La región andina de América atraviesa distintos intentos de juicio político, lo que marca nuevamente la inestabilidad presidencial en la zona, tal es el caso de Perú, donde el pasado martes 4 de abril su Congreso rechazó admitir una nueva moción de destitución de la presidenta Dina Boluarte, acusada de ‘’incapacidad moral’’ para gobernar debido a la represión en las protestas que dejaron, por ahora, más de sesenta muertos. El pedido había sido presentado el 22 de marzo por Perú Libre, Bloque Magisterial de Concertación Nacional, Cambio Democrático-Juntos por el Perú, Somos Perú y algunos diputados independientes. Si bien este fue el primer intento de moción por vacancia en su contra, desde la oposición aseguran que no será el único sino que al contrario prometen seguir intentando destituirla hasta que eso suceda.
En tres casos de los últimos tiempos, los intentos de destitución de Pedro Pablo Kuzcynski en 2018, Martín Vizcarra en 2020, y Castillo, los presidentes superaron el primer intento, pero cayeron después. De hecho, el autogolpe de Castillo se apresuró debido al rumor de que frente a un nuevo intento de juicio político el presidente caería.
Por otro lado y al mismo tiempo empieza el mismo proceso en Ecuador donde con seis votos a favor, el Pleno de la Corte Constitucional de Ecuador admitió el 30 de marzo la solicitud de juicio político contra el presidente, Guillermo Lasso, por el presunto delito de peculado. Con el aval del organismo se dio paso a que la Asamblea Nacional inicie el proceso de enjuiciar al primer mandatario, lo que podría llevar a una posible destitución. Si el presidente ahora llegara a ser destituido, le sucedería el vicepresidente Alfredo Borrero. El presidente de Ecuador viene afrontando una dura etapa de su presidencia al alcanzar los niveles más bajos de popularidad, sobre todo desde el referéndum de febrero, donde ninguna de sus premisas fue aprobada, lo que llevó a la convocatoria de la oposición a un juicio político. Frente a esto Lasso aseguró que enfrentará el proceso ante la Asamblea Nacional aunque él tiene la facultad de disolver el Congreso e interrumpir el proceso. Acudirá al juicio avalado por la Corte Constitucional porque es su “obligación poner la cara ante el pueblo”, aseguró. Según afirmó Lasso, “yo no podía dictar la ‘muerte cruzada’ dejando la duda de qué es lo que verdaderamente habría sucedido con el juicio político... porque pongo el pecho a las balas en todos los ámbitos de mi vida”. Con esta frase, se refería a la facultad presidencial de disolver la Asamblea Nacional y llamar a elecciones generales anticipadas para completar el período constitucional de cuatro años.
El presidente es acusado de peculado, nombre técnico que se refiere a la malversación de fondos, en el manejo de la estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) mediante contratos celebrados entre 2018 y 2020, antes de que asumiera el cargo de presidente, en mayo de 2021.
El presidente ya sobrevivió en junio pasado a un intento de la Asamblea para destituirlo. En medio de las fuertes protestas lideradas por el movimiento indígena, se planteó una moción de destitución contra Lasso, que el mandatario logró salvar por pocos votos.
El 7 de mayo la comisión de fiscalización de la Asamblea de Ecuador rechazó el informe que pedía archivar el juicio político. Cinco de los nueve miembros de la comisión votaron por no aprobar el informe, que dice que no existen causales para el juicio y eventual destitución de Lasso, mientras que los cuatro restantes dieron su aval al documento.
Luego de esto, el proceso sigue en el pleno de la Asamblea Nacional de 137 miembros donde se necesitan 92 votos para destituirlo. Los legisladores del partido del expresidente Rafael Correa han prometido sus 47 votos a favor. Lasso también tiene derecho a disolver la Asamblea Nacional, poniendo en peligro el trabajo de los legisladores.
Las luchas internas por el juicio político han golpeado al conservador Partido Social Cristiano, que ha perdido a tres de sus 16 legisladores esta semana. La cuestión del apoyo a Lasso también ha dividido al partido indígena Pachakutik, el segundo partido más grande en la Legislatura.
El reconocido politólogo Aníbal Pérez-Liñán, en su libro Juicio político al presidente y una nueva inestabilidad en América Latina, asegura que el impeachment ha sido un método para la remoción del presidente contemplada desde una vía democrática, convirtiéndose “en un rasgo distintivo del nuevo panorama político de América Latina”. Desde los 90 más de diez presidentes han abandonado el gobierno en contexto de juicio político.
Según el autor, se ha considerado cierto optimismo en la parlamentarización de los sistemas presidencialistas; pero es necesario matizar la interpretación sobre dicho proceso, pues según los casos recientes de uso del juicio político se ha advertido sobre el abuso y distorsión de esta figura legal.
Es evidente que el desempeño económico y las movilizaciones de la sociedad civil son factores decisivos en la supervivencia presidencial. También se destaca la participación de los medios de comunicación que tienen importancia actualmente que en épocas anteriores no tenían en este sentido: primero, un escándalo aislado no se convierte en una crisis, por lo cual los medios publican a lo largo del tiempo revelaciones que dañan la reputación del gobierno y su presidente. Segundo, los escándalos se multiplican cuando la presidencia y su gobierno es débil. Y, tercero, solo existirá una destitución a causa del deterioro de la aprobación del presidente si existe “una movilización pública considerable”.
Una encuesta de Directorio Legislativo que mide la imagen presidencial de los líderes de América Latina entre enero y febrero marca a Dina Boluarte con 19% de aprobación y Lasso con 17% mientras que tienen 74% y 83% de desaprobación respectivamente siendo los dos con porcentajes más bajos y altos de la región.
¿Qué es lo que causa que ante la primera disidencia empiezan los pedidos de juicio político? ¿El diseño constitucional de los países motiva que ante el primer problema se quiera cambiar al presidente? ¿Porque no se respeta el mandato del presidente por completo y prefieren terminarlo antes amén del problema que puede ocasionar? ¿Por qué en países con problemas económicos no avanza un juicio político mientras que en países sin crisis sí lo promueven? ¿Por qué en algunos países los escándalos de corrupción son suficientes para remover al presidente mientras que en otros casos, pese a esto ganan y gobiernan igual?
*Licenciado en Relaciones Internacionales (UCA).
