Probablemente la pandemia del COVID-19 sea para la naturaleza un hecho absolutamente insignificante. Pero para el mundo humano aparece como un tsunami global que está poniendo en cuestión paradigmas de nuestra civilización. Más allá de los problemas inmediatos, cada país deberá hacer replanteos, correcciones y rediseños políticos de acuerdo a los objetivos que se tracen. El coronavirus nos impone involuntariamente tiempos de reflexión que deberíamos aprovechar.
La pandemia ha impuesto en muchos una reclusión que, por un lado, ha acelerado cambios en las formas de trabajar, y por otro lado ha resultado en una significativa caída en el nivel de actividad que en Argentina en particular ya venía con varios años recesivos golpeando muy fuertemente a los sectores medios y bajos. Estas circunstancias llevaron alas actuales autoridades a acentuar la ya elevada propensión a gobernar con decretos de necesidad y urgencia. Gracias al mayor involucramiento del Estado en la vida de las personas y en la economía, se está controlando la pandemia, se ha mejorado en algunos aspectos la capacidad de atención hospitalaria, y también se ha podido asistir a varios sectores que han visto mermados dramáticamente sus ingresos por las cuarentenas obligatorias.
Pero la capacidad de respuesta del gobierno para compensar el colapso económico que está ocasionando la pandemia está muy acotada ya que no dispone de fuentes de financiación suficientes –tanto su crédito interno como externo está agotado–. El Estado se está financiando con emisión monetaria, pero alcanzado un límite, este puede llevar a un descalabro económico aún mayor debido a la falta de credibilidad en la moneda. Por otro lado, aumentar la presión impositiva golpearía al sector productivo comprometiendo su viabilidad y generando a su vez caídas adicionales en la recaudación.
El costo económico y social de la corrupción
La pandemia también ha puesto al desnudo la precariedad de nuestro Estado. Es alarmante su ineficacia y corrupción que, aún en la necesidad más simple de entregar alimentos a los más necesitados, no ha sido capaz de poder proveerlos en tiempo y forma; pagando los altísimos sobreprecios que conocemos. Dada su larguísima tradición de ser un pésimo pagador, y de concebir las compras y servicios con “retornos colaterales,” es muy difícil conseguir que empresas “normales” quieran o puedan ser proveedores.
Vamos hacia a una época adonde probablemente va a haber una mayor injerencia del Estado tanto en lo social como en lo económico. Algunos ven esta situación como una oportunidad para profundizar la intervención del Estado en la sociedad civil. Pero las preguntas son varias: ¿cómo se va a llevar a cabo?, ¿con qué recursos?, dada nuestra historia, ¿no llevará su expansión un aumento de sus características negativas consigo: la burocracia, la ineficiencia, la falta de transparencia y la corrupción? ¿cómo se asegura el crecimiento si se mantienen o crecen las características negativas de nuestro Estado?
Estos son tiempos de reflexión, tenemos que pensar qué Estado queremos. Hacia fines del año pasado, organizamos un simposio (1) sobre la medición de la corrupción. Unos 25 académicos, con toda la tranquilidad que brinda el ambiente universitario, un día miércoles, fuera del quehacer cotidiano y las circunstancias del momento, abordaron varios de los temas que hoy deberían estar en la agenda pública.
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El primero de ellos, es la dimensión de la corrupción en la obra pública, que según estimaciones realizadas por expertos asciende al equivalente al 2% del producto bruto interno anual. En unidades más tangibles esto equivale a unos 8000 km de rutas o a 100 hospitales anuales. Como también demuestran los modelos económicos empíricos presentados en el simposio, el costo económico y social resulta ser mucho mayor por la inversión que se pierde y los servicios que se dejan de brindar en seguridad, justicia, salud y educación entre otros.
El segundo es la ineficiencia y la burocracia estatal que dan cabida a la corrupción; y cuando ésta se vuelve endémica, se borran los límites de la justicia, y se genera un sistema perverso que va mutando de formas (las cuales no necesariamente son siempre ilegales); como ocurrió por ejemplo con las privatizaciones, con la licuación de deudas en pesos o la socialización de deudas en dólares.
El tercero es la importancia de trabajar en la prevención de la corrupción. Las estructuras cerradas, opacas e ineficientes generan desconfianza y escepticismo; y si queremos regenerar la confianza tenemos que migrar a instituciones más transparentes y eficientes en el Estado. Abrir la información y hacerla pública, sostuvieron los expertos, es un paso importante en la batalla por la democracia.
El cuarto tema es la enorme dificultad que tiene el Estado en controlarse a sí mismo. Sus entidades de control, más que controlar, muchas veces terminan incitando a la corrupción, ante todo por su politización. En el simposio se analizó un caso exitoso de lucha contra la corrupción con controles mixtos entre la sociedad civil y el Estado, y se hizo énfasis en que es necesaria la participación de la sociedad civil en la prevención y lucha contra la corrupción pública para que algo cambie.
La oportunidad de cambiar la oferta
En síntesis, el problema prioritario no es cuánto Estado queremos, sino qué Estado queremos. Si el Estado que queremos es el que tenemos, un Estado hiperburocrático, ineficiente y corrupto, cualquiera sea su tamaño, ya sabemos cuál va a ser su costo: una Argentina vieja, encallada en sus problemas estructurales y con una miseria creciente. Tal como dijo uno de los participantes del simposio, así como se logró un pacto civilizatorio en Argentina en torno a mantener la democracia y el respeto de los derechos humanos, hoy casi 40 años después, estamos necesitando un nuevo pacto social civilizatorio en torno aun verdadero Estado de derecho. Por las circunstancias por las que atraviesa el país, hoy esto es una necesidad más impostergable que nunca.
* Daniel Oks (Economista de la UBA y Doctor en Economía de la Universidad de Oxford); Pablo Madanes (Licenciado en Economía y Filosofía de la Universidad de Londres); Roger Calles (Economista de la UBA) y Diego Serebrennik (Ing. Agrónomo de la UBA y MBA de la UCEMA).
(1) Los contenidos del simposio están en el blog https://gquijote.blogspot.com/.
