas. Se confirman las peores presunciones imaginadas al domingo 3 de julio por la noche: que Alberto no tenía la firmeza política para respaldarla, y que Cristina no la objetaba, pero tampoco iba a compartir los costos de evitar el desmadre. Resultado: a los pocos días fueron rompiendo el bozal algunos perros ladradores (Yasky, Lozano, Larroque, Grabois), para mostrar que si ella no es ya “Guzmán 2”, le falta poco tiempo. Massa debe estar refregándose las manos.
Como dijimos en esta columna en aquél momento inicial, su pensamiento debió ser “nos vemos en la próxima crisis”.
Porque no hay dudas que vamos hacia una nueva crisis política, además de cómo se dispare el desmadre económico.
¿Cuánto tiempo va a pasar hasta que los distintos actores del Frente planteen que “algo hay que hacer rápido”, más allá de la propia Cristina?
Esas conversaciones subterráneas ya están sucediendo en estas horas. El empecinamiento de Alberto en aplicar dosis homeopáticas para detener la enfermedad es inconducente. Si el Presidente no da señales de reaccionar, la presión se volverá más intensa para que haya una reingeniería integral de la gestión, y en esto no hay que ser muy imaginativo para visualizar todas las combinaciones posibles.
En este marco hay mucho desinformado pidiendo elecciones anticipadas. Como analizó de manera brillante el colega Ignacio Labaqui en un artículo de 2019 (Leer “La Constitución no hace daño”, El Economista), para que lleguemos a esa instancia deben renunciar el Presidente, la vicepresidenta, reunirse la Asamblea Legislativa y elegir reemplazante, y solo después de eso –eventualmente– definiría un llamado a elecciones. O sea: no es rápido ni sencillo. Pero además, vamos a imaginar que renuncian los dos protagonistas de esta historia, si se decidiese un llamado sería para completar mandato, no para que asuma un nuevo gobierno hasta 2027. Y aun así, todo ese proceso lleva no menos de seis o siete meses, sin contar que pudiese haber un ballottage.
Un atajo podría ser eliminar las PASO “por única vez”, y así acortar el proceso. Parece que pocos recuerdan que la reforma constitucional de 1994 impide adelantar las elecciones.
Desde el Instituto Patria reafirman que Ella no quiere asumir el Gobierno. A esto agregamos lo que analizamos la semana pasada: Alberto tampoco quiere ser recordado como De la Rúa y tiene su ego, por muy desdibujado que esté. Final abierto entonces para una crisis evitable.
La Bersuit cantaba en 1998 Se viene el estallido.
Y un estallido hubo a fines de 2001. Ni el oficialismo, ni la oposición, ni el establishment, ni la región, ni Biden lo quieren. Pero, por sobre todas las cosas, no lo quieren la inmensa mayoría de los 47 millones de argentinos y argentinas.
*Consultor político. Ex presidente de Asacop.
