El derecho a la vivienda se encuentra reconocido en nuestra Constitución Nacional y en la normativa internacional de Derechos Humanos ratificados por nuestro país.
La vivienda adecuada fue reconocida, como parte del derecho a un nivel de vida apropiado, en la Declaración Universal de Derechos Humanos -art. 25-, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –art.11-, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos –art 17-, en la Convención sobre los Derechos del Niño –art. 1, 3, 16 y 27-, y en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad –art.9 y 28-
Hoy, resulta una utopía en los países empobrecidos de América Latina el hecho de que cada uno de sus habitantes tenga acceso a la vivienda propia, pero lo que sí resulta factible es el derecho a que toda familia pueda ser propietaria de un lote en la provincia donde han nacido o en la que habitan actualmente.
He considerado una inmoralidad, una escandalosa paradoja, que por un lado existan familias que ingresen ilegalmente en tierras ajenas para construir un proyecto de vida, mientras que por otro lado nuestro país cuente con tierras de sobra, ya que tenemos importantes extensiones de tierras vacías, fecundas. Es difícil entender como nuestro país que esta octavo en el mundo en cuanto a mayor extensión territorial y es junto a la República de Bolivia el país de América del Sur con menos habitantes (con un promedio de quince habitantes por kilómetro cuadrado), no pueda resolver rápidamente el acceso a un lote con fines para la vivienda única y familiar.
Esta problemática me ocupa desde mucho tiempo antes de dedicarme a la política, recuerdo que trabajando con la Iglesia católica pudimos ayudar a miles de familias estafadas en loteos inescrupulosos, en los lugares más humildes de mi distrito.
Ya estando en la función pública, como Intendente de Lomas de Zamora, comencé un camino que me llevó a crear las primeras comisiones de tierras en el distrito, a través de la sub Secretaría de Tierras Municipal que también tuve el honor de fundar. Luego desde la
Gobernación en la Provincia de Buenos Aires, envié a la legislatura un proyecto de ley que permitía a las familias de los ciento seis distritos de la provincia interior el derecho a ser propietarios, arraigándolos en su terruño y evitando la migración al recargado conurbano bonaerense.
Para ello realizamos el Primer Censo de Familias no propietarias de la Provincia de Buenos Aires, teníamos que saber la extensión de tierra que debíamos ir adquiriendo en cada distrito.
Este proyecto llamado Plan Familia Propietaria lo llevamos adelante con la colaboración de cada uno de los intendentes de ese momento, sobre tierras fiscales si las había y adquiriéndolas privadas en caso contrario. En este último caso se buscaban las tierras más cercanas al ejido urbano para, de esa manera, poder acceder en la forma más económica a los servicios esenciales. Nunca hubo que expropiar, siempre se llegó a acuerdos.
Los desocupados de cada distrito tuvieron a cargo la apertura de calles, las obras de agua potable y de electricidad, los que tenían conocimiento en gas se acoplaban a las cuadrillas especializadas.
En muy poco tiempo cuatrocientas mil familias se incorporaron al plan, las mismas abonaban cuotas sociales muy accesibles, logrando así el objetivo planteado de convertirlos en propietarios de su primer inmueble y de este modo acceder a este nuevo derecho a la tierra. En esta tarea el estado es vital. Ya sea a nivel Nacional, Provincial o Municipal el Estado debe tener el manejo de las tierras y garantizar el normal desenvolvimiento que garantice este nuevo derecho de propiedad.
Resulta un disparate que haya agrupaciones políticas que promuevan la toma irregular de tierras, conformando asentamientos informales. Si el estado les diera la oportunidad de comprar un lote a aquellas familias que realmente las necesitan, las tomas de tierras ilegales como las que ocurren a diario carecerían de sentido y se evitaría la angustia de los que ocupan, el desgaste de las fuerzas de seguridad y la especulación.
En las tierras desocupadas del Gran Buenos Aires, el estado debería tomar intervención y proceder con el acuerdo de sus propietarios a comprarlas para ser utilizadas para conjuntos habitacionales o incluso para emplearse en la producción de la agricultura familiar, como se hizo en la Alemania de la posguerra. Siempre en consonancia con los propietarios.
Todas estas experiencias han sido volcadas en el libro “América Latina, tierra para todos” en el capítulo reservado a nuestro país, Argentina.
He estado conversando con dirigentes de algunos países vecinos como Chile y Uruguay para emprender una tarea conjunta, para que el derecho a la propiedad de por lo menos un lote por familia se convierta en un nuevo derecho humano y no se convierta en una nueva utopía, sino que se concrete como una sólida realidad en toda América Latina.
El Papa Francisco siempre le ha dado a este tema una vital importancia, cuando habla de la deuda social con los pobres de las ciudades y nos pide hacer efectivo el derecho sagrado de las “tres T”, tierra, techo y trabajo como una obligación moral de todos. En una reciente carta que me ha enviado dice también que: “debemos servir a la Patria, para que ella crezca, sea fecundada y nos cobije. Todos necesitamos de la Patria…Es muy triste ser huérfano de Patria”.
*Ex Presidente de la Nación.
